lunes, 30 de septiembre de 2013

Derecho a la Salud: centralismo, carencias en recursos y en diálogos


Provea
@_provea
Con la Constitución de 1999 se sentaron las bases legales para cambiar el proceso de privatización de la salud que vivía el país para, en su lugar, establecer un sistema basado en un enfoque de derechos humanos, garantizando la gratuidad de la atención y poniendo el acento en la prevención y promoción de la salud como complemento de la gestión de la medicina curativa. Para ello, la misma Constitución estableció un periodo no mayor de dos años para que la Asamblea Nacional aprobara una Ley de Salud, incorporando los principios constitucionales e internacionales para la protección del derecho a la salud.  Trece años más tarde, luego de vencido el plazo constitucional, la Asamblea Nacional no ha cumplido con su obligación.

La ausencia de esta ley se suma a múltiples factores que mantienen al sistema de salud venezolano en una crisis permanente.  Los enormes esfuerzos del Estado para fortalecer la infraestructura del sector salud y el desarrollo de un incipiente proceso de participación ciudadana acompañado de varias misiones sociales, fueron entorpecidos por una gestión centralista de las políticas públicas de salud. Estas políticas generaron y siguen generando resistencias de los trabajadores del sector salud quienes han visto cómo sus condiciones laborales se deterioran gracias a la congelación de las contrataciones colectivas y a los aumentos irrisorios de sus salarios mediante decretos del Ejecutivo.

Tradicionalmente, en el gasto total de salud ha sido mayor la participación del gasto privado con respecto al gasto público. Según datos de la OMS en 1997 el gasto público era el 35,9% y el privado era 64,1%. Entre 1997 y 2007 el gasto fluctuó a la alza tocando su tope máximo en 2007 con el 46,5%, pero en 2010 volvió a niveles similares a los de 1997, con tan solo 34,9%. El gasto privado sigue siendo el más representativo. No deja de resultar paradójico que el Estado, que es el mayor empleador del país, ofrezca dentro de los beneficios a los empleados públicos, pólizas de salud para ser atendidos en clínicas y centros de salud privados (HCM: hospitalización, cirugía y maternidad). Los recursos públicos van de esa manera al sector privado mientras la infraestructura del sector público se deteriora junto con las condiciones laborales de sus trabajadores.

Las políticas públicas de salud han tenido resultados positivos en el aumento de las esperanzas de vida al nacer, pero no han revertido la cantidad de muertes maternas anuales ni la mortalidad infantil. El número de médicos por cada 10.000 habitantes era de 24,2 en 1997 y pasó a ser de 13 en 2007. La misma tendencia regresiva se presenta en el número de camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes que era de 15 en 1996 y pasó a 10,83 en 2010. Es particularmente sensible la situación de las más de 40.000 personas con VIH quienes requieren el Tratamiento Antirretroviral de Alta Eficacia (TAR). Durante los últimos cuatro años han fallado los inventarios y los procesos de compra, distribución y entrega de los TAR a cargo del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Inclusive han llegado a faltar los reactivos para el diagnóstico, control y seguimiento al VIH.

Para Provea, es indispensable que se aumente el porcentaje del PIB destinado al sector salud y que se garantice un presupuesto adecuado para fortalecer el sistema público de salud. Se deben mejorar las condiciones laborales y de profesionalización de los trabajadores y las trabajadoras de la salud a través de la discusión de las contrataciones colectivas vencidas y el cumplimiento de las que ya están vigentes.

Urge además impulsar un plan de expansión, recuperación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria nacional. En particular es importante ampliar la cobertura y prestación de servicios de la Misión Barrio Adentro y del sistema hospitalario nacional, para fortalecer el enfoque integral de atención pública en salud.

Para responder a la conflictividad social y laboral que existe en el sector salud, es indispensable convocar a un amplio diálogo nacional con todos sus actores para concertar un proceso de integración democrática y descentralizada del Sistema Público Nacional de Salud.

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