Derecho a la Salud: centralismo, carencias en recursos y en diálogos

Provea

@_provea

Con la Constitución de 1999 se sentaron las bases legales para cambiar el proceso de privatización de la salud que vivía el país para, en su lugar, establecer un sistema basado en un enfoque de derechos humanos, garantizando la gratuidad de la atención y poniendo el acento en la prevención y promoción de la salud como complemento de la gestión de la medicina curativa. Para ello, la misma Constitución estableció un periodo no mayor de dos años para que la Asamblea Nacional aprobara una Ley de Salud, incorporando los principios constitucionales e internacionales para la protección del derecho a la salud.  Trece años más tarde, luego de vencido el plazo constitucional, la Asamblea Nacional no ha cumplido con su obligación.

La ausencia de esta ley se suma a múltiples factores que mantienen al sistema de salud venezolano en una crisis permanente.  Los enormes esfuerzos del Estado para fortalecer la infraestructura del sector salud y el desarrollo de un incipiente proceso de participación ciudadana acompañado de varias misiones sociales, fueron entorpecidos por una gestión centralista de las políticas públicas de salud. Estas políticas generaron y siguen generando resistencias de los trabajadores del sector salud quienes han visto cómo sus condiciones laborales se deterioran gracias a la congelación de las contrataciones colectivas y a los aumentos irrisorios de sus salarios mediante decretos del Ejecutivo.

Tradicionalmente, en el gasto total de salud ha sido mayor la participación del gasto privado con respecto al gasto público. Según datos de la OMS en 1997 el gasto público era el 35,9% y el privado era 64,1%. Entre 1997 y 2007 el gasto fluctuó a la alza tocando su tope máximo en 2007 con el 46,5%, pero en 2010 volvió a niveles similares a los de 1997, con tan solo 34,9%. El gasto privado sigue siendo el más representativo. No deja de resultar paradójico que el Estado, que es el mayor empleador del país, ofrezca dentro de los beneficios a los empleados públicos, pólizas de salud para ser atendidos en clínicas y centros de salud privados (HCM: hospitalización, cirugía y maternidad). Los recursos públicos van de esa manera al sector privado mientras la infraestructura del sector público se deteriora junto con las condiciones laborales de sus trabajadores.

Las políticas públicas de salud han tenido resultados positivos en el aumento de las esperanzas de vida al nacer, pero no han revertido la cantidad de muertes maternas anuales ni la mortalidad infantil. El número de médicos por cada 10.000 habitantes era de 24,2 en 1997 y pasó a ser de 13 en 2007. La misma tendencia regresiva se presenta en el número de camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes que era de 15 en 1996 y pasó a 10,83 en 2010. Es particularmente sensible la situación de las más de 40.000 personas con VIH quienes requieren el Tratamiento Antirretroviral de Alta Eficacia (TAR). Durante los últimos cuatro años han fallado los inventarios y los procesos de compra, distribución y entrega de los TAR a cargo del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Inclusive han llegado a faltar los reactivos para el diagnóstico, control y seguimiento al VIH.

Para Provea, es indispensable que se aumente el porcentaje del PIB destinado al sector salud y que se garantice un presupuesto adecuado para fortalecer el sistema público de salud. Se deben mejorar las condiciones laborales y de profesionalización de los trabajadores y las trabajadoras de la salud a través de la discusión de las contrataciones colectivas vencidas y el cumplimiento de las que ya están vigentes.

Urge además impulsar un plan de expansión, recuperación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria nacional. En particular es importante ampliar la cobertura y prestación de servicios de la Misión Barrio Adentro y del sistema hospitalario nacional, para fortalecer el enfoque integral de atención pública en salud.

Para responder a la conflictividad social y laboral que existe en el sector salud, es indispensable convocar a un amplio diálogo nacional con todos sus actores para concertar un proceso de integración democrática y descentralizada del Sistema Público Nacional de Salud.

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¿Hacia una sociedad tutelada?

