Provea
Foro por la vida
Para el día 18 de febrero se encuentra pautado el reinicio
del juicio contra la
Sociedad Homo Et Natura y Provea por haber prestado apoyo, y
solidaridad, a la vigilia que el pueblo indígena yukpa realizó frente a la sede
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas. Como se recordará, en julio
del 2010 menos de un centenar de yukpas, provenientes de la Sierra del Perijá,
comenzaron a pernoctar en las puertas del principal tribunal del país para
exigir celeridad procesal. Meses antes, en febrero, representantes legales de
dos caciques de la etnia introdujeron una acción de amparo constitucional para
invocar la aplicación del artículo 260 de la Constitución , el cual
expresa “las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en
su hábitat instancias de justicia con base a sus tradiciones ancestrales y que
sólo afecten a sus integrantes…”. El motivo de la interpelación fue la
detención de tres indígenas acusados de estar vinculados a los homicidios
ocurridos el 12 de octubre de 2009, producto de un enfrentamiento dentro de una
finca, la cual había sido ocupada para presionar al Estado venezolano por la
celeridad en el proceso de demarcación de tierras. Por tanto, la protesta
indígena frente al TSJ no era un hecho casual, sino consecuencia de dos
omisiones gubernamentales: Los nulos avances en el proceso de demarcación de
tierras indígenas y el retardo procesal en dar respuesta a la acción jurídica.
Como se denunció en su momento, los indígenas permanecieron varios días en la
vigilia sometidos a hostigamientos de las autoridades. El 22 de julio
funcionarios de la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Consejo de
Protección del Niño, Niña y Adolescente (CPDNA) amenazaron con el retiro del
lugar de los niños, niñas y adolescentes de los brazos de sus madres y
representantes, para supuestamente salvaguardar su integridad física. Por
insólito que parezca, esta es la base de la demanda contra las dos
organizaciones defensoras de derechos indígenas.
Provea entiende que el trabajo de
garantizar el disfrute de la dignidad humana, para todos y todas, pasa
obligatoriamente por fortalecer la autoorganización y autonomía de los sectores
populares en el reclamo de sus derechos. Por ello Provea reseñó y reivindicó en
su página web la toma del tribunal. Entrevistó a integrantes del pueblo
indígena y convocó a la solidaridad activa con los yukpas. Ese hecho, informar
y además expresar nuestra solidaridad
con la lucha de los Yukpa, según el expediente, también son motivos de
juicio.
A pesar de los continuos descalificativos, las campañas de desprestigio y las
amenazas de todo tipo, incluyendo las judiciales, Provea continuará de lado de
las víctimas. Sin embargo, no es la sanción contra nuestra organización, del
tipo que sea, el asunto que más nos preocupa. Una sentencia condenatoria
constituiría una jurisprudencia en contra de la posibilidad que los pueblos
indígenas de Venezuela ejerzan su derecho a la protesta. Como cualquier
estudiante de antropología del primer semestre conoce algunas comunidades
indígenas, como es el caso de los Yukpa, actúan teniendo siempre a la unidad
familiar como eje de sus acciones.
Acusar a los indígenas Yukpa de utilizar a sus niños como escudos
humanos es, sencillamente, desconocer su cultura y cosmovisión. ¿Por qué esos
funcionarios no se preocuparon y preocupan por las carencias que los indígenas
tienen en sus hábitats? ¿Por qué no una acción de protección para exigir al
Estado les garantice mejor calidad de vida?
Una extraña paradoja ha hecho que los mismos argumentos
contra la lucha Yukpa sean los que el Estado chileno ha utilizado contra los
indígenas mapuches. Por otra parte, el juicio será una nueva oportunidad para
visibilizar los problemas estructurales padecidos por las comunidades
originarias del país: El estancamiento de la demarcación de sus territorios; la
ausencia del derecho de consulta previa, libre e informada; el impacto de la
explotación energética en sus territorios y la presencia de militares y otros
actores armados en sus territorios.
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