Comunicados sobre DDHH

Conozca los comunicados del Foro por la Vida sobre la situación de los DDHH en el país

Exámen Periódico Universal Vzla

La información sobre el mecanismo de la ONU para monitorear compromisos de DDHH del Estado venezolano

Periodismo en derechos humanos

Lea los artículos sobre el trabajo de las organizaciones defensoras de DDHH en Venezuela

Informes sobre DDHH en Venezuela

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lunes, 24 de septiembre de 2012

Garantizar los DDHH

La coalición de organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela presenta a los candidatos presidenciales una Agenda de tareas urgentes para garantizar los Derechos Humanos en Venezuela

FORO POR LA VIDA, coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, conformada el 15 de enero de 1997, con la misión de lograr la plena vigencia de los derechos humanos y contribuir al estado de derecho, que fundamenta su acción en los principios democráticos y en las normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
 Nos dirigimos a ustedes en su condición de ciudadanos y ciudadanas, candidatos y candidatas a las elecciones presidenciales, regionales y locales, mediante actos de votación por elección periódica universal, previstas por el Poder Electoral para celebrarse los días 7 de octubre y 16 de diciembre de 2012, y 14 de abril de 2013, a objeto de presentarles la Agenda de tareas urgentes para garantizar los Derechos Humanos en Venezuela, para su desarrollo y observancia en el marco de sus obligaciones y competencias constitucionales durante el ejercicio de sus cargos de representación popular, proponemos de manera general para la conformación efectiva, transparente y articulada de las políticas públicas de los próximos períodos constitucionales:
 1 Impulsar por iniciativa del Ejecutivo, de acuerdo con los artículos 21, 25, 74, 204 (numeral 1) y 214 de la Constitución, solicitudes al Poder Legislativo y al Poder Judicial, para la revisión, reforma y adecuación de la legislación nacional a los principios y garantías constitucionales y a las normas y estándares internacionales de derechos humanos, procurando que con esta adecuación legislativa se garantice la despenalización y la eliminación de toda norma discriminatoria y privativa del ejercicio de libertades y de la igualdad del ejercicio de derechos ante la ley, que pueda estar contemplado en leyes orgánicas y especiales, y sus reglamentos, así como en el Código Orgánico Penal, Código Orgánico Procesal Penal y Código Civil.
 2 Garantizar que los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, formulados por el Ejecutivo, así como el Plan Nacional de Desarrollo, a ejecutarse en el nuevo período constitucional 2013-2019, estén enmarcados en la Constitución y dispongan de las políticas, los regímenes y la legislación necesaria para dar efectivo cumplimiento a todas sus garantías y disposiciones; y que de igual forma ambos instrumentos contemplen la formulación de un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo con los compromisos adquiridos en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993), los estándares de Naciones Unidas y consultado y ejecutado con la más amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil.
 3 Aplicar la medidas pertinentes para reestructurar la organización y funcionamiento de los órganos e instituciones de la Administración Pública Nacional, y de las administraciones estadales y municipales, así como adecuar, redirigir y fortalecer las políticas públicas que así lo requieran, para garantizar a todas las personas, la universalidad y la igualdad de los derechos humanos, conforme a sus principios de progresividad y sin discriminación alguna; y que igualmente se garantice una participación universal, plural y democrática, una política nacional de descentralización que profundice la democracia y asegure la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales, la protección al ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos; y el apoyo a la existencia de una sociedad civil que contribuya al fortalecimiento del estado de derecho y asegure la incidencia y fiscalización de las políticas públicas.
 4 Tomar las medidas necesarias para garantizar que el Poder Ejecutivo Nacional y los de Estados y Municipios, se abstengan de ejercer conductas de injerencia que menoscaben la independencia y autonomía del Poder Judicial y de los órganos que componen el Poder Ciudadano y Moral, específicamente el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, u obstaculicen el ejercicio de sus funciones garantes del derecho de acceso a una justica imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita; así como el deber de investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades (artículo 29); y cumplan sin excepción alguna el artículo 145 de la Constitución, que prohíbe a todo funcionario estar al servicio de una parcialidad política y obliga a un desempeño honesto, idóneo y eficiente de la función pública, así como al estricto respeto y garantía del goce y ejercicio irrenunciable de los derechos humanos.
 @foroporlavida

