lunes, 25 de marzo de 2013

Un sangriento legado.


Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara
Foro por la Vida

                La muerte del primer mandatario ha  promovido numerosos foros de discusión en torno al “legado de Chávez”,  en los que opinadores de diversas tendencias se proponen hacer un “balance histórico” de estos 14 años de  gobierno.  Ante toda la retórica épica, religiosa y electoral que colma los espacios de opinión,  se hace necesario volver sobre los hechos, particularmente aquellos que acusan  el uso de la violencia y la impunidad como la vía expedita e irreversible para negar de facto todos los derechos. Nos referimos a la violación del derecho a la vida y a la indefensión jurídica de las víctimas de la violencia, como indicadores  incontestables del  balance gubernamental.
El  balance no puede ser más aterrador sobre todo para los jóvenes, los trabajadores y los sectores más pobres de la población. Si revisamos las estadísticas de venezolanos caídos bajo las balas de la delincuencia y de los organismos policiales y militares, nos encontramos con la alarmante cifra de 177.169 homicidios registrados en el período 1999-2012 y de al menos 641.351 ciudadanos heridos en hechos violentos. [1]
Se estima que cada uno de estos asesinados deja a 4,4 familiares afectados, o víctimas indirectas,  lo que implica que alrededor de 779.543 personas, la mayoría de ellas mujeres, niños y niñas sufren las consecuencias de vivir en una sociedad violenta, así el “legado” se extiende a 1.600.000 venezolanos.   
                La Red de Información Tecnológica Latinoamericana (Brasil), estimó que el 64,2%  de los asesinados y heridos en Venezuela son jóvenes entre los 15 y 24 años. La cifra que se eleva a más del 85%, si se incluye a los asesinados menores de 40 años. “La probabilidad de que un joven latinoamericano sea víctima de un homicidio es 30 veces mayor que la de un joven europeo”.
Así mismo, el informe sobre Desarrollo Humano, (Pnud),  realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ubicó a Venezuela como el tercer país con mayor tasa de homicidios (T.H) en el mundo, después de Honduras y El Salvador. Es importante destacar que un país cuya T.H supere los 12 Homic./100.000 Hab. es catalogado con “grave problema social”. En el caso de Venezuela la  T.H pasó de 20 en 1998 a 74,80 en el 2012, vale decir seis veces sobre el promedio mundial.
                 Si a los ello le sumamos los 22.000 presos asesinados y heridos en las cárceles, vemos claramente cómo la violencia recae sobre la juventud venezolana, lo cual sería una expresión de autentica política maltusiana. Según UNICEF “Venezuela ocupa el segundo lugar en Latinoamérica por homicidios de adolescentes, principalmente en barrios por enfrentamiento de bandas o inseguridad en general. [2]
                A esta realidad no escapa el sector laboral donde también la violencia muestra un incremento sostenido. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, “en 2012 se registraron 77 asesinatos de trabajadores o sindicalistas, principalmente en el sector de la construcción”, casi triplicó la cifra de 28 asesinatos del año anterior. Los casos de Argenis Vásquez (Toyota, Cumaná), Pedro Suárez y Javier Marcano (Mitsubishi Motors, Anzoátegui) Richard Gallardo, Luís Hernández,  y Carlos Requena,( UNT, Pepsicola, Alpina, en Aragua), permanecen en la impunidad.
                Por otro lado, la persecución contra luchadores indígenas para despojarlos de sus tierras y dejar el terreno libre a las compañías mineras-carboníferas o ganaderos terratenientes, ha sido una fiel continuación de una política de genocidio hoy aplicada por el Estado venezolano. El  asesinato del cacique Yukpa Sabino Romero, sin que hasta ahora ningún responsable haya sido detenido,  es una dolorosa prueba de esta política contra nuestras comunidades aborígenes, que se extiende a las etnias Pemón, Yanomami, Wayu y Barí.
                Sin duda alguna realidades que no pueden quedar por fuera de un balance que, necesariamente, debería explicar el atípico caso de un país en el que los supuestos avances en reducción de la pobreza, educación, salud, vivienda e inclusión incrementan la violencia social, la impunidad y la muerte.


[1] Según las fuentes oficiales se producen 3,62 heridos por cada homicidio.

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