miércoles, 11 de abril de 2012

Foro por la Vida exige que se investiguen los hechos de caso de defensor DDHH que llega a la Corte IDH

Caracas, 1 de marzo de 2012. La Corte Interamericana de Derechos Humanos realizará el 2 de marzo de 2012 la audiencia sobre el caso de Joe Castillo, joven defensor de derechos humanos venezolano quien fue asesinado el 27 de agosto de 2003 en Machiques, estado Zulia, cuando se encontraba con su esposa Yelitze Moreno y su hijo de un año y medio de edad.

Este caso, en el cual se señala al Estado venezolano por violaciones al derecho a la vida, integridad personal, garantías judiciales, protección judicial, derecho a la libertad de pensamiento y expresión permanece en absoluta impunidad, sin que se haya condenado a alguna persona por estos hechos durante nueve años, y la última decisión tomada en el caso fue la figura de archivo fiscal, dictada por el Ministerio Público.

Es por esto que las organizaciones del Foro por la Vida que suscribimos este comunicado, expresamos nuestra más profunda preocupación por la situación de impunidad en la que permanece este caso y exigimos al Estado venezolano, de manera inmediata, sin dilaciones, investigar los hechos y sancionar a los responsables.

El Foro por la Vida invita a seguir la audiencia pública sobre este caso, que será transmitida en vivo, a través de la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (www.corteidh.or.cr)  el viernes 2 de marzo de 2012, a las 10:30 am (Hora de Venezuela) y en la misma declarará Yelitze  Moreno,  testigo presencial de los hechos, así como dos peritos, uno presentado por el Estado y el Dr. Michel Reed, propuesto por los representantes de las víctimas.

Joe Castillo se desempeñaba como coordinador de la Oficina de Acción Social y Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Machiques, donde también trabajaba su esposa Yelitze Moreno de Castillo. Entre sus actividades se encontraban, la asistencia legal, monitoreo y apoyo en la elaboración de leyes en temas migratorios, asilo y refugio en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia; trabajo de difusión y capacitación en derechos humanos con las comunidades indígenas de la Sierra de Perijá, así como apoyo legal a los campesinos vinculados a los procesos de recuperación de tierras. Este trabajo lo realizó conjuntamente con la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y Desplazados (ACNUR).

El 27 de agosto de 2003 mientras Joe Castillo, junto con su esposa e hijo, se dirigía en automóvil  a su residencia en la urbanización Tinaquillo de Machiques, en el Estado Zulia en Venezuela (frontera con el Norte de Santander de Colombia), dos personas que se desplazaban en una moto, alcanzaron el automóvil por el lado del conductor, disminuyendo la velocidad para confirmar la identidad de quienes iban en el vehículo, y pocos metros más adelante dispararon en trece oportunidades en contra de los integrantes de la familia Castillo. De los 13 disparos emitidos, 9 impactaron contra Joe Castillo causándole la muerte.  Los impactos de bala causaron heridas a Yelitze Moreno de Castillo y su hijo, quienes tuvieron que ser atendidos en una sala de emergencias de la ciudad de Maracaibo y ser intervenidos quirúrgicamente.  Yelitze Moreno de Castillo presentó heridas producidas por arma de fuego a nivel de la región del antebrazo izquierdo con entrada y salida, en la región del hemitórax izquierdo y en el hombro de lado izquierdo.  El hijo de los Castillo presentó heridas por arma de fuego a nivel de la región del antebrazo izquierdo con entrada y salida, en la región de  los dos hombros, y en la región del hemitórax izquierdo.

El caso de Joe Castillo y otros fue presentando el 20 de marzo del 2006 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas y por el Centro para la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL), organizaciones que han denunciado  el incremento en los últimos años de actos de agresión contra los defensores y defensoras de derechos humanos, desde ataques contra la integridad física y la vida, las amenazas y los hostigamientos, hasta campañas de intimidación y desprestigio.

 Joe Castillo había informado a su equipo de trabajo temor por su vida, indicando que solicitaría al ACNUR que le facilitara más seguridad dado el riesgo que corría su vida.  Los peticionarios de este caso alegan que pese a que los hechos de violencia en la zona fronteriza Colombia-Venezuela en el Estado Zulia era de conocimiento público, el Estado no adoptó medida alguna para prevenir o evitar que se produjeran otros atentados a la vida e integridad personal en los cuales se incluyen los ocurridos a las presuntas víctimas del presente caso.

Por esto, es importante que el Estado venezolano reconozca la importancia del artículo 1 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 1999, la cual indica lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. Por lo que deben ofrecerse las garantías debidas  para el trabajo que realizan las defensoras y los defensores de derechos humanos en el país.

Por la Vocería del Foro por la Vida:

-Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

-Centro para la Paz y Los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela.

-Comité de familiares de víctimas de los sucesos entre febrero y marzo de 1989 (COFAVIC).

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