Centro de Derechos Humanos – UCAB

‏@CDH_UCAB

En la semana que finaliza se realizó en la UCAB la XIII edición del ya tradicional Curso sobre sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Este año la actividad estuvo dedicada al derecho a la asociación, examinándose también la relación de éste con otros derechos indispensables para el desarrollo de la sociedad civil como son el derecho a la participación, la libertad de expresión, la reunión y la manifestación.

En la actividad, que congregó a unos 50 participantes del centro y occidente del país, se constató que la forma amplia en que el derecho a la participación se encuentra reflejado en la Constitución contrasta con un desarrollo legislativo que progresivamente ha venido restringiendo, condicionando y hasta criminalizando este derecho.

Entre el año 2000 hasta 2007, los desarrollos legislativos posteriores a la aprobación de la Constitución de 1999, se caracterizaron por la incorporación de mecanismos específicos de participación de determinados sectores vulnerables. Sin embargo, a partir de la primera normativa sobre los Consejos Comunales en 2006, comienzan a asomarse condicionamientos de la participación a un solo modelo de asociación.

En 2007, pese al rechazo a la propuesta de reforma de la Constitución, se produce un punto de inflexión en el andamiaje normativo general, con efectos directos sobre el derecho a la participación, lo cual se expresa en un incremento de la tendencia tutelar del Estado mediante leyes aprobadas vía habilitante, así como de la reorganización del aparato estatal en el marco del Primer Plan Socialista y en contra de la Constitución que permanece teóricamente vigente.

A partir de 2010 y hasta el presente, se da un aceleramiento del proceso de estatización de la sociedad, mediante la imposición inconstitucional de un nuevo modelo geoestratégico que se basa en el llamado “Estado comunal”.

El paquete de leyes aprobadas en 2010, así como algunas de las promulgadas por el Presidente en razón de la tercera ley habilitante otorgada en ese mismo momento, se reconoce un solo tipo de organización válida para el ejercicio del derecho a la participación política, se impone una figura paralela a las tradicionales y además se restringe y penaliza otras formas de ejercicio de este derecho. Todas las leyes del Estado comunal invocan constantemente su apego a la Constitución y a los principios de democracia participativa y protagónica, cuando su promulgación solo resultaría ajustada al marco constitucional si se hubiese aprobado la consulta sobre la reforma de la Carta Magna en 2007.

A lo anterior se suman prácticas que imponen por la vía de hecho reformas normativas que no se encuentran vigentes. Tal es el caso del reciente conflicto universitario, en el cual se pretendió establecer mesas de trabajo solo con agrupaciones reconocidas bajo la figura de sindicatos, dejando por fuera a las instancias asociativas tradicionales del sector, siguiendo así el espíritu de la vetada Ley de Educación Universitaria, que ya no hablaba de “profesores” sino que establecía la figura de “trabajador académico”. Una situación similar se presentó posteriormente en el ámbito de la salud, donde los órganos profesionales de médicos y odontólogos fueron excluidos de las negociaciones laborales, so pretexto de no ser sindicatos.

Aunque la organización, mediante la constitución de asociaciones, es un mecanismo válido para el ejercicio del derecho a la participación política, no puede convertirse en un requisito, ni someterse a un modelo único y condicionante de la relación Estado – sociedad.

Curiosamente, pese a que este XIII Curso se realizó a pocos días de la entrada en vigencia de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, el número de postulaciones creció de manera considerable con respecto a años anteriores, lo que evidencia la existencia de una importante reserva de personas agrupadas en una diversidad de asociaciones, dispuestas a formarse para el ejercicio de sus derechos y la documentación de eventuales violaciones ante los órganos internacionales de protección cuya vigencia no desaparece por el fin de una Convención.

