Provea
@_provea
Con la
Constitución de 1999 se sentaron las bases legales para cambiar el proceso de
privatización de la salud que vivía el país para, en su lugar, establecer un
sistema basado en un enfoque de derechos humanos, garantizando la gratuidad de
la atención y poniendo el acento en la prevención y promoción de la salud como
complemento de la gestión de la medicina curativa. Para ello, la misma Constitución
estableció un periodo no mayor de dos años para que la Asamblea Nacional
aprobara una Ley de Salud, incorporando los principios constitucionales e
internacionales para la protección del derecho a la salud. Trece años más tarde, luego de vencido el
plazo constitucional, la Asamblea Nacional no ha cumplido con su obligación.
La ausencia
de esta ley se suma a múltiples factores que mantienen al sistema de salud
venezolano en una crisis permanente. Los
enormes esfuerzos del Estado para fortalecer la infraestructura del sector
salud y el desarrollo de un incipiente proceso de participación ciudadana
acompañado de varias misiones sociales, fueron entorpecidos por una gestión
centralista de las políticas públicas de salud. Estas políticas generaron y
siguen generando resistencias de los trabajadores del sector salud quienes han
visto cómo sus condiciones laborales se deterioran gracias a la congelación de
las contrataciones colectivas y a los aumentos irrisorios de sus salarios
mediante decretos del Ejecutivo.
Tradicionalmente,
en el gasto total de salud ha sido mayor la participación del gasto privado con
respecto al gasto público. Según datos de la OMS en 1997 el gasto público era
el 35,9% y el privado era 64,1%. Entre 1997 y 2007 el gasto fluctuó a la alza
tocando su tope máximo en 2007 con el 46,5%, pero en 2010 volvió a niveles
similares a los de 1997, con tan solo 34,9%. El gasto privado sigue siendo el
más representativo. No deja de resultar paradójico que el Estado, que es el
mayor empleador del país, ofrezca dentro de los beneficios a los empleados
públicos, pólizas de salud para ser atendidos en clínicas y centros de salud
privados (HCM: hospitalización, cirugía y maternidad). Los recursos públicos
van de esa manera al sector privado mientras la infraestructura del sector
público se deteriora junto con las condiciones laborales de sus trabajadores.
Las
políticas públicas de salud han tenido resultados positivos en el aumento de
las esperanzas de vida al nacer, pero no han revertido la cantidad de muertes
maternas anuales ni la mortalidad infantil. El número de médicos por cada
10.000 habitantes era de 24,2 en 1997 y pasó a ser de 13 en 2007. La misma
tendencia regresiva se presenta en el número de camas hospitalarias por cada
10.000 habitantes que era de 15 en 1996 y pasó a 10,83 en 2010. Es
particularmente sensible la situación de las más de 40.000 personas con VIH
quienes requieren el Tratamiento Antirretroviral de Alta Eficacia (TAR).
Durante los últimos cuatro años han fallado los inventarios y los procesos de
compra, distribución y entrega de los TAR a cargo del Ministerio del Poder
Popular para la Salud. Inclusive han llegado a faltar los reactivos para el
diagnóstico, control y seguimiento al VIH.
Para
Provea, es indispensable que se aumente el porcentaje del PIB destinado al
sector salud y que se garantice un presupuesto adecuado para fortalecer el
sistema público de salud. Se deben mejorar las condiciones laborales y de
profesionalización de los trabajadores y las trabajadoras de la salud a través
de la discusión de las contrataciones colectivas vencidas y el cumplimiento de
las que ya están vigentes.
Urge además
impulsar un plan de expansión, recuperación y mantenimiento de la
infraestructura hospitalaria nacional. En particular es importante ampliar la
cobertura y prestación de servicios de la Misión Barrio Adentro y del sistema
hospitalario nacional, para fortalecer el enfoque integral de atención pública
en salud.
Para
responder a la conflictividad social y laboral que existe en el sector salud,
es indispensable convocar a un amplio diálogo nacional con todos sus actores
para concertar un proceso de integración democrática y descentralizada del
Sistema Público Nacional de Salud.
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