Comunicados sobre DDHH

Conozca los comunicados del Foro por la Vida sobre la situación de los DDHH en el país

Exámen Periódico Universal Vzla

La información sobre el mecanismo de la ONU para monitorear compromisos de DDHH del Estado venezolano

Periodismo en derechos humanos

Lea los artículos sobre el trabajo de las organizaciones defensoras de DDHH en Venezuela

Informes sobre DDHH en Venezuela

Descargue los diagnósticos realizados por las organizaciones sociales sobre la situación del país

lunes, 17 de diciembre de 2012

Suprema Felicidad Social de las personas Sexodiversas y personas con VIH


ACCSI Acción Ciudadana Contra el Sida


Todas las personas son iguales ante la ley y prohibida todo tipo de discriminación, según artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero la realidad es otra al ser lesbiana, gay, bisexual, trans e intersex y/o se vive con VIH. Aunque las leyes no las penalizan, vivir con una o dos de estas realidades convierten a la persona en foco de discriminación, estigma y hasta llegar a la muerte social y física. Así lo demuestra el 2012 que culmina con alarmantes situaciones de violaciones de derechos humanos de ambas poblaciones:

La opinión pública se estremeció al conocer del Ministerio de Salud que entre 2009-2011 se produjeron casi 5 mil muertes por SIDA y más de 33 mil nuevas infecciones por VIH, la mayoría en hombres que tienen sexo con hombres y trans de 15 a 24 años de edad. A esto se añade el maltrato y negación de atención médica, escasez de medicamentos antirretrovirales y reactivos, exigencia de pruebas antiVIH en el trabajo (preempleo y permanencia) causando despidos injustificados, entre otros, lo que fue rechazado por las ONG al ser violaciones a derechos constitucionales.

ONG y medios de comunicación denunciaron que personas sexodiversas fueron víctimas de insultos, agresión verbal y física, abuso de poder, no reconocimiento de la identidad de género, golpes, extorsiones, heridas de balas, detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, torturas (electricidad en varias partes del cuerpo; quemaduras con fuego mientras agonizaban y lanzadas en fosas de un cementerio), y crímenes de odio, unos degollados.

Atropellos en ambas realidades ocurren en lo público y privado siendo denunciado por ciudadanos con VIH y/o sexodiversos, ONG y medios de comunicación, pero se quedan sin respuestas efectivas y eficientes del Estado por falta de voluntad política, prejuicios, tabúes, el peso de la religión en la toma de decisiones de las políticas públicas, inadecuada administración de justicia e incumplimiento del marco legal, quedando la mayoría de los casos en total impunidad, victimas desamparadas y agresores cada vez más feroces e inhumanos, lo que pareciera la pérdida de la institucionalidad en Venezuela.

A esta violencia se suman posiciones que legitiman la homofobia de algunos políticos y funcionarios. “Acabaré con el homosexualismo en Aragua” fue propuesto por Luis Zapata aspirante a diputado por Aragua PSUV [Diario El Periodiquito dic. 2012] para erradicar a los colectivos sexodiversos de ese estado. La homofobia de las autoridades de la Universidad Simón Bolívar tiene seis años impidiendo se reconozca al Grupo de Diversidad Sexual como agrupación estudiantil de esa Alma Máter. Nicolás Maduro cuando fue Canciller se refirió a líderes opositores como “sifrinitos, mariconsones y fascistas”, siendo validado con risas y aplausos de Robert Serra Diputado PSUV de la Asamblea Nacional, Cilia Flores Procuradora General, Maripili Hernández y Eugenia Sader Ministras de Juventud y Salud respectivamente y transmitido por VTV canal del Estado [http://www.youtube.com/watch?v=gVLoI-FSZDI]. Oficialistas y opositores sexodiversos reaccionaron unidos exigiendo respeto a la dignidad de las personas LGBTI como valor de la democracia.

Por estos hechos, los grupos sexodiversos propusieron al Estado políticas públicas vinculadas con la no discriminación; la adecuación del nombre y género de la persona en relación con su identidad de género; e inclusión de sanciones para crímenes de odio por orientación sexual, identidad y/o expresión de género de las víctimas. Aun esperan respuestas. Su constancia hizo que dieran aportes al II Plan Socialista de la Nación y se consideren por el Presidente Chávez. Un Plan Estratégico Nacional de VIH 2012-2016 y aumento del presupuesto para la política pública se logró por la presión de las ONG que laboran en el área, pero otras exigencias sobre derechos humanos siguen sin respuestas.

