lunes, 29 de octubre de 2012

24 años sin justicia para El Amparo


Este 29 de octubre se cumplen 24 años de uno de los casos de violación a los derechos humanos más emblemáticos en la historia venezolana: La Masacre de El Amparo, 1988. Un hecho en el que fueron asesinados 14 pescadores por efectivos del Comando Específico José Antonio Páez (integrado por funcionarios de la Policía Técnica Judicial, la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención y miembros de las Fuerzas Armadas), en el sector conocido como Caño La Colorada del estado Apure, zona fronteriza con Colombia, en una operación denominada "Anguila III", creada por el gobierno para ese entonces de Jaime Lusinchi para luchar contra grupos subversivos colombianos.

Una vez perpetrada la matanza, los efectivos alegaron ante la justicia y la opinión pública que los pescadores eran guerrilleros colombianos que posiblemente estarían preparando acciones en territorio venezolano y que ellos habían actuado defendiendo la soberanía del país. Pero, gracias a que dos pescadores sobrevivieron a la masacre y con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos como Provea, los argumentos de los efectivos fueron desmontados ante instancias internacionales de protección a los derechos humanos, pues las víctimas al no encontrar justicia en el país presentaron su caso –junto con Provea– en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 1990 y luego el SIDH, a solicitud de los representantes de las víctimas, lo elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1994.

En 1995 el gobierno venezolano, presidido por Rafael Caldera, reconoció los hechos y asumió el compromiso de indemnizar a las víctimas. Con este reconocimiento, la CorteIDH dictó sentencia contra el Estado venezolano, convirtiéndose ésta en la primera contra Venezuela. En 1996 la Corte dictó una nueva sentencia donde el Estado quedó obligado a investigar y sancionar a los responsables así como indemnizar a las víctimas. En el gobierno de  Caldera se canceló casi la totalidad de la indemnización, el restante fue pagado bajo la gestión del Presidente Hugo Chávez. No obstante, los culpables de la masacre no han sido castigados.

Es así, como luego de 24 años el gobierno no ha sancionado a los culpables sino más bien los ha premiado postulándolos a cargos públicos de elección popular. Es el caso de Ramón Rodríguez Chacín candidato a la gobernación del estado Guárico, quien además ha ocupado dos veces el cargo como Ministro de Interior y Justicia. Es de recordar que Rodríguez Chacín es uno de los presuntos autores intelectuales de la masacre, pues formaba parte del Comando José Antonio Páez y además un testigo declaró ante la justicia militar que llevaba el caso que había sido citado por Rodríguez para preparar el enfrentamiento.

Desde Provea deploramos que el partido de gobierno, Partido Socialista Unido de Venezuela haya postulado a Chacín a la elección para la gobernación de Guárico. Su designación significa un aval a la impunidad y una contradicción del discurso oficialista de investigar y sancionar los crímenes del pasado. Exigimos al Ministerio Público que investigue al ciudadano Ramón Rodríguez en cumplimiento con la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998.

El año pasado Provea envió una comunicación a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, para que se pronunciara sobre el caso El Amparo y solicitara una reunión con los sobrevivientes, familiares de las víctimas y sus representantes para dar información sobre el alcance de las investigaciones y las gestiones a realizar. Asimismo, le solicitamos el cronograma, ordenado por la Corte, que debía presentar el Estado venezolano sobre la información puntual, clara y exhaustiva sobre las gestiones que realizaría para investigar los hechos, identificar y, en su caso, sancionar a los responsables, las posibles fechas de tales gestiones y las instituciones o personas que las llevarían a cabo. Hasta la fecha, la Fiscalía no ha respondido la petición y el Estado no ha presentado el cronograma de trabajo que debe implementarse.

Foro por la Vida.
Provea

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