lunes, 10 de septiembre de 2012

Impunidad y Poder

El libro del Comité de Víctimas Contra la Impunidad del estado Lara. 
Después de siete años de vida organizativa, durante los cuales el Comité ha venido realizando un trabajo de denuncia, documentación y difusión de casos de violaciones a los derechos humanos, el Covicil logra, gracias al apoyo de PROVEA, publicar el libro “Impunidad y Poder, Historia de las violaciones a los DDHH en Lara (2000-201)”, el cual forma parte de la Serie “Investigación en Derechos Humanos desde las organizaciones sociales-Venezuela”.
 Este libro, testimonia y analiza la dinámica de diversos casos presentados desde la realidad de las víctimas: su visión, sufrimientos y reflexiones; un trabajo concebido desde y para lo colectivo donde se suman voluntades con el claro objetivo de visibilizar una denuncia generalmente tergiversada y silenciada, a fin de honrar la memoria de las víctimas, pero sobretodo la lucha de sus familiares que, ante la ignominia institucional y Estatal que asesina, desaparece, violenta y ultraja impunemente, se han declarado en resistencia permanente y en desacato al estado de sitio que busca desmovilizar y domesticar a los sectores históricamente azotados por la violencia, mediante el terror social y la complicidad institucional.
A un mes de su presentación el libro ha tenido excelente acogida, especialmente entre víctimas y colectivos hermanos que se han animado a sistematizar también su experiencia en trabajos similares; en contraparte llama la atención el silencio de los señalados como responsables directos o indirectos de los hechos denunciados, particularmente aquellos que con su silencio, acción u omisión, al frente de las Instituciones del Estado conforman el engranaje de la máquina de impunidad de los crímenes policiales.
Entre ellos destacan los funcionarios que se mantienen al frente del circuito judicial de la entidad. Otros, como la Defensoría del Pueblo -esa celestina que se debate entre el drama y la comedia- la Fiscalía Superior y el ente parlamentario juegan al mutismo selectivo antes de dar respuesta a las demandas que, desde el COVICIL, han reiterado las víctimas hasta la saciedad:
¿Qué tiene que decir la Juez Rectora ante las denuncias de hacinamiento en cárceles y destacamentos policiales. Ante el indebido retraso de miles de causas que esperan decisión de los tribunales? ¿Ante la sistemática anulación de sentencias en las que han sido acusados funcionarios policiales y castrenses?
¿Qué hace el Fiscal Superior de Lara cuando cientos de víctimas con pruebas en mano recurren a las diversas fiscalías en busca de respuestas y por respuesta consiguen que ahora las víctimas deben actuar como investigadores de sus propias causas, ante el abandono de investigaciones por el "brazo auxiliar" del Ministerio Público, como pretenden seguir presentándonos al CICPC
¿Dónde quedó el proceso de depuración de los cuerpos policiales? Tres jóvenes del sector Cerro Gordo de Barquisimeto acaban de ser ejecutados y sus familiares señalan como responsables a funcionarios de polilara, mientras una veintena de sentenciados por los tribunales cumplen ficticiamente la condena en su comando policial, algunos todavía devengando salarios.
¿Ha discutido el Consejo Legislativo del estado Lara y la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, las denuncias presentadas en el libro IMPUNIDAD Y PODER? ¿Qué tienen que decir al respecto?
 ¿Ignoran flagrantemente los señores diputados las denuncias que presentan las organizaciones de Derechos Humanos del estado y el país?
Sociedad sin respuestas. Un Estado que pretende tender un muro entre la denuncia y la gestión pública y dejar al margen de la discusión de nuestros problemas nacionales a todos los ciudadanos, quienes a criterio del gobierno y sus acólitos, deberíamos cruzarnos los brazos y observar sus ejecutorias.
De allí la necesidad de organizarnos contra el olvido y la desmemoria, con nuestra propia agenda reivindicativa, articulándonos como redes de colectivos autónomos, practicando la solidaridad activa, fuera de intereses parciales, coyunturales y oportunistas.

