Foro por la Vida expresa su solidaridad con la ONG ecuatoriana Fundación Pachamama

(Caracas, 06.12.13) El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, desea expresar su rechazo a la decisión del gobierno ecuatoriano de clausurar mediante un acto administrativo la Fundación Pachamama, en clara violación a los derechos a la libre asociación y la defensa de la dignidad humana expresada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Como ha sido un hecho público, el pasado 04.12.13 funcionarios gubernamentales y policiales se presentaron en las oficinas de la Fundación Pachamama para “clausurar” sus instalaciones, tras lo cual les informaban que la aplicación de una resolución del Ministerio del Ambiente de ese país mediante el cual se disolvía una organización que desde el año 1997 defiende los derechos humanos, con énfasis en el derecho al ambiente sano.

Un ejemplo del trabajo de la Fundación Pachamama fue el haber formado parte del equipo jurídico que desde el año 2003 llevó el caso de violación de los derechos del pueblo indígena ecuatoriano Sarayacu al realizar exploraciones petroleras en su territorio sin su consentimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En junio de 2012, luego de casi una década de litigio, la Corte IDH declaró que el Estado ecuatoriano era responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena, a la identidad cultural y por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Además el Estado fue declarado responsable por haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de dicha comunidad originaria, lo cual se ha convertido en jurisprudencia para defender los derechos de los pueblos indígenas de todo el continente.

El Foro por la Vida desea expresar sus palabras de solidaridad tanto al equipo de trabajo de la Fundación Pachamama como a sus múltiples beneficiarios, especialmente a las víctimas y familiares de violación a derechos humanos que han sido asesorados por el trabajo de esta organización no gubernamental. Las organizaciones integrantes de nuestra coalición nos declaramos en solidaridad activa, difundiendo todos los posicionamientos e información de contexto que permitan comprender la gravedad de la decisión tomada por el gobierno de Ecuador. Asimismo, solicitaremos por todas las vías a nuestro alcance que los funcionarios gubernamentales ecuatorianos reviertan una medida que viola diferentes principios y pactos internacionales en materia de protección a los derechos humanos, y que se convierte en un preocupante precedente para toda la región.

Por el Foro por la Vida:

Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV

Justicia y Paz Los Teques

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) 

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Los Defensores/as de DD.HH

Vicaría de DD.HH de Caracas

Nuestra sociedad cada día es más compleja, pensábamos que los cambios prometidos iban a ayudarnos a generar mayor humanización a la sociedad y a las instituciones, pero no ha sido así, las estadísticas de muertes y de violencia generalizada indican otra cosa, podemos buscar muchas justificaciones hasta llegar a decir que esta situación es efecto de la realidad que se vive en el mundo entero, pero nada puede justificar la muerte de inocentes y el resquebrajamiento de la dignidad humana, de sus derechos inalienables como la vida, la libertad, la paz. Somos un país democrático que anida en su corazón una constitución plena de buenos deseos para la convivencia humana, pero poco ejercida en sus núcleos fundamentales.

Ciertamente nos encontramos en un contexto histórico de deshumanización, oportuno para volver a recordar y renovar nuestras opciones ante la promoción, dignidad y defensa de la vida, la libertad, la paz, la justicia, que nos lleva responsablemente a un compromiso por la promoción y protección integral de los derechos humanos.

Dignidad que implica respeto a sí mismo como a los otros, por el reconocimiento que toda persona posee características que la elevan por encima de los otros seres. La dignidad humana es el más alto reconocimiento que persona alguna pueda tener, de allí parte el orden social, porque ninguna ley u ordenamiento jurídico provee a la persona de dignidad, sino que la reconoce y promueve.

Sentir la grandeza del ser humano en sí mismo, provoca la animación de su defensa y promoción, pero esto lleva un orden y un método, y no se puede hacer de cualquier forma, se hace desde los aspectos que la ciencias sociales y jurídicas nos indican. Quienes asumen este desafío son conscientes de lo que ello representa y corren el riesgo de ser mal interpretados, perseguidos e injuriados, sabiendo que estamos en una sociedad donde la impunidad está a la orden del día y donde los procesos, sean cuales sean, no caminan por las veredas naturales.