Reconocer la igualdad de las personas sexodiversas y las que viven con VIH es el reto del Estado, cuyo discurso de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica en un Estado de justicia iniciado en 1999, pase a la práctica con una real protección de derechos y libertades fundamentales; de la autonomía e igualdad en todas las expresiones de género y orientación sexual; independiente del poder religioso o limitaciones o negación de la libertad e igualdad del ejercicio de derechos sexuales, en su rol de Estado Laico; de la paz para el ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sin discriminación y libre de la determinación sexual.

Alberto Nieves
Director Ejecutivo
E-mail: anieves@accsi.org.ve



domingo, 9 de diciembre de 2012

Eliminación de la Violencia contra la Mujer y María Lourdes Afiuni

Observatorio Venezolano de los DDHH de las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora  el  25 de noviembre, la Red de Organizaciones que constituimos el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres repudiamos los dantescos hechos de Violencia contra la Mujer presuntamente cometidos por funcionarias del INOF contra la persona de la jueza María de Lourdes Afiuni durante el tiempo que estuvo ilegalmente recluida, así como el acoso y vejación a la cual está siendo sometida, lo que constituye una violación de sus derechos humanos.

Venezuela, como Estado signatario de la Convenciones Internacional  Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW),  de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, (Convención Belem Do Para), del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, está obligada, nacional e internacionalmente, a respetar y cumplir estos Tratados  De acuerdo a ellos el caso de la Jueza María  Lourdes Afiuni, puede ser considerado un "crimen de lesa humanidad", contemplado en el Artículo 7 del Estatuto de Roma.

La violencia institucional, física, psicológica y sexual que denuncia la Jueza Afiuni, no solo contra ella sino contra las reclusas del INOF, constituyen flagrante contravención de todos los Tratados Internacionales antes señalados y del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia cuyas bases están en la Constitución y la Ley  Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El juicio que se sigue a  la jueza Maria Lourdes Afiuni llama la atención en el mundo porque en vez de procurarse la libertad para ella, actualmente en arresto domiciliario por sus condiciones de salud, se le ha prorrogado a dos años más. Es la primera vez que una funcionaria del Poder Judicial es encarcelada por tomar una decisión aplicando una resolución de un órgano internacional de protección de los derechos humanos. En este sentido, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU (GTDA), determinó en septiembre de 2010 que “la detención de la jueza es arbitraria".

No hay que olvidar que la Jueza Afiuni se encuentra privada de libertad por órdenes expresas del  Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, quien pidió, que se le aplicara la pena máxima  de 30 años de prisión, prevista por la ley venezolana para delitos como homicidio o traición a la patria, por el sólo hecho que  la Jueza, María Lourdes Afiuni  dictó una medida  cautelar sustitutiva de prisión justificada por las violaciones al debido proceso, a la cual tienen derecho las personas que van detenidas por delitos.

La Jueza Afiuni, fue detenida el 10 de diciembre de 2009 luego de haber ordenado la libertad condicional del ex banquero Eligio Cedeño, cuya detención también fue declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU (GTDA).

La ONU ha exigido al gobierno venezolano la libertad de María de Lourdes Afiuni y el Secretario General se ha referido a este caso en las resoluciones A/HRC2/21/18 parr.68 y 69, A/HRC/18/19 parr.87/90 y A/HRC/14/19 párr. 45/47. Y tres relatorías independientes de expertos de ONU  describieron la detención como un duro golpe a la independencia de los jueces y de los abogados.

Por tales razones, desde Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de la Mujeres, exigimos:

-El respeto y cumplimiento por parte del gobierno de los Tratados  Internacionales de Derechos Humanos, de la Constitución de la República y de La Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

-El respeto de los derechos humanos fundamentales de las reclusas del INOF, principalmente el derecho a la vida, a la salud y a una vida libre de violencia.

-A la Fiscal General, que proceda a dar curso a la denuncia interpuesta por ante ese despacho contra la Directora del INOF el 8 de Noviembre de 2010 por abuso, maltrato y omisión de socorro en perjuicio de la Jueza Afiuni y ratificadas  por  ella en sus denuncias al periodista Francisco Olivares en el libro "La Presa del Comandante".

