miércoles, 2 de mayo de 2012

Foro por la Vida rechaza criminalización de ONG que monitorean el tema penitenciario


Caracas, 30 de abril de 2012. Organizaciones del Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, conjuntamente con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Una Ventana a la Libertad expresamos nuestra preocupación por la situación del Internado Judicial La Planta y rechazamos los ataques producidos, a través de redes sociales y medios de comunicación, contra organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos que monitorean la situación de los centros penitenciarios del país: Carlos Nieto Palma de la organización Una Ventana a la Libertad y Humberto Prado del Observatorio Venezolano de Prisiones.

El Foro por la Vida  ha expresado en reiteradas oportunidades su preocupación por el creciente proceso de debilitamiento de las garantías para el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en el país y con ello el incremento de los riesgos para los activistas, las continuas descalificaciones y hostigamientos a su trabajo.

La situación irregular en el Internado Judicial La Planta comenzó el viernes 27 de abril de 2012, cuando autoridades del Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios denunciaron un intento de fuga de privados de libertad, a través de un túnel que conectaba con el desagüe del centro, de acuerdo con la información pública disponible. Desde ese día, hasta le fecha se mantienen cuerpos de seguridad en las cercanías del Paraíso, en Caracas, donde se encuentra ubicado el centro penitenciario.

El 30 de abril de 2012, mediante un contacto telefónico con el canal del Estado Venezolana de Televisión, la Ministra para los Servicios Penitenciarios, Iris Varela declaró lo siguiente: “Nos hemos encontrado con algunos internos que tienen informaciones. Algunas ONG les manifiestan algunas cosas para ponerlos (a los privados de libertad) en zozobra y asustarlos, para que la situación no se desarrolle en sana paz, como es la misión del Ministerio para los Servicios Penitenciarios”.

Organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Una ventana a la Libertad han realizado denuncias sobre la situación penitenciaria del país y específicamente de este centro, el cual se encuentra sin director desde el 15 de marzo de 2012 y se encuentra por encima de su capacidad operativa, pues tiene espacio para albergar a 350 privados de libertad, pero se encuentran aproximadamente 2600 personas, de acuerdo con información publicada por estas organizaciones.

El Foro por la Vida recuerda que el Estado venezolano se encuentra en mora en el cumplimiento de la sentencia del caso Montero Aranguren y otros, conocido como el Retén de Catia, emitida en 2006, en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza una serie de recomendaciones para que el Estado venezolano adecúe las cárceles de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos, que de ser aplicado, la situación carcelaria mejoraría.

Igualmente, el Estado se encuentra en mora en el cumplimiento de las medidas provisionales de protección otorgadas por la Corte Interamericana a los centros penitenciarios: Rodeo I y Rodeo II, Yare I y Yare II, Internado Judicial de Monagas “La Pica”, el Centro Penitenciario Región Centro Occidental Uribana, Centro Penitenciario  de Aragua (Cárcel de Tocorón) y  el Internado Judicial de Ciudad Bolívar (Cárcel de Vista Hermosa).  Aún con estas medidas, la impunidad, el hacinamiento, las violaciones al debido proceso, el trato degradante a los internos y la violencia siguen siendo los principales problemas en las prisiones venezolanas.
Por todo esto, solicitamos a los órganos del Poder Público:
1.      Garantizar el pleno respeto del Derecho a la vida y debido proceso de las personas privadas de libertad que se encuentran en el centro penitenciario de La Planta, así como adecuar las medidas de control de orden público en este centro. Similares políticas deben implementarse en el resto de las cárceles del país.
2.      Tomar las medidas necesarias para poner fin a las amenazas a las organizaciones y a los defensores y defensoras de derechos humanos en el país, especialmente contra aquellas organizaciones que monitorean la situación del sistema penitenciario den Venezuela.
3.      Dar inmediato y efectivo cumplimiento a las recomendaciones de la sentencia emitida en 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del Retén de Catia,  así como a las medidas provisionales otorgadas por este organismo del Sistema Interamericano en favor de diversos centros penitenciarios, para disminuir los hechos de violencia y violaciones de derechos humanos que allí ocurren.
4.      Abrir canales de comunicación e interlocución con los familiares de los internos e internas, así como con las organizaciones de sociedad civil para la búsqueda conjunta de caminos que hagan realidad la plena vigencia de los derechos humanos en los centros penitenciarios en Venezuela.
Organizaciones firmantes:
Observatorio Venezolano de Prisiones
Una Ventana a la Libertad
- Por la vocería del Foro por la Vida:
Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos entre febrero y marzo de 1989 (COFAVIC).
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA).
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. 

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