Es necesario reconocer la labor que realizan los defensores y defensoras de los Derechos Humanos en nuestro país, principalmente en la protección de personas o de grupos de personas que se les hayan violentado sus derechos humanos, de la denuncia pública de las injusticias que afectan a la sociedad y el control ciudadano que ejercen sobre los funcionario públicos y las instituciones democráticas. Ninguna de estas tareas es fácil en medio de la realidad de violencia que vive nuestro país. Los hechos corroboran esto: 76 casos que afectan a 92 víctimas en el año 2011, según el Informe de la Vicaría sobre la Situación de los Defensores/as de DD.HH, dicen mucho de lo que sucede en nuestro país. Se violan los derechos humanos no sólo a las víctimas, sino también a sus defensores, que nos indica el enraizamiento de las injusticias que hacen menos eficientes los valores democráticos de nuestro pueblo. Esto es totalmente contradictorio para una democracia, porque el respeto a los derechos humanos es elemento esencial para la existencia de la misma.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos son personas que tienen dignidad en sí mismas, que son merecedoras de respeto no sólo por ser ciudadanos, sino también por realizar una labor a favor de otros, conocidos o desconocidos, sin mirar su condición. Involucrarse con la historia de vida de otro ser humano o grupo de seres humanos, desde una perspectiva que va más allá de la filantropía para internarse en el mundo de los valores, de la conciencia, de la ética, de la responsabilidad, es una labor loable y digna de admiración. Los derechos y la ley están de esta manera al servicio de otros.

vicariaddhhcaracas@gmail.com

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La solidaridad al banquillo

Provea

Foro por la vida

Para el día 18 de febrero se encuentra pautado el reinicio del juicio contra la Sociedad Homo Et Natura y Provea por haber prestado apoyo, y solidaridad, a la vigilia que el pueblo indígena yukpa realizó frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas. Como se recordará, en julio del 2010 menos de un centenar de yukpas, provenientes de la Sierra del Perijá, comenzaron a pernoctar en las puertas del principal tribunal del país para exigir celeridad procesal. Meses antes, en febrero, representantes legales de dos caciques de la etnia introdujeron una acción de amparo constitucional para invocar la aplicación del artículo 260 de la Constitución, el cual expresa “las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base a sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes…”. El motivo de la interpelación fue la detención de tres indígenas acusados de estar vinculados a los homicidios ocurridos el 12 de octubre de 2009, producto de un enfrentamiento dentro de una finca, la cual había sido ocupada para presionar al Estado venezolano por la celeridad en el proceso de demarcación de tierras. Por tanto, la protesta indígena frente al TSJ no era un hecho casual, sino consecuencia de dos omisiones gubernamentales: Los nulos avances en el proceso de demarcación de tierras indígenas y el retardo procesal en dar respuesta a la acción jurídica.

Como se denunció en su momento, los indígenas permanecieron varios días en la vigilia sometidos a hostigamientos de las autoridades. El 22 de julio funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (CPDNA) amenazaron con el retiro del lugar de los niños, niñas y adolescentes de los brazos de sus madres y representantes, para supuestamente salvaguardar su integridad física. Por insólito que parezca, esta es la base de la demanda contra las dos organizaciones defensoras de derechos indígenas.

Provea entiende que el trabajo de  garantizar el disfrute de la dignidad humana, para todos y todas, pasa obligatoriamente por fortalecer la autoorganización y autonomía de los sectores populares en el reclamo de sus derechos. Por ello Provea reseñó y reivindicó en su página web la toma del tribunal. Entrevistó a integrantes del pueblo indígena y convocó a la solidaridad activa con los yukpas. Ese hecho, informar y además expresar nuestra solidaridad  con la lucha de los Yukpa, según el expediente, también son motivos de juicio.