Inscripciones XIII Curso Sistemas Internacionales de Protección de #DDHH Derecho a la Asociación en las ciudades de Margarita y Guayana http://www.ucab.edu.ve/inicio.192.html

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Foro por la Vida: "Los derechos humanos no tienen fecha de vencimiento"

Foro por la Vida sobre el fin del plazo de la denuncia de Venezuela de la Convención Interamericana de Derechos Humanos:

LOS DERECHOS HUMANOS NO TIENEN FECHA DE VENCIMIENTO

(Caracas, 10.09.13) Los integrantes del Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones  de derechos humanos, expresamos nuestra profunda preocupación ante el retiro de Venezuela de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al cumplirse hoy 10 de septiembre el año de plazo desde la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos (la Convención) realizada por el Estado venezolano para que la misma entrara en vigor.

Esta decisión del actual Ejecutivo nacional sienta un grave precedente regional y demuestra que carece de la voluntad política en cumplir y hacer valer las garantías establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La decisión de retirar a nuestro país de la Convención viola los artículos constitucionales, tales como el 19 (principio de progresividad de los derechos humanos), 23 (tratados internacionales de derechos humanos poseen rango constitucional) y 31 (derecho de todas las personas de acceder a instancias internacionales para que conozcan las violaciones a sus derechos humanos).

Con la denuncia de la Convención, Venezuela no queda al margen de la supervisión interamericana, pues sigue siendo un país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene competencia para ejercer su papel de supervisión mediante informes, generales incluyendo el Capítulo IV, informe país e informes temáticos. Adicionalmente la CIDH puede recibir peticiones individuales y sobre ellas emitir informes de admisibilidad y fondo y brindar protección a través de medidas cautelares, aplicando otros instrumentos de protección como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Por ello, para quedar totalmente exonerada de sus obligaciones en materia de derechos humanos, Venezuela tiene que salir de la OEA, paso que no ha realizado.

El efecto principal de la denuncia  de las instituciones públicas nacionales a La Convención es retirarnos única y exclusivamente de las competencias de la Corte IDH, por lo que este tribunal no podrá decidir sobre violaciones a derechos humanos que ocurran en Venezuela después del 10 de septiembre de 2013. Las víctimas pierden de esta manera una instancia judicial, pero de ninguna manera quedan desprotegidas. Aunque nuestro país se desvincule de la Corte IDH la Comisión podrá continuar sus labores con relación a Venezuela y evaluar las violaciones a los derechos humanos  independientemente de la fecha en que estas ocurran. La CIDH seguirá utilizando en Venezuela sus mecanismos para monitorear violaciones de los derechos humanos; redactar y divulgar informes sobre violaciones a los derechos humanos perpetrados por el Estado venezolano;  realizar recomendaciones al Estado venezolano para revertir violaciones a los derechos humanos y  dictar medidas cautelares de protección en favor de venezolano/as que vean afectados sus derechos. 

La decisión del Estado deteriora irreversiblemente su imagen internacional como supuesto protector y promotor de los derechos humanos. Es muy poco probable que los adjetivos esgrimidos por el Ejecutivo Nacional para descalificar estas instancias sean aceptados por los países de la región donde la Corte IDH ha emanado  sentencias fundamentales para sancionar violaciones graves a los derechos humanos y resarcir a las víctimas.

Por todas estas razones las organizaciones venezolanas de derechos humanos seguiremos acudiendo tanto a la CIDH como a todas las instancias internacionales pertinentes para informar sobre la situación de Venezuela desde una perspectiva de derechos humanos, exigiendo medidas de protección cuando sea necesario, participando en audiencias y alimentando al Sistema Interamericano con insumos para sus informes: 

Los derechos humanos no tienen fecha de vencimiento.

Suscriben:

Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
Acción Solidaria (ACSOL)
Centro de Derechos Humanos UCAB
Centro para la Paz y los DDHH UCV
Cofavic
Espacio Público
Justicia y Paz Caritas Los Teques
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
Provea
Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

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 [U1]Proponemos este párrafo y eliminar el anterior.

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Universidad: entre la incertidumbre y la esperanza.

