Acción Solidaria
(AcSol)
Foro por la Vida
Hasta hace pocos años, ante la comunidad internacional, el
gobierno venezolano presentaba como uno de sus mayores logros haber sostenido
un programa de suministro sin costo de medicamentos antirretrovirales (ARV) a las
personas con VIH a través del presupuesto público, sin necesidad de optar por otros
mecanismos de financiamiento mundial, como lo
han hecho otros países de la región. El Programa Nacional de VIH/Sida e ITS
(PNS) del Ministerio de Salud, es el encargado de comprar, distribuir y
supervisar la entrega de 29 tipos de medicamentos ARV en todos los estados del
país, a través de sus coordinaciones regionales y centros de salud públicos, a unas
46.000 personas con VIH. Estos ARV son
prescritos según las pautas nacionales de tratamiento antirretroviral de alta
eficacia (TARV), que implica la combinación de 3 o 4 medicamentos —si falta
uno, el tratamiento no funciona. La coordinadora del PNS, Dra. Deisy Matos,
señalaba hace exactamente un año que algunos de estos tratamientos costaban
alrededor de 10.000 bolívares fuertes mensuales.
Tomar estos medicamentos diariamente, en la cantidad indicada, con
el seguimiento adecuado del médico tratante, sin ninguna restricción o
suspensión relacionada con el costo, sitio y condiciones de entrega, y sin
factores discriminatorios o excluyentes que inhiban su consumo, obstaculicen o causen
su posible interrupción, es una garantía esencial para proteger la salud y la
vida de las personas con VIH. Dejar de
tomarlos puede producir graves consecuencias para la salud, generar la
resistencia del virus a los medicamentos y, por lo tanto, anular la eficacia del
tratamiento. Consciente de ello, el propio Programa Nacional ha dicho: “…los
pacientes deben seguir las indicaciones al pie de la letra, porque de lo
contrario el virus se hace más resistente, los fármacos pierden su efecto y la
persona debe cambiar el tratamiento y pasar a otra generación”. Además, la
reducción de los niveles de virus en la sangre no solo representa una mejor calidad
de vida para las personas con VIH, sino que implica una significativa
disminución de las posibilidades de transmisión.
Pero, en verdad, el Ministerio de Salud no cumple sus pautas ni
son reales las cifras de cobertura de acceso a tratamientos porque, durante 4
años consecutivos —desde el 2009 hasta 2012 y lo que va de 2013—, las personas
con VIH han reportado fallas crónicas y recurrentes en la entrega de alguno de
los medicamentos en los distintos estados del país. El Ministerio ha estado en
todo momento al tanto de esta situación, pero no publica ninguna clase de
información que permita saber acerca de la programación de compras, niveles de inventario
y cronograma de entregas de medicamentos. Cuando se producen fallas, no hay correctivos
inmediatos ni respuestas eficaces a sus causas y para solucionarlas se espera hasta
que las propias personas con VIH, víctimas de la escasez, hagan reclamos
públicos. A pesar de las denuncias, las constantes peticiones y llamados de
alerta, hasta la fecha el Ministerio de Salud no ha implementado mecanismos de
diálogo regulares y eficaces con cerca de 100 organizaciones de la sociedad
civil desplegadas en todo el país, las cuales atienden directamente a más del
50% de las personas con VIH.
El acceso universal, oportuno, completo e ininterrumpido a los TARV
es una responsabilidad del Estado con el derecho a la vida y la salud de las
personas con VIH. Las pocas cifras oficiales que se manejan, permiten observar
una sostenida expansión del VIH y del número de fallecimientos. El PNS ha
presentado insuficiencias y fragilidades sostenidas para mantener la cadena de
suministro de tratamientos, las cuales se hicieron más agudas a medida que
aumentaron las restricciones generales al abastecimiento de medicamentos en el
país y el cada vez mayor deterioro del sistema público de salud. Es necesario, en
este momento, unir esfuerzos para detener ya la pérdida de más vidas humanas y
evitar una emergencia nacional por los problemas que limitan o impiden el
suministro de los TARV a todas las personas con VIH.
La construcción de vías para la unión de esfuerzos, requiere de,
1.
La abierta disposición de las
máximas autoridades del Ministerio de Salud al diálogo plural, sostenido y permanente
con todas las organizaciones de la sociedad civil que operen el país.
2.
El levantamiento en el menor
tiempo posible de registros básicos sobre la cadena de suministro (compras,
almacenamiento, distribución y entrega), para establecer niveles de inventario
seguros, controlar su comportamiento y detectar con prontitud riesgos de
desabastecimiento.
3.
Integrar a todos los actores
involucrados en la cadena de suministro (proveedores, personal de salud,
coordinaciones regionales, almacenes y transporte y centros de salud) y a las organizaciones
de la sociedad civil, en un mecanismo que permita programar respuestas eficaces
a los procesos críticos, asegurar la disponibilidad y distribución oportuna de
los medicamentos, y reducir los tiempos de espera.
4.
La implementación de un
proyecto de fortalecimiento del Programa Nacional de VIH/Sida e ITS a fin de
adecuar su recurso humano, sistemas de gestión y capacidades técnicas a los
estándares internacionales, incluyendo la efectiva inserción de Venezuela en
los mecanismos de cooperación a nivel mundial para atender las necesidades técnicas y financieras en materia de tratamientos
antirretrovirales.
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