A pesar de los continuos descalificativos, las campañas de desprestigio y las amenazas de todo tipo, incluyendo las judiciales, Provea continuará de lado de las víctimas. Sin embargo, no es la sanción contra nuestra organización, del tipo que sea, el asunto que más nos preocupa. Una sentencia condenatoria constituiría una jurisprudencia en contra de la posibilidad que los pueblos indígenas de Venezuela ejerzan su derecho a la protesta. Como cualquier estudiante de antropología del primer semestre conoce algunas comunidades indígenas, como es el caso de los Yukpa, actúan teniendo siempre a la unidad familiar como eje de sus acciones.  Acusar a los indígenas Yukpa de utilizar a sus niños como escudos humanos es, sencillamente, desconocer su cultura y cosmovisión. ¿Por qué esos funcionarios no se preocuparon y preocupan por las carencias que los indígenas tienen en sus hábitats? ¿Por qué no una acción de protección para exigir al Estado les garantice mejor calidad de vida?

Una extraña paradoja ha hecho que los mismos argumentos contra la lucha Yukpa sean los que el Estado chileno ha utilizado contra los indígenas mapuches. Por otra parte, el juicio será una nueva oportunidad para visibilizar los problemas estructurales padecidos por las comunidades originarias del país: El estancamiento de la demarcación de sus territorios; la ausencia del derecho de consulta previa, libre e informada; el impacto de la explotación energética en sus territorios y la presencia de militares y otros actores armados en sus territorios.

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Las dos caras de un gobierno que viola los DDHH

Comité de Víctimas contra la Impunidada del Estado lara COVICIL
Foro por la Vida
 La aparición de los restos de Noel Rodríguez y la reapertura del expediente del asesinato de Jesús Alberto Márquez Finol “Motilón” y de otros activistas políticos de las décadas de los 60, 70 y 80, ha sido el gran pretexto para la nueva campaña gubernamental que, como todas, sólo pretende ocultar las violaciones a los DDHH que hoy se cometen y sobre todo lavar el pasado criminal de muchos de sus actuales líderes.
Tratando silenciar estas realidades, el gobierno recurre al espectáculo mediático para entregar los restos de Noel en la Asamblea Nacional, la misma asamblea donde el diputado del partido oficialista Roger Cordero, les recuerda tenazmente a los familiares de los asesinados en la masacre de Cantaura, que la impunidad para la élite gobernante sigue siendo la norma.
Asimismo el gobierno auspicia y apoya al actual gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín cómplice del brutal policía Henry López Cisco en la masacre de El Amparo y Los Amparitos, hechos sancionados desde 1994 por la CIDDHH, gracias a la perseverancia de PROVEA. Pero, para que no quede duda del apoyo político e institucional a la impunidad, la Fiscalía General apertura un juicio penal contra esta ONG y contra Homo Et Natura, por defender los derechos de los pueblos indígenas de la Sierra de Perijá, donde las comunidades de la zona solo han recibido de este gobierno, de su ejército y de los terratenientes, represión, asesinatos y prisión.
 Los voceros oficiales se lavan la cara con la llamada “Comisión de la Verdad”, pero encubren vergonzosamente a los militares que masacraron al pueblo de Caracas en febrero-marzo de 1989, muchos de ellos altos dirigentes del gobierno actual, y criminalizan la labor de COFAVIC, organización que a lo largo de más de 20 años acompaña a estas víctimas en su lucha por acceder a una justicia que aún no llega.
Resulta decadente que, usurpando la figura de Nohel Rodríguez, la fiscal se llene la boca enarbolándose como defensora de DDHH y mire para otro lado cuando caen abatidos –en menos de 24 horas- más de sesenta venezolanos en una requisa carcelaria gracias a la nefasta gestión de su colega, la Ministra Iris Valera. Todavía los familiares de las víctimas de la masacre de Uribana siguen exigiendo información sobre el destino de los reclusos desaparecidos, sin que ninguna autoridad oficial sancione la más sanguinaria acción genocida cometida por gobierno alguno en la historia penitenciaria de este país.
Pero los hechos son testarudos. Más allá del despliegue mediático y del rimbombante discurso oficial, la brecha de la impunidad se extiende lacerando la vida de incontables venezolanos asesinados, extorsionados o secuestrados impunemente por los cuerpos policiales y militares, lo cual prueba fehacientemente la verdadera esencia militar-policiaca de un Estado- gobierno forajido. Esto no podrán ocultarlo utilizando como moneda de cambio la memoria de los hombres y mujeres que ayer lucharon por una sociedad de igualdad, trabajo, democracia y de pleno respeto y vigencia de los DDHH.
 El Comité de Víctimas Contra la Impunidad del Estado Lara aún espera de la Fiscalía General un mínimo gesto de atención a las denuncias de cientos de casos de violaciones a DDHH perpetrados bajo el mandato de Luis Reyes Reyes, y por una investigación que revele la autoría intelectual del sicariato contra nuestro compañero Mijaíl Martínez. En esta oportunidad, nos unimos al clamor de la madre del joven liceísta vilmente asesinado el 28.01.2013 por funcionarios de la Policía del municipio Iribarren que, violando el recinto educativo, le propinaron dos disparos por la espalda.
 Reiteramos nuestro compromiso con las víctimas exhortándolas a que colectiva y organizadamente transformemos el duelo privado en protesta social, contra todo intento de silenciar las violaciones a los DDHH que padecemos día a día y que con tanto afán se empeña en ocultar este gobierno que garantiza la impunidad a sus funcionarios, condenando a la mayoría, débiles jurídicos, al sicariato, la muerte “en enfrentamiento”, la criminalización y la cárcel.
Covicilcovicil@yahoo.com