Centro para la paz y los derechos humanos de la Universidad Central de Venezuela

La Universidad Central de Venezuela, Máxima Casa de Estudios del país, símbolo por antonomasia de la universidad autónoma venezolana (cfr. Art 109 CRBV) cuenta en su haber con una historia de tres siglos. Ella ha sido capaz, por los hombres y mujeres que la conforman, de remontar los embates de la historia, reinventándose y abriéndose al futuro cargado de la luz de los distintos saberes que la conforman. La sabiduría acumulada a lo largo de todos estos años, su capacidad de resistencia, la pluralidad y libertad que la han caracterizado, nos dan motivos para seguir apostando y creyendo en sus fundamentos democráticos, de diálogo y búsqueda consensuada de soluciones a problemas que se ciernen  como un horizonte cerrado y pretendiendo con ello la negación misma de lo que es la Academia: debate, diversidad, argumentos, pluralidad, libertad de cátedra, autonomía como condición de posibilidad que garantiza su independencia del poder político-partidista y su pretensión de ponerla a su servicio y no al servicio del país, como ha sido, es y tiene que seguir siendo.

Hoy la Universidad atraviesa unas aguas muy encrespadas en medio del desconcierto nacional, tanto que pareciera que a veces la barca se fuese a hundir. En la actual gestión rectoral, que por cierto la han obligado a permanecer en  su ejercicio más allá del tiempo establecido por la ley, violando así las disposiciones legales, no han bastado los sesenta y dos (62) ataques armados tanto al Patrimonio Mundial que es la UCV como a sus estudiantes, profesores y autoridades rectorales y decanales, obreros y empleados. Entiéndase ataques armados por: motorizados encapuchados con armas largas, bombas lacrimógenas, incendiarias, sin respetar siquiera el Alma Mater que es el Aula Magna llena de gente y disolver eventos a punta de hechos violentos, o destruir parcialmente el mural de Oswaldo Vigas (1953) ubicado en plaza cubierta a la entrada del rectorado, poner en riesgo la estructura del edificio rectoral destrozando parte de las vigas estructurales, o quemar sedes de centros de estudiantes o incluso decanatos… sin contar los heridos, humillaciones y vejaciones, temor y terror a la que es sometida constantemente la comunidad universitaria, sin que haya habido en todos estos hechos ni un solo responsable, pese a las “investigaciones” del CICPC, ni siquiera algún pronunciamiento de la Fiscalía o de la Defensoría del Pueblo, y cuando lo ha habido es para inculpar a la misma Universidad por falta de gobernabilidad. Estamos en un país al revés, a los que cometen tales atropellos, violencia y desolación, se les llama “héroes” y hasta se les levanta la mano como gesto de aprobación de que ese es el camino para la “transformación universitaria”; y a quienes se apegan a las leyes, defendiendo su legítimo derecho a un ejercicio autónomo de la educación universitaria, de calidad, en un sano clima de convivencia, dirimiendo los conflictos de modo académico, se les llama irrespetuosamente con cualquier clase de adjetivo, descalificando así el profesionalismo de quienes sostienen dignamente la Universidad.

Es cierto que el conflicto universitario actual ha adquirido unas dimensiones que van más allá de la UCV. Estamos hablando de toda la Universidad a nivel nacional, con sus legítimos representantes agremiados en FAPUV, APUCV, AVERU, librando una batalla asimétrica en la cual quien pierde es el país. Poco antes del período de “vacaciones” de agosto, se instalaron unas mesas de trabajo para procurar llegar a acuerdos y soluciones a las demandas que por derecho le corresponden a los universitarios. Pareciera que por fin se van dando pasos por parte del gobierno en la dirección correcta que es la del diálogo respetuoso, de reconocimiento de la normativa que rige a las universidades y atendiendo a los justos reclamos puestos en las mesas de trabajo. Animamos al MPPEU a que continúe en esa dirección. No obstante esto, no se puede bajar la guardia hasta que se logre lo previsto en el pliego conflictivo que consta de diez (10) puntos. El conflicto continua. Tal vez llegue septiembre y continuemos en ello. Estaremos monitoreando los acuerdos y avances que se logren. Desde el Centro para la paz y los DDHH de la UCV, abogamos porque septiembre comience con buen pie. Es el anhelo de todos los venezolanos. 