-A la Fiscalía General de la República, al Poder Judicial, al Ministerio de Interior y Justicia, al Ministerio de Servicios Penitenciarios, a la Defensoría Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres y demás autoridades competentes, que procedan a investigar de manera oportuna e imparcial  los actos denunciados, a fin de que sus perpetradores sean sometidos a la justicia.

-La liberación inmediata de la jueza María Lourdes Afiuni, como la exige la Comunidad Nacional e Internacional y la ONU 

lunes, 3 de diciembre de 2012

Protocolo de Derechos Humanos para la Prevención y Atención al VIH en Venezuela

Acción Solidaria (AcSol)
Foro por la vida

Nadie es vulnerable al VIH por predisposición natural, creencia ni decisión propia. Las vulnerabilidades se evitan o superan, desarrollando capacidades para dominar eventos, situaciones y procesos relacionados con el VIH, a través de una acción dirigida a la restitución de derechos. El objetivo es lograr que cada persona alcance el mayor grado de autonomía para comprender esos eventos que puedan tener como resultado la transmisión del VIH; adoptar en forma adecuada el proceso de tratamiento a la salud, cuando se ha contraído el VIH; y vencer las situaciones que puedan causar una muerte evitable por Sida. En el Informe de ONUSIDA sobre la Epidemia Mundial de Sida, 2012, Venezuela es uno de los 68 país donde no se observó ningún cambio en el descenso del número de personas que mueren por causas relacionadas con el Sida durante el período 2005-2011, aunque registra un porcentaje mayor al 60% de personas con derecho a recibir los tratamientos antirretrovirales.
Hoy es 1 de diciembre, Día Mundial de Respuesta al VIH/Sida. El lema mundial es “Trabajar juntos para lograr una generación libre del Sida”. Alcanzar este objetivo supone crear un marco de referencia común para garantizar derechos que son negados o restringidos por causas institucionales, jurídicas y operativas; y en esto consiste la adopción de un Protocolo en Derechos Humanos para la Prevención y Atención en VIH promovido por Acción Solidaria y organizaciones de la sociedad civil en VIH de todos los estados, con el cual queremos construir una Red de Compromiso Institucional a través del apoyo mutuo y la acción conjunta para cubrir las necesidades de restitución de derechos a través de acuerdos de colaboración entre las Organizaciones de la Sociedad Civil en VIH y los Centros de Salud, las Instituciones Educativas, los Organismos Oficiales, las Empresas y las Personas con VIH.
Con este protocolo, toda persona o funcionario que realice prevención o asistencia en este campo podría promover y proteger los Derechos Humanos relacionados con el VIH, apoyando y asistiendo a todas las personas sin discriminación alguna; respetando y protegiendo la vida y la integridad de cada persona; y no ejecutando o colaborando en prácticas que menoscaben la dignidad humana y los derechos de las personas. En tal sentido, el Protocolo aporta conceptos, normas y maneras de intervenir que podemos aplicar juntos con dos finalidades: erradicar cualquier forma de privación, maltrato, coerción o confinamiento de personas con VIH en centros de salud, instituciones educativas, centros de trabajo, establecimientos penitenciarios, entre otros; y proteger a las personas con VIH del rechazo, abandono o expulsión de la familia, de las comunidades y de cualquier forma de organización social, económica, política, cultural y religiosa.
Para guiar acerca del contenido de este Protocolo, a continuación se resumen sus principios, derechos y normas:

 
Principios
Derechos
Normas
Descripción
Respeto a las Personas, Ser Ellas Mismas
A la condición de persona
Trato digno
Atención y trato digno de todas las personas, por encima de cualquier otro propósito
Igualdad de trato
No discriminar por edad, género, identidad de género, orientación sexual, raza o condición socio-económica
A la integridad
Libertad de expresión y decisión
Respetar la libre expresión de la identidad o personalidad, y las decisiones sobre el propio cuerpo
A la intimidad
Confidencialidad
Resguardar la privacidad y confidencialidad de la información y comunicarla sólo a quienes las personas deseen hacerlo
A la libertad
Libertad de conciencia y movimiento
Abstenerse de obligar a que se declare la condición serológica o limitar la libertad de opinión, movimiento o contacto con otros
Protección de la Vida, en Toda su   Integridad
A la vida
Inviolabilidad de la vida
Proteger la vida adoptando todas las medidas necesarias para detener una muerte evitable
Al cuidado de la salud
Universalidad de la Atención a la Salud
Atención universal a la salud, disponiendo de controles médicos, campañas públicas, diagnóstico, asesoría previa y posterior a la prueba, y donaciones seguras de sangre, órganos y tejidos     
A estar  libre de riesgos para la salud y la vida
Integralidad de la Atención en VIH
Atención integral para las personas con VIH, disponiendo de personal médico tratante, abierta comunicación e información, suministro permanente de medicamentos, atención especializada, seguimiento y control adecuado  
Calidad y seguridad de         Antirretrovirales y Preservativos
Acceso a preservativos de calidad y en cantidades suficientes; y de medicamentos antirretrovirales seguros
Atención Integral a Mujeres y Embarazadas
Atención oportuna y digna para las mujeres y embarazadas con o sin VIH, conforme a sus derechos sexuales y reproductivos
Promoción del Ejercicio de una Vida Plena
A cumplir el propio destino
Continuidad de los Proyectos de Vida
No provocar ni inducir la interrupciónde proyectos de vida privada y pública
A los vínculos sociales
Disfrutar de la Vida Familiar, Social y Sexual
Contribuir a fortalecer los vínculos afectivos y solidarios y abstenerse de interferir o coaccionar en libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos
A una vida tranquila, satisfactoria y productiva
Poseer un Nivel de Vida Adecuado
Apoyar en el logro de trabajo, educación, seguridad social y vivienda, aboliendo el requisito de pruebas de detección del VIH

@accionsolidaria

lunes, 26 de noviembre de 2012

Candidaturas de la impunidad. Los Reyes del camuflaje


Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara COVICIL
Foro por la Vida

En el argot militar, camuflaje equivale a mimetismo. Propiedad que detentan algunos lagartos, reptiles, insectos y otras especies animales. Equivale a confundirse con el entorno; absorberlo, hacerlo parte de él.

Así, mimetizadas, se han presentado dos candidaturas a la contienda electoral, una es la del Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín a la gobernación de Guárico, y la otra la del Teniente Coronel Luis Reyes Reyes, quien aspira a dirigir -por tercera vez- el destino de los larenses.

En el caso de  Rodríguez Chacín el movimiento de DDHH le recuerda ingratamente por su participación en el Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), en ocasión del asesinato de 14 personas en “La masacre de El Amparo” (1988), y de por lo menos el asesinato de 42 personas en operaciones previas, conocidas como “Los Amparitos”.

Respecto a  la candidatura de Reyes, es un hecho suficientemente documentado que en su paso por la gobernación de Lara, las mafias policiales y parapoliciales proliferaron por mimesis de sus poderes ductores; siete masacres (Los Pocitos, Rio Claro, El Tostao, Urdaneta, Quíbor, Loma de León, Chabasquén) y cientos de ciudadanos ejecutados en “enfrentamiento” con la policía regional comandada por los generales Rodríguez Figuera (Agosto 2003 – Febrero 2007) y Octavio Chacón (Septiembre 2007 – Diciembre 2008) dan cuenta del  balance sangriento de su gestión.

Su candidatura representa una bofetada a las aspiraciones de justicia de los larenses, que aún esperan que el Teniente Coronel responda a los señalamientos plasmados en diversas investigaciones realizadas por el Consejo Legislativo Estadal, el MPPIJ y las denuncias ante el Ministerio Público de los familiares de las víctimas de ejecuciones, desapariciones forzadas, tortura, extorsión, entre otros delitos perpetrados por funcionarios de polilara, invariablemente favorecidos por el Circuito Judicial Penal de la entidad en manos de una Juez señalada públicamente por participar de las tropelías del Magistrado, ahora prófugo, Eladio Aponte Aponte.
Mientras, Reyes y sus aplaudidores, hacen mutis queriendo pasar por alto los desafueros  que desde el inicio de su gestión de gobierno vienen convirtiendo al estado Lara en uno de los más inseguros, con mayores índices de criminalidad, de casos no resueltos y donde el Poder Judicial sigue repartiéndose a gajos, vemos con estupor la campaña desplegada en las paredes de Barquisimeto donde se lee: “Por la seguridad de los larenses: Reyes y Figuera”, “Por la dignidad de la policía: Reyes y Figuera” . Estos llamamientos recuerdan los macabros panfletos del grupo exterminio en Zulia y Portuguesa que, ante la supuesta incapacidad de la policía para controlar la delincuencia, promocionaban su funesta acción justiciera parapolicial como una opción válida.