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Los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos

Foro por la Vida-Vicaría DDHH Caracas

Desde hace unos de veinticinco años se ha venido usando crecientemente la expresión “defensores de derechos humanos” para referirse a una categoría de miembros de la sociedad civil y a sus organizaciones, cuya misión consiste precisamente en la protección y promoción de dichos derechos fundamentales. La Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos de 1984, ha sido seguida de numerosos otros documentos, informes y mecanismos de protección, tanto en el plano internacional como en el ámbito de entidades intergubernamentales regionales, todos los cuales  procuran destacar la necesidad y legitimidad de las actividades de estas personas e instituciones, o bien documentan y denuncian diversas formas de ataque u hostigamiento en su contra. 

¿Quiere esto decir que esa categoría de personas debe gozar de derechos especiales?  La respuesta es que en cuanto individuos no tienen ni más ni menos derechos que los que corresponde a todos los miembros de la familia humana.  Lo que sí se busca enfatizar, y con razón, es que la tarea que desempeñan es esencial y que atacar a quienes defienden los derechos humanos implica un grave riesgo para la protección de tales derechos y mayor vulnerabilidad para las personas afectadas.

Con todo, la conciencia ciudadana acerca de la vital importancia de defender y promover los derechos humanos,  parece crecer sostenidamente desde los años sesenta del siglo pasado, con ribetes semejantes, en las más distintas latitudes.  Esto es, sin duda, un signo de esperanza de cara a la persistencia, en muchos países, del autoritarismo, los intentos de socavar la democracia  y las prácticas violatorias de los fueros fundamentales de toda persona.

El movimiento pro derechos humanos se desarrolló y creció, hasta mediados de los años ochenta, principalmente luchando en contra de las prácticas represivas de regímenes dictatoriales de distinto signo ideológico.  En esta campaña, dicho movimiento logró que el concepto de derechos humanos pasara a ser una noción ético-política familiar y de uso corriente, que las preocupaciones humanitarias ocuparan los titulares de los medios de comunicación en todo el mundo y que las organizaciones internacionales y los gobernantes no pudieran hacer desentenderse de este clamor.

Las  organizaciones de derechos humanos alcanzaron mayor presencia y legitimidad.  Sin embargo, se vieron encaradas por nuevos desafíos, que consistían no sólo en defender los derechos fundamentales en situaciones de conflicto armado o de grave quebrantamiento de la democracia, sino en formular proposiciones constructivas tendientes a enfrentar un pasado de graves violaciones y a fortalecer los sistemas democráticos frente a ciertas persistentes debilidades:  la perpetuación de la pobreza; la exclusión o marginación de amplios sectores de la sociedad; endebles leyes e instituciones públicas; insuficiente participación política y una extendida corrupción.