GUARDAR SILENCIO ANTE LA IMPUNIDAD ES ACTUAR A SU FAVOR.
COVICIL- SEPTIEMBRE 2012
covicilcovicil@yahoo.com

lunes, 3 de septiembre de 2012

Morir y llorar en Venezuela

Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres

En Venezuela, entre 1996 y 2009, según los Anuarios de Mortalidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud disponibles, han muerto por armas de fuego 139.063 per-sonas, entre 5 y 44 años el 78,46% de ellos. El 96,69% varones para robarle una moto, un teléfono celular, porque bailó con la chica que me gusta, porque estaba en el camino de una bala que disparé o, simplemente, porque «a mi me dio la gana matarlo».
Ya la gente no muere en Venezuela por decisión de DIOS, como decían antes, sino por una mano tan joven como quien muere, que aprieta un gatillo y decide por EL. Esto significa que las consecuencias de sobrevivir después de una muerte violenta, son básicamente un problema de familia, particularmente de las mujeres de la familia que, en Venezuela, en promedio, consta de 5 personas: si 1 muere por violencia armada le so-breviven 4 personas en su familia.
Esto nos lleva a una cifra de 556.252 personas directa-mente afectadas, muchas de ellas mujeres y niñas. Esta cifra se cuadruplica si incluimos a la familia ampliada que no reside en el mismo hogar; tías y tíos, primas y primos, abuelas y abuelos, etc. Este número llega a más de cinco millones de personas en duelo más o menos profundo, siempre doloroso que, explica el miedo con el cual vivimos hoy las y los venezo-lanos, reflejo de una crisis de violación del derecho a la vida, que mantiene a la población temerosa de ser el próximo en morir o la próxima en llorar la muerte de un hijo, hermano, padre, esposo o compañero de vida (1).
Este drama nacional amerita respuestas urgentes que den apoyo a las mujeres que encabezan la mayoría de estas familias, para ayudarles a superar el duelo por la muerte vio-lenta que, es más traumático por ser súbito e inaceptable.
 El predominio de mujeres en este grupo de víctimas secundarias sigue pasando desapercibido, a pesar del costo en salud física y mental que implica para ellas. Del dolor a la esperanza Hay que prevenir y evitar que continúe la endemia homicida e intervenir para redu- cir el trauma social que sufre el país. Para ello el Estado debe:
• Desarrollar políticas públicas coordinadas, descentralizadas, con base comunitaria y personal capacitado en salud mental y trabajo social, que ayude a elaborar el duelo en las mujeres, niños y adolescentes para que no busquen la venganza y no se los trague la violencia.
• Garantizar el acceso a la justicia sin complicidad, corrupción policial o ineficiencia del Ministerio Público, Tribunales y Prisiones.
 • Desarrollar la educación para la paz desde la escuela, para prevenir la violencia, atenderla y derivar al sector salud de ser necesario.
 • Las universidades nacionales deberán proveer recursos humanos aptos para enfrentar estas necesidades y apoyar las organizaciones de la sociedad civil.
• Dar prioridad en las políticas de vivienda, trabajo y educación a las mujeres y sus familias víctimas secundarias de la violencia por armas de fuego.

 1.Esta cifra aumenta si incluimos amigos y amigas, compañeras y compañeros de estudios o trabajo. Hay menos hombres porque los padres o han abandonado la familia o han muerto muchos de ellos por la violencia.