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El aumento de casos de persecución judicial de opiniones o informaciones difundidas o la prohibición expresa de hacerlo indica un patrón restrictivo del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Estos casos procuran la inhibición o autocensura y constituyen un claro desmentido para los funcionarios gubernamentales que hablan de una “amplia garantía para la libertad de expresión en Venezuela”.
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