No corresponde al movimiento de derechos humanos ni a sus defensores  tomar posiciones políticas en cuanto tales, sin perjuicio que cada persona puede tener, como individuo,  las opciones que libremente escoja.  Lo que sí es imperativo para ellos es mantener, en toda situación y bajo todo régimen o proceso político, una adhesión irrestricta al principio de respeto a los derechos humanos y una defensa decidida de los mismos y de las personas afectadas,  cuando tales derechos son violados o peligran.

Es obligación de las autoridades estatales no sólo respetar los derechos fundamentales, sino reconocer el deber y derecho de cada cual de defenderlos y promoverlos.  Y es deber de la comunidad internacional velar por la observancia de los derechos humanos, lo que supone exigir la seguridad y libertad de acción de quienes los defienden desde la primera línea.  Así lo exigen principios universales imperativos que han llegado a ser parte esencial del patrimonio ético de la humanidad.

Contacto: Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

Vicariaddhhcaracas@gmail.com

Teléfono: 0212 564 75 09

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Foro por la Vida exige libertad plena del abogado José Amalio Graterol

El 4.05.12 el abogado José Amalio Graterol , representante de Maria Lourdes Afiuni, fue detenido en la sede del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, cuando se encontraba en funciones de representación judicial de un procesado, en el Tribunal Cuarto de Juicio, a cargo de la juez Yalitza Domínguez.
El procesado se había negado a ser trasladado al tribunal, ya que la juez a cargo de su proceso había sido denunciada y se negaba a desprenderse del expediente. La juez acordó realizar el juicio en ausencia, a lo que el abogado Graterol se opuso, por tratarse de una decisión abiertamente ilegal e inconstitucional. Luego de esto, la juez ordenó su arresto en flagrancia por considerar que estaba “obstruyendo la justicia”
 El 3.06.12, se transmitió una entrevista realizada a José Amalio Graterol en el canal de televisión Globovisión, en el que hizo cuestionamientos importantes al Poder Judicial y los sucesos en las cárceles de Venezuela. Así mismo, a mediados de marzo de 2012, Thelma Fernández, abogada también de la Juez María Lourdes Afiuni y Graterol dieron una rueda de prensa donde denunciaron que recibieron amenazas. 
En esa rueda de prensa Graterol afirmó que un funcionario les había advertido que "en el Ministerio Público se estaba cocinando una maldad en su contra, siembra de drogas o armas, con la finalidad de privarnos de libertad y que no siga con el caso Afiuni". Igualmente indicó que la abogado Fernández recibió mensajes por su teléfono "descalificándola, amenazándola y ofendiendo, llamándola lacaya del imperio que vamos a ir presos. No nos importa porque seguiremos en la lucha" .
Los hechos documentados indican violaciones al derecho a la libertad personal, al derecho a ejercer libremente su profesión de abogado, la defensa de los derechos humanos y el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
 Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente , establecen en el Principio 23 que “los abogados, como los demás ciudadanos, tienen derecho a la libertad de expresión, creencias, asociación y reunión. En particular, tendrán derecho a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia y la promoción y la protección de los derechos humanos (…), sin sufrir restricciones profesionales a raíz de sus actividades lícitas…”
Igualmente, establece el Principio 16 que los gobiernos garantizarán que los abogados puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; no estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión. Finalmente, señala el Principio 20 que los abogados gozarán de inmunidad civil y penal por las declaraciones que hagan de buena fe, por escrito o en los alegatos orales, o bien al comparecer como profesionales ante un tribunal judicial, otro tribunal u órgano jurídico o administrativo.
Recordamos y nos acogemos a las palabras ofrecidas por Sra. Gabriela Knaul, Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados invitada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en conferencia ofrecida sobre la labor de la relatoría y los principios que rigen los estatutos internacionales en esta materia: "El principio de la independencia de los magistrados y abogados ha sido una obligación contemplada en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es un derecho absoluto que no está sujeto a ninguna excepción”, por lo que "Un poder judicial independiente y competente es un requisito esencial para la gobernancia y de las estrategias de lucha contra la corrupción y la impunidad en cualquier país".