¿Lee algo el señor Reyes Reyes? ¿Por casualidad se habrá tropezado con un ejemplar del libro IMPUNIDAD Y PODER?

En esta publicación del Covicil se presentan además de los testimonios de las víctimas de violaciones a los DDHH, las estadísticas y hechos de impunidad durante la gestión de Reyes, refrendadas con cifras de la propia FGN y la Fiscalía Superior de Lara, así como con investigaciones realizadas desde diversas instancias oficiales e instituciones como el INE, mediante las cuales se pudo determinar que  la tasa de homicidios en la entidad pasó de 11,4% x 100.000/hab cuando asumió la gobernación, a 41,9 x 100.000/hab, en el 2008 cuando abandonó el cargo, lo que representó un vertiginoso aumento del 367,8 % en el período analizado.

Pero seguramente el candidato no ha leído el libro, ni le interesa. Y los suyos –carentes de coraje moral para responder- también piensan hacerse los pendejos, ante los señalamientos que allí se hacen, directamente a Ud. Señor, licenciado, teniente coronel retirado.
Recordamos que 26 de noviembre se cumplen tres años de impunidad del sicariato político contra Mijaíl Martínez, un joven video activista colaborador del Covicil, sin que hasta la fecha el Ministerio Publico haya orientado las investigaciones hacia los verdaderos responsables: los que planificaron y ordenaron su ejecución.

Más de uno debe responder, más de uno.

lunes, 19 de noviembre de 2012

Venezuela en el Consejo de DDHH-ONU: Una “victoria” anunciada

Centro de Derechos Humanos de la UCAB
Foro por la Vida

El pasado 12 de noviembre fue elegido un grupo de Estados para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre ellos Venezuela.
Durante la última década Venezuela ha fallado de manera sistemática en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en derechos humanos, lo cual se evidencia en la inobservancia de las resoluciones, sentencias, medidas provisionales y cautelares; un retraso de hasta ocho años en la presentación de informes ante órganos de protección; resistencia a la firma y/o ratificación de nuevos tratados en derechos humanos y una negativa o silencio ante solicitudes de visitas de representantes de órganos de protección durante los últimos 10 años. La misma Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU había recibido una invitación del gobierno para visitar el país, la cual se “enfrió” tras el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo a Venezuela en octubre de 2011.
Adicionalmente, el pasado 10 de septiembre el Estado venezolano denunció la Convención Americana de Derechos Humanos y, en el marco del EPU, el país rechazó la mayoría de las recomendaciones formuladas sobre temas tales como libertad de expresión, independencia judicial, visitas de órganos de protección y defensores de derechos humanos, pese a tratarse de algunos de los temas con el mayor número de recomendaciones.
Sumado a lo anterior, en un caso sin precedentes para la comunidad internacional de derechos humanos, la Juez María Lourdes Afiuni tiene ya casi 3 años de encarcelamiento arbitrario por órdenes directas del Presidente, precisamente por haber acatado una resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.
La pregunta entonces es ¿por qué resultó elegida Venezuela?
Hay que comenzar por aclarar que el Consejo de Derechos Humanos es un órgano político, en la medida en que sus miembros son representantes de los Estados, los cuales siguen órdenes de sus respectivas cancillerías; ello lo diferencia de los comités de seguimiento a los convenios y de las relatorías, cuyos integrantes son expertos independientes. En segundo lugar, en el caso del grupo de América Latina y el Caribe, en esta oportunidad solo había tres candidatos para llenar tres vacantes, por lo que difícilmente Venezuela quedaría por fuera de este organismo.
Inmediatamente después de la votación, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, calificó el ingreso de Venezuela como una “victoria sin precedentes”, haciendo mención al hecho de que Venezuela obtuvo más votos que EEUU. Sin embargo, lo que ciertamente no tiene precedentes es que el ingreso de Venezuela se produce con una votación inferior en 30 votos con respecto a Brasil, en un grupo regional donde no había competencia; el ingreso de EEUU fue el resultado de una contienda entre 5 estados para 3 puestos, quedando por fuera Grecia y Suecia. Mientras Venezuela se presentaba a un asiento “seguro”, muchos países de otros grupos regionales tuvieron que competir por un puesto y, en esas condiciones, Venezuela no logró un respaldo similar al obtenido por Brasil y Argentina.
Según lo establecido en la resolución A/RES/60/251 de la ONU, los estados “deberán tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos y las promesas y compromisos voluntarios”. Las promesas hechas por Venezuela se refieren principalmente a su compromiso con la estructura política, más no con los órganos independientes de supervisión técnica, que son aquellos a los cuales acuden las víctimas en busca de protección.
En tal sentido, el desafío del movimiento de derechos humanos es mantener viva la voz y exigencias de las víctimas ante los mecanismos independientes creados en el seno de las Naciones Unidas para proteger sus derechos. La baja votación de Venezuela, en comparación de sus pares regionales, da cuenta de un nivel de insatisfacción sobre el desempeño del país ante dichos mecanismos. Es allí, y no en los órganos políticos, donde se pone a prueba el talante democrático de las naciones.