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Cartas a los gobiernos y autoridades del Mercosur y OEA por la denuncia de Venezuela a la CADH

Cartas enviadas a los gobiernos y autoridades del Mercosur y OEA por la denuncia de Venezuela a la CADH

Preocupación de la sociedad civil venezolana por la denuncia de Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Sábado 07 de Septiembre de 2013

Carta a países No Mercosur y Carta Mercosur

Caracas, 06 de septiembre de 2013

Excelentísimo/a

Embajador/a

Presente.-

Asunto: Preocupación de la sociedad civil venezolana por la denuncia de Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos

De nuestra mayor consideración,

Las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo, que abajo suscribimos, nos dirigimos a S.E. para manifestar nuestra preocupación ante la denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) por parte de la  República Bolivariana de Venezuela, la cual se formalizará el  próximo 10 septiembre de 2013.

El 10 de septiembre de 2012, de acuerdo con el comunicado del Secretario General de la Organización  de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, la República Bolivariana de Venezuela envió nota formal de denuncia a la CADH.

La denuncia por parte de Venezuela es una medida profundamente regresiva para las garantías de los derechos humanos en este territorio que afectará principalmente a las víctimas y a los sectores más empobrecidos de la sociedad. La denuncia a la CADH constituye un debilitamiento del sistema regional de los derechos humanos y por tanto sus repercusiones afectan importantes avances que se desarrollaron en más de los 40 años desde su aprobación.

Este compromiso se corresponde además con el contenido de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyos artículos no solo se garantiza a toda persona “conforme al principio de progresividad (…) el goce y ejercicio” de los derechos humanos  (Artículo 19), sino que además se reconoce el derecho de toda persona “a dirigir peticiones o quejas” ante los órganos de los sistemas internacionales de derechos humanos (Artículo 31) y se establece que en caso de decretarse un estado de excepción, debe cumplirse “con las exigencias, principios y garantías establecidos (…) en la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (Artículo 339).

Los derechos humanos son una legítima protección de la comunidad internacional, tal y como lo establece la Carta de Naciones Unidas (1) y la Declaración y Programa de Acción de Viena (2)  la cual establece en su cuarto punto que “En el marco de esos propósitos y principios, la promoción y protección de todos los derechos humanos es una preocupación legítima de la comunidad internacional”.

En este sentido, el hecho de que Venezuela denuncie este importante tratado internacional de derechos humanos debilita el compromiso del Estado venezolano con la comunidad internacional en el respeto y promoción a los derechos humanos. Esta decisión afecta tanto a los ciudadanos venezolanos como a todas las personas que habitan o entran en algún momento en la jurisdicción de Venezuela. Igualmente debilita las posiciones regionales que en reiteradas oportunidades han manifestado su apoyo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a los mecanismos multilaterales para la atención de estos desafíos.

Por estas razones mucho estimaríamos que su Gobierno, en cumplimiento a la legítima preocupación por los derechos humanos a nivel internacional, medie sus buenos oficios para que el Gobierno de Venezuela:

1. Reconsidere la  denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2. Promueva y ejecute políticas de respeto, promoción y protección a los derechos humanos y a los Sistemas internacionales que se han destinado a tal efecto.

Aprovechamos la oportunidad de expresarle a S.E. los sentimientos de nuestra más alta consideración y estima.

Atentamente,

-Espacio Público

-Acción Solidaria en VIH/Sida

-CIVILIS Derechos Humanos

-Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

-Justicia y Paz Los Teques

-COFAVIC

-ACCSI Acción Ciudadana Contra el Sida

-Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas

-Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela

-Observatorio Venezolano de Derechos de las Mujeres

-Provea

Notas:

1 Adoptada el 26.06.1945 por la Organización de Naciones Unidas.

2 Adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena del 14 al 25 de junio de 1993. A/CONF.157/23 del 12.07.93.

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Mujeres más allá del 2015. Venezuela no cumplirá las Metas del Milenio.