Por tanto, para la garantía del derecho a la justicia de toda persona, y a que ésta sea impartida de manera independiente e imparcial, es imprescindible que jueces, fiscales y abogados puedan ejercer sus funciones libres de toda presión o amenaza. La violación de la libertad personal de Graterol, como consecuencia de defender de acuerdo con sus criterios profesionales a su cliente, constituye un obstáculo e interferencia indebida para su desempeño profesional. Debe garantizarse en todo momento que los abogados puedan defender libremente a sus clientes sin temor a represalias, y que se garantice la inmunidad civil y penal que estos tienen en su ejercicio profesional. En este sentido, las acciones tomadas contra el Dr. Graterol ponen en juego, no solo su propio ejercicio del derecho, sino de todo abogado/a, en defensa de sus representado/as y, por ende, del derecho de estos al debido proceso.
Por tanto, en este caso se viola además el derecho de Graterol de defender los derechos humanos tanto de su cliente que se encontraba defendiendo en el juicio, como los demás clientes que tiene entre los que se encuentra Afiuni; debido a que un derecho humano fundamental que debe defenderse es el del debido proceso legal. En este sentido con esta detención el Estado de Venezuela actúa en contravención con la Declaración sobre el derecho y deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos ; en especial su Artículo 1 que establece que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.
Finalmente, debemos afirmar que la libertad de expresión e información, reconocida en el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es violada con esta decisión; pues establece que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. En este caso, se está tomando una medida de privación de libertad en contra de Graterol a causa de sus opiniones, lo cual sería definitivamente una medida excesiva para contrarrestar un posible exceso a la libertad de expresión. En todo caso, en caso de que se considere que Graterol estaba obstruyendo la justicia, deberá seguirse un procedimiento disciplinario por ante el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados y nunca una sanción penal.
En consecuencia, hacemos un llamado al Estado de Venezuela para que:
1. Conceda libertad inmediata al abogado José Amalio Graterol.
2. Tome medidas para garantizar que el abogado pueda continuar ejerciendo su profesión libremente y defendiendo los derechos humanos sin intimidación ni represión alguna a causa de su labor.
3. Se garantice que el abogado pueda expresarse libremente, en especial en lo que respecta los casos que lleva, al sistema de justicia y la promoción y protección de los derechos humanos.
En Caracas, a los 8 días del mes de junio de 2012, suscrito por las organizaciones:

 -Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI)
-Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela.
-Comité de familiares de víctimas de los sucesos entre febrero y marzo de 1989 (COFAVIC).
-Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos Familiares Víctimas del estado Falcón (COPRODEH)
-Espacio Público
-Justicia y Paz Nacional
-Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
-Vicaría de Derechos Humanos de Caracas
-Observatorio venezolano de los derechos humanos de las Mujeres (OVDDHHMujeres)
-Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDDHH-UCAB)
-Acción Solidaria (ACSOL)
- Justicia y Paz Los Teques

1.Desde abril de 2010, Thelma Fernández y José Amalio Graterol asumieron la defensa de la juez María Lourdes Afiuni, encarcelada desde el 10 de diciembre de 2009, tras acordar la continuación del juicio en libertad en el caso de Eligio Cedeño, basando su decisión en lo previsto en el Código Orgánico procesal Penal y en una resolución del grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que consideró la continuada detención de Cedeño como ilegal.
2 Nota de prensa: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120315/abogados-de-afiuni-denuncian-plan-para-privarlos-de-libertad
3 Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 p. 118 (1990). Disponible en: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/spanish/si3bprl.html
4Declaración aprobada por la Asamblea General de la ONU mediante Resolución A/RES/53/144 del 8 de marzo de 1999. Disponible en: http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.53.144.Sp?OpenDocument

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Foro por la Vida rechaza robo y amenazas contra esposo de integrante del Observatorio Venezolano de Prisiones

Caracas, 1 de junio de 2012.
La vocería del Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, rechaza el robo y las amenazas en contra de Hernán Antonio Bolívar, esposo de Marianela Sánchez Ortiz, coordinadora jurídica del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Además, la coalición insta al Estado venezolano a investigar estos hechos y garantizar la vida e integridad de los defensores de derechos humanos en Venezuela. 

