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viernes, 27 de enero de 2012

Foro por la Vida rechaza criminalización de la protesta contra comunidades indígenas por defender sus derechos

(Caracas, 27.01.12) La Vocería de la Coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela Foro por la Vida rechaza la criminalización de la protesta contra el Capitán Indígena de la comunidad Musuk Pa Alexis Romero, así como el procesamiento en la justicia militar de, aproximadamente, 10 indígenas pemones más.

Los indígenas sometidos a un inconstitucional proceso en la justicia militar se les castigan por ejercer el legítimo derecho a defender sus derechos y territorio. Cansados de denunciar la explotación ilegal de minería en sus territorios, de solicitar la investigación de militares que favorecen esa actividad, así como la participación directa de algunos funcionarios militares en el negocio ilegal del oro, decidieron retener a 19 militares que sustraían mineral el 25.10.11, de manera pacífica sin causar ningún herido, ni producir maltrato de los retenidos ni apropiarse de ningún armamento. Este acto legítimo de resistencia indígena es calificado como delito y la justicia militar les imputa “ataque al centinela” y “sustracción de armas de la Fuerza Armada”,

El enjuiciamiento en la justicia militar viola el artículo 261 de la Constitución que expresamente establece que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado que “la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. (Casos Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30.05.99). Tras su liberación, los indígenas han sido condenados a regímenes de presentación en tribunales.

La detención arbitraria e ilegal del Capitán Alexis Romero y el procesamiento de nueve capitanes más expresa las incongruencias del sistema de justicia en el país. En lugar de investigar y sancionar la corrupción de algunos militares, se castiga a los denunciantes. En vez de escuchar la voz de los pueblos indígenas, se les intimida para que no sigan denunciando y reclamando sus derechos.

Los pueblos indígenas del país tienen años siendo afectados por las consecuencias de la minería. A mediados de 1993, en un sector del estado Amazonas conocido como Haximú, un grupo de 16 personas de la comunidad Yanomami fueron asesinados por mineros que ejercían la extracción de manera ilegal. Desde esa fecha a la actualidad otros asesinatos han sucedido en la zona. En el otro extremo del país, en el estado Zulia, se ha generado un conflicto con tres comunidades indígenas (Yukpa, Barí y Wayuu) desde el año 2003 por la decisión de triplicar la producción de carbón. La profundización del extractivismo como modelo de desarrollo para el país ha tenido como contraparte el estancamiento del derecho constitucional a la demarcación de los territorios indígenas. A pesar de ser una obligación estatal, como lo expresa la Carta Magna, desde el año 1999 apenas se ha demarcado el 2,4% de los territorios y comunidades indígenas. A esto habría que sumar consecuencias sociales y ambientales, que en el caso de los pueblos originarios son la contaminación de su hábitat, la pérdida de su cultura y la migración a las grandes ciudades.

Ante la situación anterior el Foro por la vida exige:

1.- La derogación inmediata de las medidas de presentación en tribunales para los indígenas pemones

2.- El no uso de la justicia militar para procesar a civiles.

3.- Se investigue las denuncias realizadas por los pueblos indígenas sobre la posible participación de funcionarios  militares en la explotación ilegal del oro.

4.- Se adopten medidas eficaces para resguardar a las poblaciones indígenas y se adelanten los procesos de demarcación de tierras.

Por la Vocería del Foro por la Vida:

-Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

-Centro para la Paz y Los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela.

-Comité de familiares de víctimas de los sucesos entre febrero y marzo de 1989 (COFAVIC).

martes, 24 de enero de 2012

Foro por la Vida exige al Estado investigar intento de homicidio contra Víctor Martínez y brindarle protección


(Caracas, 24.01.12). La vocería del Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, exige al Estado venezolano la investigación del intento de asesinato sufrido por Víctor Martínez, defensor de derechos humanos y padre de Mijaíl Martínez, miembro del Comité de Víctimas contrala Impunidad asesinado en el mes de noviembre de 2009.

Como denunció Martínez en la tarde del 23.01.12, aproximadamente a las cuatro de la tarde, una persona no identificada lo abordó cuando llegaba a su domicilio acompañado de su hija. Apuntándolo con un arma de fuego, el agresor les ordenó introducirse en la residencia, la que ocasionó la reacción de la víctima, quien tras empujar a su atacante y ordenar a su hija que se escondiera en casa, pudo correr a la vía pública para solicitar auxilio. El atacante fue recogido por un cómplice en una camioneta de color negro, escapando del sitio de la agresión. En ningún momento el atacante intentó llevarse el vehículo de Martínez, el cual permaneció abierto y con las llaves en el interruptor durante el hecho, lo cual descartaría la hipótesis del robo. El ex diputado de la AsambleaLegislativapor el estado Lara declaró “reitero nuevamente que en el intento frustrado de mi asesinato son los mismos que mataron a Mijaíl y emplazo al ministerio público, a que tome en cuenta las denuncias que hecho en esa instancia sobre Reyes Reyes, Rodríguez Figuera y los comisarios del CICPC Carlos Rodríguez y José Núñez”.

En reiteradas oportunidades el Foro por la Vida ha alertado a las autoridades, incluyendo a la Defensoría del Pueblo, acerca de las amenazas en contra de Víctor Martínez, un luchador popular de trayectoria en la región quien ha denunciado la presunta participación de funcionarios policiales y militares en diferentes delitos, los cuales incluyen extorsión, secuestro y tráfico de estupefacientes, así como la presencia de grupos de exterminio parapoliciales en el estado. El 03.07.10 un funcionario militar agredió físicamente a Martínez, cuando este repartía volantes denunciando el asesinato de su hijo, logrando derribarlo y propinándole patadas en el área abdominal, causándole lesiones en varias partes del cuerpo. Esta agresión no solamente no fue investigada, como lo solicitamos el 07.07.10, sino que actualmente  Martínez esta siendo procesado por el delito de “asalto al centinela”, pasando de víctima a victimario por orden judicial.

Esta serie de ataques y hostigamientos contra activistas del movimiento de derechos humanos además de constituir una práctica contraria a lo consagrado enla Constitucióndela República Bolivarianade Venezuela, resulta violatorio a lo dispuesto porla Declaraciónsobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada porla Asamblea Generaldela ONUel 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2);

El Foro por la Vida reitera y respalda ante las autoridades nacionales las exigencias de la familia Martínez realizadas ante la Fiscalía 21 de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público del Estado Lara, durante la tarde del 24.01.12:

1) El otorgamiento de medidas de protección a Víctor Martínez

2) La investigación transparente y expedita del intento de sicariato ocurrido el 23.01.12 en el barrio Ezequiel Zamora de Barquisimeto.

3) La investigación de las diferentes denuncias por parte de la familia Martínez acerca de la autoría intelectual del asesinato de Mijail Martínez

Asimismo, solicitamos tomar medidas para revertir el retardo procesal en los diferentes juicios contra funcionarios policiales y militares denunciados por los diferentes Comités de Víctimas del estado Lara.

Por la Vocería del Foro porla Vida:

Comité de Familiares y Víctimas de los sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic)

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

Centro parala Pazy los Derechos Humanos Padre Olaso de la UCV