Centro de Derechos Humanos de la UCAB
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A muy tempranas horas del viernes 7 de junio, los usuarios de las redes
sociales fueron sorprendidos con el siguiente tuit: @lortegadiaz: Ministerio
Público solicito (sic) aplicación de medida menos gravosa para la ciudadana
María Afiuni.
Al menos dos cosas llaman la atención sobre
este tuit: la hora mañanera del anuncio – muy anterior al inicio de actividades
del despacho fiscal – y el trato hacia la procesada, a quien por primera vez la
Fiscal se refiere como “la ciudadana” y no como la “exjueza”, como solía
aludirla, prescindiendo del hecho de que Afiuni sigue siendo juez titular,
suspendida sin goce de sueldo desde hace más de tres años y medio, sometida a
un dudoso proceso disciplinario aún en curso.
La nota de prensa del Ministerio Público,
difundida ese mismo día en el sitio web de la institución, alega que la medida
de libertad condicional sería solicitada “considerando su estado de salud”,
como si los más de seis meses de exceso en una detención, en sí misma
arbitraria, fuese un simple accidente procesal.
Ni epifanía de la Fiscal, ni razones
humanitarias pueden explicar la súbita – aunque más que justificada – decisión
de libertad condicional. El juicio en ausencia contra Afiuni se ha convertido
en un dolor de cabeza. Ya 23 testigos han desfilado por la sala de juicios y
ninguno ha presentado un solo hecho que demuestre la supuesta culpabilidad de
la Juez. Uno de los testimonios rendidos el pasado 5 de junio, solo 48 horas
antes del anuncio de la Fiscalía, dejó al descubierto graves contradicciones
entre lo que reposa en el fabricado escrito de cargos y la versión del testigo.
Fraude procesal, a criterio de la defensa de Afiuni.
A lo anterior se suma el hecho de que dos
testigos clave, varias veces citados a comparecer, no se han presentado. Se trata,
nada menos, de la entonces Presidente del Circuito Judicial y el Fiscal Daniel
Medina.
Las condiciones impuestas son aberrantes. A
la prohibición de salida del país, se suman presentación periódica y
prohibición de dar declaraciones. Pero no es cualquier presentación. Tampoco
cualquier restricción de declaraciones.
La presentación periódica se hacía ante el
tribunal. Ahora debe efectuarse ante la Oficina de Presentación de Procesados,
con riesgos que ya se han hecho sentir. La primera presentación de la Juez se
produjo el pasado lunes 1 de julio, siendo agredida verbalmente por otros
procesados.
Por otra parte, a la restricción que tenía
Afiuni de brindar declaraciones a medios impresos, de radio y TV, el tribunal
17 añadió prohibición de uso de redes sociales, en lo que se considera una
nueva violación de los derechos de Afiuni, esta vez el de libertad de
expresión. Se trata de una medida de censura impuesta por vía judicial; la
primera en Venezuela. Entre tanto, diversos voceros oficiales, comenzando por
el mismo Maduro, no han cesado de “opinar” sobre la supuesta culpabilidad de la
Juez, la cual no puede defenderse, ni exigir una rectificación o una réplica,
ni siquiera confrontar a sus acusadores de micrófono con 140 caracteres.
Calumnia impune por decisión de la justicia.
Estas primeras semanas de libertad
condicional de María Lourdes Afiuni han transcurrido entre exámenes médicos,
visitas a familiares y visitas a los santuarios de La Coromoto y La Pastora. El
lunes posterior al otorgamiento de la medida sustitutiva a la privación de
libertad, Afiuni acudió – como juez que sigue siendo – a la Dirección Ejecutiva
de la Magistratura y pidió entrevistarse con el titular del despacho. Otro
Chávez que se negó a recibirla. El grito de ¡30 años, en nombre de la dignidad
de la patria! todavía resuena en los pasillos de la DEM.
Afiuni ya cumplió la pena, aún sin
sentencia. También pagó la sanción “pecuniaria”. ¿Cómo? Los delitos de
corrupción tienen pena corporal, ya cumplida en este caso y en exceso, que va
acompañada de una sanción pecuniaria que equivale al 50% de lo recibido o de la
promesa de pago. Tratándose de un supuesto caso de “corrupción espiritual”,
cabe preguntarse si el espíritu de Afiuni no ha pagado ya mucho más del 50% que
resulta de la dignidad arrebatada por sus verdugos. Saque cuentas, Fiscal.
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