Hernán Antonio Bolívar, el 30 de mayo de 2012, a las 11:30 am, se encontraba en la zona de Terrazas del Ávila, en el Municipio Sucre de Caracas, cuando fue abordado por cuatro personas armadas que lo obligaron a montarse en su vehículo. Una vez dentro del vehículo amenazaron a Bolívar y le indicaron que hablara con su esposa, Marianela Ortiz, de la organización Observatorio Venezolano de Prisiones, para que dejara de denunciar la situación penitenciaria en Venezuela. Amenazaron con atacar a sus hijos e integrantes de la familia en caso de continuar con las denuncias. Indicaron saber quiénes eran sus hijos, dónde vivían y dónde trabajaban. Posteriormente, le robaron algunas de sus pertenencias y dinero en efectivo. Antes de irse, los atacantes señalaron que esta situación era una advertencia, pero que próximamente no sería así.
Integrantes del Observatorio Venezolano de Prisiones han sido víctimas de ataques y amenazas por sus constantes denuncias sobre el sistema penitenciario en Venezuela. En diversas ocasiones, Humberto Prado, director de la organización, ha sido amenazado a través de llamadas telefónicas, personas armadas que se han acercado a su residencia, entre otras acciones. Recientemente, el 20 de mayo de 2012 había recibido mensajes que indicaban que podía ver víctima de ataques y de seguimiento por su labor de denuncia y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Por esto, el Foro por la Vida considera que este ataque y amenazas contra el esposo de Marianela Ortiz, integrante del Observatorio Venezolano de Prisiones, se encuentran relacionados con su labor como defensora de derechos humanos, en especial por su trabajo ininterrumpido por nueve años en el tema penitenciario.
 El Foro por la Vida, al igual que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Front Line Defenders, la Organización Mundial contra la Tortura, entre otras, ha expresado en reiteradas oportunidades su preocupación por el creciente proceso de debilitamiento de las garantías para el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en el país y con ello el incremento de los riesgos para los activistas, las continuas descalificaciones y hostigamientos a su trabajo.
En este sentido, la coalición de organizaciones le solicita al Estado venezolano y a las autoridades correspondientes lo siguiente:
1. Garantizar la vida e integridad física de Marianela Ortiz, su esposo Hernán Antonio Bolívar y demás integrantes de su familia, así como de los miembros del Observatorio Venezolano de Prisiones.
2. Iniciar una investigación inmediata y exhaustiva del robo y amenazas ocurridas contra Hernán Antonio Bolívar, esposo de la defensora de derechos humanos Marianela Ortiz, a través del Ministerio Público, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Defensoría del Pueblo.
3. Tomar las medidas necesarias para poner fin a las amenazas a las organizaciones y a los defensores y defensoras de derechos humanos en el país, especialmente contra aquellas organizaciones que monitorean la situación del sistema penitenciario en Venezuela.
Por la vocería del Foro por la Vida:
-Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos entre febrero y marzo de 1989 (COFAVIC).
-Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA).
-Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela.

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Foro por la Vida rechaza criminalización de ONG que monitorean el tema penitenciario

Caracas, 30 de abril de 2012. Organizaciones del Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, conjuntamente con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Una Ventana a la Libertad expresamos nuestra preocupación por la situación del Internado Judicial La Planta y rechazamos los ataques producidos, a través de redes sociales y medios de comunicación, contra organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos que monitorean la situación de los centros penitenciarios del país: Carlos Nieto Palma de la organización Una Ventana a la Libertad y Humberto Prado del Observatorio Venezolano de Prisiones.

