lunes, 28 de octubre de 2013

La libre asociación es esencial para la defensa de los derechos humanos

Acción Solidaria (AcSol)
@accionsolidaria
Actualmente las organizaciones que trabajan en torno al VIH se extienden por todos los rincones del mundo y han catalizado un profundo cambio en la forma en que abordamos la salud, los derechos humanos y el desarrollo”. Son palabras deMichel Sidibé, Director Ejecutivo del ONUSIDA, escritas en diciembre del año 2011, en el prólogo a las Directrices que rigen el trabajo de esta organización de las Naciones Unidas con las organizaciones de la sociedad civil en VIH, como asociadas esenciales para alcanzar las metas mundiales de cero epidemia, erradicar la discriminación y consolidar la universalidad de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas con VIH. 
El movimiento de la sociedad civil en VIH ha sido uno de los ejemplos de fuerza social e incidencia pública más trascendente y perseverante en el mundo. Muchos de los más destacados avances en materia de VIH no hubieran podido lograrse sin el liderazgo y la activa participación de organizaciones civiles libremente constituidas por activistas, personas afectadas, parejas y otros familiares, que de manera sistemática afrontaron los estigmas sociales, la negación de la ciencia médica, las prácticas coercitivas de la salud pública y la indiferencia, así como las políticas de criminalización utilizadas por los Estados ante la epidemia. La movilización e incidencia de las organizaciones de VIH logró a nivel mundial:
 a)            disminuir significativamente las muertes por Sida, ejerciendo acciones públicas y vías legales para que los Estados aceptasen obligaciones con el acceso a las pruebas diagnósticas, los avances científicos y el suministro de medicamentos antirretrovirales;
 b)            reducir las enfermedades asociadas al VIH, impulsando iniciativas ante los Ministerios de Salud para incorporar las pruebas de seguimiento y los servicios especializados en VIH a los sistemas sanitarios;
  c)            descender de manera sostenida las nuevas transmisiones, haciendo notables esfuerzos de alianzas con productores, medios de comunicación y organismos internacionales para ofrecer información y facilitar el acceso a métodos seguros de prevención a la población entre 15 y 49 años de edad; y
 d)            promover el reconocimiento de libertades y derechos de las personas con VIH, asumiendo la defensa de sus derechos ante los órganos competentes y creando ambientes protectores de la discriminación.
En Venezuela, la historia es la misma. Para 1998, solo 2.5% de las 8.000 personas con VIH registradas oficialmente recibía tratamiento antirretroviral, y fallecía el 52%.  Sin embargo, la tenacidad de las organizaciones hizo que llegaran los primeros medicamentos al país: entre 1999 y 2001, gestionaron 20 amparos judiciales que ordenaron al Estado venezolano garantizar tratamiento y atención a la salud de todas las personas. Más tarde, se organizaron en redes para exigir su cumplimiento; a ello se debe que hoy más de 40.000 personas con VIH tengan acceso a tratamiento.
De igual modo, hace 11 años había apenas 18 servicios de salud especializados en VIH en todo el país. Gracias a la labor de las organizaciones en la asistencia a las personas afectadas en los centros de salud, la apertura de laboratorios y de servicios de asesoría y atención, en la actualidad hay 61 servicios de VIH abiertos y 90 organizaciones activas que complementan esta atención a través de programasdirigidos hacia poblaciones vulnerables (niños, jóvenes, mujeres y personas LGBTI).
La libertad de asociación es un derecho indispensable para la defensa de los derechos humanos. Las adversidades extremas a las que están sometidas las víctimas de violaciones de derechos, como es el caso de las personas con VIH —afectadas permanentemente por prácticas discriminatorias y denigrantes—, han tenido solución a través de las asociaciones. En ellas han conseguido apoyo, solidaridad, protección, información y mecanismos para enfrentar entornos hostiles y restrictivos. Desconocer la labor de las asociaciones que trabajan en VIH y no dialogar con ellas, someterlas a la difamación y a la sospecha por su carácter autónomo y crítico a las políticas de Estado, excluirlas de la participación en las decisiones públicas relativas al VIH, negarles el acceso a la información y a la asistencia legal de las víctimas, son conductas violatorias de las obligaciones de los Estados con los derechos humanos.  Como consecuencia,  lejos de garantizar el respeto de la dignidad de las personas con VIH y las poblaciones vulnerables, dichas conductas las exponen al estigma y a la discriminación y las alejan de los programas de prevención, apoyo y atención. 


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