lunes, 12 de noviembre de 2012

Audiencia ante la CIDH: Libertad de expresión en amenaza permanente


Foro por la Vida
Espacio Público


El 1 de noviembre de 2012, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDDHH UCAB), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP); el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y Espacio Público participaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un Audiencia sobre la situación del derecho humano a la libertad de expresión.
Los principales hechos expuestos, que este artículo resume, documentaron algunos de los desafíos que tiene ante sí la sociedad en la tarea de contener las violaciones y restricciones recurrentes a la libertad de expresión que se registran en Venezuela.
En el año 2012, desde el 01 de Enero al 15 de octubre, ocurrieron 166 casos de violaciones a la libertad de expresión e información, dentro de los cuales se cuentan 39 ataques informáticos. En el total de casos se contabilizaron 282 violaciones al derecho a la libertad de expresión e información. Los hechos registrados superan el total registrado en el estudio del mismo período en el 2011 e incluso supera la cifra total registrada en los doce 12 meses del año anterior en el que se registraron 139 casos y 224 violaciones.
Acceso a la información pública
En un estudio realizado en el años 2011, las instituciones públicas de un total de 61  peticiones realizadas, el 85% no obtuvo respuesta alguna por parte de las instituciones y sólo un 6,5% respondieron adecuadamente la solicitud de información.
Ante la falta de respuesta se acudió a los tribunales.  De 8  acciones judiciales,  en  siete (7) de los casos la sentencia ha sido de declararlos “inadmisibles” y uno (1) esperando audiencia de juicio. Las garantías judiciales para derechos consagrados en la Constitución tampoco resultaron efectivas
Agresiones y ataques a periodistas
En el país persiste un patrón en el que aumentan las agresiones y ataques a medios/periodistas en contextos electorales. En el periodo estudiado (01/01/2012 a 15/10/2012) ocurrieron 57 agresiones a medios y periodistas. Las víctimas principales son los periodistas y reporteros que constituyen más de la mitad de las víctimas (99). En la cobertura informativa en las calles los cuerpos de seguridad tienden a obstaculizar el trabajo de los reporteros, quienes son agredidos y despojados de sus equipos de trabajo. Asimismo, al hacer cobertura de eventos de campaña se exponen a agresiones por parte de los seguidores del oficialismo o de la oposición según el medio de comunicación para el que trabajen.
Impunidad
Una característica recurrente de los casos de agresiones y ataques a periodistas y medios es omisión de Estado de investigar y sancionar a los responsables. Se mantiene una continuada descalificación por parte de altos funcionarios y a través del Sistema nacional de medios públicos (SNMP). Todo ello contribuye a alimentar una percepción generalizada que desestima la denuncia contribuyendo al desaliento de las víctimas y con ello a la impunidad.
Cadenas y transmisiones obligatorias de radio y televisión
Las cadenas y transmisiones obligatorias de radio y televisión, se mantienen como una política pública y constituyen un modo de restricción ilegitima a la libre circulación de la información. Estas transmisiones no cuentan con ninguna regulación, son arbitrarias y discrecionales.
Durante el año 2012 del 01 de enero al 01 de octubre, hubo un total de 104 cadenas con un total de 8460 minutos, lo que equivale a que aproximadamente a una cadena de radio y televisión cada 3 días. Son utilizadas frecuentemente para el proselitismo político partidario. En los contextos electorales, su reiteración constituye un abuso gubernamental que otorga ventajas ilegítimas en la circulación de los mensajes en un contexto electoral en el que, varios funcionarios incluido el presidente de la república, optan a cargos de elección popular.
En sus conclusiones las organizaciones solicitaron a la CIDH que mantuviera su atención sobre la situación venezolana y que adelantaran estudios doctrinarios sobre la compatibilidad del uso de cadenas obligatorias de radio y tv con el contenido y alcance de las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales del sistema interamericano de DDHH