El Foro por la Vida  ha expresado en reiteradas oportunidades su preocupación por el creciente proceso de debilitamiento de las garantías para el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en el país y con ello el incremento de los riesgos para los activistas, las continuas descalificaciones y hostigamientos a su trabajo.

La situación irregular en el Internado Judicial La Planta comenzó el viernes 27 de abril de 2012, cuando autoridades del Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios denunciaron un intento de fuga de privados de libertad, a través de un túnel que conectaba con el desagüe del centro, de acuerdo con la información pública disponible. Desde ese día, hasta le fecha se mantienen cuerpos de seguridad en las cercanías del Paraíso, en Caracas, donde se encuentra ubicado el centro penitenciario.

El 30 de abril de 2012, mediante un contacto telefónico con el canal del Estado Venezolana de Televisión, la Ministra para los Servicios Penitenciarios, Iris Varela declaró lo siguiente: “Nos hemos encontrado con algunos internos que tienen informaciones. Algunas ONG les manifiestan algunas cosas para ponerlos (a los privados de libertad) en zozobra y asustarlos, para que la situación no se desarrolle en sana paz, como es la misión del Ministerio para los Servicios Penitenciarios”.

Organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Una ventana a la Libertad han realizado denuncias sobre la situación penitenciaria del país y específicamente de este centro, el cual se encuentra sin director desde el 15 de marzo de 2012 y se encuentra por encima de su capacidad operativa, pues tiene espacio para albergar a 350 privados de libertad, pero se encuentran aproximadamente 2600 personas, de acuerdo con información publicada por estas organizaciones.

El Foro por la Vida recuerda que el Estado venezolano se encuentra en mora en el cumplimiento de la sentencia del caso Montero Aranguren y otros, conocido como el Retén de Catia, emitida en 2006, en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza una serie de recomendaciones para que el Estado venezolano adecúe las cárceles de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos, que de ser aplicado, la situación carcelaria mejoraría.

Igualmente, el Estado se encuentra en mora en el cumplimiento de las medidas provisionales de protección otorgadas por la Corte Interamericana a los centros penitenciarios: Rodeo I y Rodeo II, Yare I y Yare II, Internado Judicial de Monagas “La Pica”, el Centro Penitenciario Región Centro Occidental Uribana, Centro Penitenciario  de Aragua (Cárcel de Tocorón) y  el Internado Judicial de Ciudad Bolívar (Cárcel de Vista Hermosa).  Aún con estas medidas, la impunidad, el hacinamiento, las violaciones al debido proceso, el trato degradante a los internos y la violencia siguen siendo los principales problemas en las prisiones venezolanas.

Por todo esto, solicitamos a los órganos del Poder Público:

1.      Garantizar el pleno respeto del Derecho a la vida y debido proceso de las personas privadas de libertad que se encuentran en el centro penitenciario de La Planta, así como adecuar las medidas de control de orden público en este centro. Similares políticas deben implementarse en el resto de las cárceles del país.

2.      Tomar las medidas necesarias para poner fin a las amenazas a las organizaciones y a los defensores y defensoras de derechos humanos en el país, especialmente contra aquellas organizaciones que monitorean la situación del sistema penitenciario den Venezuela.

3.      Dar inmediato y efectivo cumplimiento a las recomendaciones de la sentencia emitida en 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del Retén de Catia,  así como a las medidas provisionales otorgadas por este organismo del Sistema Interamericano en favor de diversos centros penitenciarios, para disminuir los hechos de violencia y violaciones de derechos humanos que allí ocurren.

4.      Abrir canales de comunicación e interlocución con los familiares de los internos e internas, así como con las organizaciones de sociedad civil para la búsqueda conjunta de caminos que hagan realidad la plena vigencia de los derechos humanos en los centros penitenciarios en Venezuela.

Organizaciones firmantes:

Observatorio Venezolano de Prisiones

Una Ventana a la Libertad

- Por la vocería del Foro por la Vida:

Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos entre febrero y marzo de 1989 (COFAVIC).

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA).

Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. 

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