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Entre enero y septiembre de 2013 la situación de la libertad
de expresión en Venezuela mantiene los problemas estructurales: los casos de
violaciones a este derecho superan en un 56% a los registrados durante el mismo
período de 2012. Los ataques a periodistas y medios, censura, intimidación,
hostigamiento judicial y verbal, amenazas, restricciones administrativas,
opacidad en el acceso a la información pública, y el abuso de poder en la
campaña electoral son hechos cotidianos.
Varias organizaciones venezolanas presentaron ante la CIDH
esta situación, enfatizando en casos en los elementos sustantivos que afectan
la posibilidad del debate amplio en la sociedad, incluyendo las afectaciones a
la libertad de expresión en el contexto de los debates electorales y expresión
al interior del parlamento.
Preocupa la creciente censura de las opiniones distintas al
gobierno, convirtiéndose en la violación más frecuente de la libertad de
expresión en el país: suma 71 casos en nueve meses, lo que representa un
incremento de 87% respecto al mismo período en 2012 (38 casos). Desde enero a
septiembre se han cerrado programas de televisión y radio críticos al gobierno,
además del bloqueo de páginas web desde Cantv y la interrupción nacional de acceso
Internet del 14 de abril, día electoral.
El Estado también ha aplicado medidas legales para
restringir el trabajo de periodistas y medios privados independientes a través
de acciones judiciales y órdenes ejecutivas. Resalta el caso del diario 2001,
investigado por la publicación de información sobre escasez de gasolina en su
portada del 10 de octubre, días después de que Maduro solicitara públicamente a
la Fiscal General que evaluara medidas especiales para “castigar” a quienes
hablaran del tema.
La escasez de papel prensa sigue amenazando la circulación
de diarios de todo el país, regionalmente han cerrado al menos tres periódicos,
e incluso El Nacional han tenido que eliminar un suplemento para reservar
materia prima. Sin embargo, el Minci refleja como uno de sus logros en 2012 la
creación de una imprenta para el Sistema Nacional de Medios Públicos, que
produce “120 mil ejemplares para el diario Ciudad Caracas, y 51 mil para el
Correo del Orinoco”, y la publicación de “7.752.905 ejemplares de libros,
folletos y otros materiales informativos de corte “revolucionario”.
Mientras se silencian voces diversas, el Estado aumenta su
poder comunicacional para construir un monopolio mediático y difundir su punto
de vista; en 2004 sólo contaba la señal de Venezolana de Televisión (VTV), actualmente maneja siete canales, cuatro circuitos radiales con transmisión
nacional; tres diarios financiados por los fondos públicos; y 280 medios
comunitarios, de los cuales 148 han sido “fortalecidos” según las intenciones
comunicacionales gubernamentales.
El discurso oficialista es replicado en los medios públicos
pero los ciudadanos no pueden acceder a la información oficial que, por ley, es
pública. Durante septiembre y octubre de 2013 se entregaron 84 peticiones de
información pública a instituciones gubernamentales que incluyeron
Gobernaciones, Alcaldías, Ministerios, Empresas o Instituciones Públicas y
Altos Poderes Públicos. El resultado: en
97% de los casos no se obtuvo la información requerida.
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