lunes, 5 de noviembre de 2012

DÉJAME ENTRAR………


Foro por la Vida
Justicia y Paz Los Teques

Las palabras de Jesús  “….porque  estuve en la cárcel y me visitaste”  son, en el contexto del juicio de las naciones palabras que se dirige al corazón del hombre y la mujer ¿ de qué nos juzgará Dios? No de nuestro mero cumplimiento, sino del amor que hemos sido capaces de sembrar en el corazón  de las personas.  En tal sentido  La Pastoral Penitenciaria desde el amor y la exigencia del mandato de Jesús ha estado presente en las cárceles con una actitud de acompañamiento, búsqueda de la justicia,  defensa  y exigibilidad de los derechos humanos de los privados y privadas de libertad; sin negar el mal realizado por ellos y sus penosas consecuencias.

Sin embargo desde el 31 de diciembre de 2012 no hemos podido entran a los recintos penitenciarios y seguir prestando nuestro servicio a los privados y privadas de libertad,  por ordenes expresas de Ministra del Poder Popular para Servicios Penitenciarios  y corroborado  en una entrevista publicada en el periódico Ciudad CCS El 23 de enero de 2012, la Ministra Iris Varela, afirmó que las ONGs no podían tener acceso a información relevante acerca de las condiciones del sistema carcelario ya que ella misma les impide entrar: “Esas ONGs no manejan información fidedigna porque desde que yo llegué aquí les prohibí la entrada”.
 La Oficina de Justicia y Paz de la Diócesis de Los Teques, desea manifestar  su preocupación ante esta situación, por cuanto no hemos podido cumplir con parte de nuestra misión y lo mas inquieta tal como lo manifestamos en el comunicado del 24 de septiembre de este año, es que los problemas en los recintos penitenciarios se han agravado y siguen siendo un gran desafío de manera especial para el Ministerio de Servicios Penitenciarios, por cuanto el Estado, al privar de libertad a una persona, se coloca en una especial posición de garante, y por tanto tiene la obligación de procurar, por todos los medios a su alcance, mantener a la persona detenida en el goce de sus derechos fundamentales y, en especial, de los derechos a la vida y la integridad personal. En nuestro criterio, la urgencia de la situación en las cárceles venezolanas demanda de las autoridades venezolanas la aplicación de normas que permitan la implementación de los derechos que se encuentran garantizados a nivel constitucional y que son parte de las obligaciones del Estado.

Somos conscientes de que, en materia penitenciaria, además de un marco normativo adecuado resulta urgente la implementación de acciones y políticas concretas que tengan un impacto inmediato en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad. La obligación del Estado frente a las personas privadas de libertad no se limita únicamente a la promulgación de normas que los protejan ni es suficiente que los agentes del Estado se abstengan de realizar actos que puedan causar violaciones a la vida e integridad física de los detenidos, sino que exige al Estado adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar la vida e integridad personal de las personas privadas de la libertad.

Observamos  que uno de los principales problemas que afectan a las personas privadas de libertad en Venezuela es el hacinamiento, la falta de alimentos adecuados, la violencia descontrolada, los retardos procesales, las vejaciones que sufren sus familiares y la infraestructura. Un claro ejemplo de ello es que la mayoría de las huelgas de las personas privadas de libertad es porque mejoren estas situaciones.
 Ante toda esta realidad consideramos que es necesario:

1.      Abordar seriamente una política penitenciaria que involucre a todos los actores entre ellos al Poder Judicial, El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los Cuerpos Policiales, las personas privadas de libertad y sus familiares, las organizaciones no gubernamentales especialistas en el tema, a los empresarios y también a nuestras institución.
2.      Investigar de manera seria y efectiva los hechos de violencia ocurridos en los centros penitenciarios, con el objetivo de  establecer responsabilidades e informar  la verdad a la sociedad venezolana.
3.      Desarrollar una estrategia que permita la aplicación e implementación de los derechos que se encuentran garantizados a nivel constitucional y que son parte de las obligaciones del Estado.
4.      Implementar acciones y políticas concretas que tengan un impacto inmediato en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad.
5.      Crear una política que permitan que el control de la cárcel vuelva a estar bajo la tutela del Estado.
6.      Denunciar la corrupción reinante abiertamente en los recintos penitenciarios.
7.      Solicitar que haya un desarme real de la población reclusa.
8.      Exigir al Estado que se le permita a las Organizaciones intermedias que realizan un trabajo de Ayuda Humanitaria a los privados y privadas de libertad seguir realizando su servicio a través de las visitas y el acompañamiento permanente.