Observatorio Venezolano de los derechos humanos de la mujeres

EL Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres (OVDHM) formado por 45 organizaciones no gubernamentales, prepara un Informe de la situación de las Metas del Milenio referidas a las mujeres y las niñas. En septiembre del 2015 se cumple el plazo aprobado en la Declaración del Milenio firmada por  los  189 Jefes de Estado que asistieron a la Cumbre del Milenio en septiembre 2000.La Plataforma de Redes de Organizaciones de la Sociedad Civil constituida en mayo de 2013, de la que formamos parte, realizó una consulta acerca de la situación de Venezuela y los Objetivos del Milenio: de Hoy a más allá del 2015, enmarcada en la Campaña Global Más Allá del 2015. El 3 de julio  se realizó la primera Consulta presencial del Observatorio, acompañada por una consulta on line.Los avances o retrocesos en Venezuela no son fáciles de determinar ya que hay escasez, inexactitud o sub-registro de datos oficiales

A raíz de la presentación del Primer Informe Sombra al  Comité de Seguimiento de la aplicación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), alternativo a los Informes 4º, 5º y 6º presentados por el Gobierno de Venezuela, transformamos nuestro Foro Permanente por la Equidad de Género, en Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres con un enfoque más integral y completo (julio, 2006). Por ello apoyamos  que los principios y normas de Derechos Humanos se incorporen en los ajustes  de los Objetivos de Desarrollo del Milenio más allá del 2015.

¿CÓMO LO VEMOS NOSOTRAS LAS MUJERES ORGANIZADAS EN EL O.V.D.H.M.?

Objetivo No. 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, lo más resaltante es la falta de un indicador referido a la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Aun cuando se han promulgado leyes e instituciones, en la práctica, siguen sin estar resueltos los problemas de violencia contra las mujeres. El CNE derogó la cuota de 30% de representación obligatoria en cargos electivos y aun no existe ninguna referencia o regulación referida a la paridad. El resultado: 17% de mujeres en la Asamblea Nacional. La tendencia a la informalización del trabajo femenino es una tendencia estructural  y existe una Brecha salarial según sexo y años de estudio que aumenta cuando se tiene menos escolaridad. El objetivo debe evolucionar hacia uno de Igualdad de Género basada en los Derechos Humanos y el empoderamiento de la mujer, con una referencia explícita a la violencia contra las mujeres y las niñas.

Objetivo 5: mejorar la salud materna

 Se observa un comportamiento con tendencia a mantener la tasa por encima de 55m/cien mil nvr, lo que dista de la meta propuesta, siendo 5 veces mayor a la Meta del Milenio a alcanzar en 2015, de 45m/cien mil nvr.

Embarazo Adolescente: El aporte de las adolescentes (10 a 19 años) a la Mortalidad Materna se estima en 14%, una cifra preocupante en un país con más de seis millones de adolescentes y un 31,6% en situación de pobreza.

Objetivo 1. Reducción de la Pobreza

Aun cuando el Gobierno ha dicho que se ha reducido la pobreza , no se han atacado sus causas estructurales por lo que sus resultados no son sustentables El problema de la pobreza femenina y la desigualdad de género está asociado a problemas como las transformaciones al interior de las familias con jefes de hogar solteros (a), divorciados(a) o separados (a); la paternidad irresponsable;  las brechas salariales entre hombres y mujeres; la doble o triple jornada; la distribución  de las tareas del hogar, y cuido de los niños y niñas, los ancianos y los enfermos en el seno de las familias y; el embarazo adolescente, entre otros

CONCLUSIÓN GENERAL:

Un Desarrollo Sustentable es el marco  necesario de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estas metas humanas deben trabajarse dentro de una perspectiva de Derechos Humanos. Todas se refieren a la mujer, niña, adolescente, adulta o anciana ya que constituimos la mitad de la humanidad; de ahí que debamos incluir la transversalización de género en todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio más allá del 2015

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