POR ULTIMO MINISTRA VARELA  LE SOLICITAMOS NOS AUTORICE LA ENTRADA A LOS RECINTOS PENITENCIARIOS PARA SEGUIR ACOMPAÑANDO A NUESTROS HERMANAS Y HERMANOS  PRIVADOS DE LIBERTAD.

En Caracas 31 de octubre de 2012
Email: caritaslosteques@gmail.com

lunes, 29 de octubre de 2012

24 años sin justicia para El Amparo


Este 29 de octubre se cumplen 24 años de uno de los casos de violación a los derechos humanos más emblemáticos en la historia venezolana: La Masacre de El Amparo, 1988. Un hecho en el que fueron asesinados 14 pescadores por efectivos del Comando Específico José Antonio Páez (integrado por funcionarios de la Policía Técnica Judicial, la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención y miembros de las Fuerzas Armadas), en el sector conocido como Caño La Colorada del estado Apure, zona fronteriza con Colombia, en una operación denominada "Anguila III", creada por el gobierno para ese entonces de Jaime Lusinchi para luchar contra grupos subversivos colombianos.

Una vez perpetrada la matanza, los efectivos alegaron ante la justicia y la opinión pública que los pescadores eran guerrilleros colombianos que posiblemente estarían preparando acciones en territorio venezolano y que ellos habían actuado defendiendo la soberanía del país. Pero, gracias a que dos pescadores sobrevivieron a la masacre y con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos como Provea, los argumentos de los efectivos fueron desmontados ante instancias internacionales de protección a los derechos humanos, pues las víctimas al no encontrar justicia en el país presentaron su caso –junto con Provea– en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 1990 y luego el SIDH, a solicitud de los representantes de las víctimas, lo elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1994.

En 1995 el gobierno venezolano, presidido por Rafael Caldera, reconoció los hechos y asumió el compromiso de indemnizar a las víctimas. Con este reconocimiento, la CorteIDH dictó sentencia contra el Estado venezolano, convirtiéndose ésta en la primera contra Venezuela. En 1996 la Corte dictó una nueva sentencia donde el Estado quedó obligado a investigar y sancionar a los responsables así como indemnizar a las víctimas. En el gobierno de  Caldera se canceló casi la totalidad de la indemnización, el restante fue pagado bajo la gestión del Presidente Hugo Chávez. No obstante, los culpables de la masacre no han sido castigados.

Es así, como luego de 24 años el gobierno no ha sancionado a los culpables sino más bien los ha premiado postulándolos a cargos públicos de elección popular. Es el caso de Ramón Rodríguez Chacín candidato a la gobernación del estado Guárico, quien además ha ocupado dos veces el cargo como Ministro de Interior y Justicia. Es de recordar que Rodríguez Chacín es uno de los presuntos autores intelectuales de la masacre, pues formaba parte del Comando José Antonio Páez y además un testigo declaró ante la justicia militar que llevaba el caso que había sido citado por Rodríguez para preparar el enfrentamiento.

Desde Provea deploramos que el partido de gobierno, Partido Socialista Unido de Venezuela haya postulado a Chacín a la elección para la gobernación de Guárico. Su designación significa un aval a la impunidad y una contradicción del discurso oficialista de investigar y sancionar los crímenes del pasado. Exigimos al Ministerio Público que investigue al ciudadano Ramón Rodríguez en cumplimiento con la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998.

El año pasado Provea envió una comunicación a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, para que se pronunciara sobre el caso El Amparo y solicitara una reunión con los sobrevivientes, familiares de las víctimas y sus representantes para dar información sobre el alcance de las investigaciones y las gestiones a realizar. Asimismo, le solicitamos el cronograma, ordenado por la Corte, que debía presentar el Estado venezolano sobre la información puntual, clara y exhaustiva sobre las gestiones que realizaría para investigar los hechos, identificar y, en su caso, sancionar a los responsables, las posibles fechas de tales gestiones y las instituciones o personas que las llevarían a cabo. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha respondido la petición y el Estado no ha presentado el cronograma de trabajo que debe implementarse.

Foro por la Vida.
Provea