Provea ante la ante la grave crisis que atraviesa el sistema de salud pública a nivel nacional

@Provea

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En 2012, las denuncias registradas (en la base de datos de Provea) sobre los problemas que enfrenta la población en los centros de salud, fueron cuatro veces más altas que en el período anterior. En la actualidad la infraestructura hospitalaria pública no es suficiente para atender las necesidades de la población, los servicios prestados son deficitarios en cuanto a camas, personal médico y abastecimiento de insumos y equipos.

Ante la falta de respuestas del servicio público de salud, la población opta por solicitar los servicios de la medicina privada. Sumado a que los mismos entes del Estado estimulan a los trabajadores a que acudan a los servicios de salud privados. Esto nos permite afirmar que estamos, por la vía de los hechos, ante un proceso progresivo de privatización de los servicios de salud en el país, más aún, cuando constatamos que el financiamiento privado en salud continuó siendo mayor que el público durante el año 2012.

Por otra parte, los programas de vigilancia sanitaria y epidemiológica continúan siendo débiles. El brote de influenza H1N1 ha adquirido niveles de epidemia al estar presente en 20 de los 23 estados del país. Colegios y Sociedades Médicas de diferentes estados del país han denunciado que no se tomaron las previsiones necesarias, toda vez que el proceso de vacunación de la población ha sido insuficiente. De igual manera, preocupa la opacidad en el manejo de la información del número de casos de H1N1 por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), lo que sin duda afecta el correcto abordaje de la situación y el necesario esfuerzo mancomunado de los distintos sectores involucrados en el tratamiento de la crisis.

Otro elemento preocupante es la atención a los pacientes que padecen cáncer. La Sociedad Venezolana de Oncología denunció que entre el 60% y 70% de los pacientes con cáncer en el país, no reciben el tratamiento de radioterapia, debido a la falta de mantenimiento de los equipos y a la escasez de personal para operarlos. El Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV (CENDES), junto al Observatorio Venezolano de la Salud, hizo pública una investigación en la que se constató que 18 de los 26 equipos de radioterapia instalados en hospitales públicos se encuentran dañados. Llama la atención que no se hayan tomado correctivos en este asunto, cuando el propio fallecido Presidente Chávez debió acudir a otro país a realizarse el tratamiento a su enfermedad.

En informes de 2010 y 2011, la Contraloría General de la República reveló la existencia de irregularidades en la compra de medicinas a Cuba y en el almacenamiento y distribución de las mismas. Irregularidades bajo la responsabilidad del MPPS y del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR).  La  Contraloría ofreció varias recomendaciones al MPPS para solventar este problema.  El pasado 21.05.13 Provea junto a Espacio Público, Transparencia Venezuela y Acción Solidaria, demandó al MPPS, para obtener información acerca de las irregularidades en la importación, almacenamiento y distribución de medicinas provenientes de Cuba. Hacemos un llamado a la Ministra de Salud, Isabel Iturria a que cumpla las seis recomendaciones que le realizó la Contraloría General de la República, para evitar que se sigan perdiendo toneladas de medicinas en el país.

Por su parte, el Presidente Maduro se comprometió a propiciar el diálogo con los sindicatos, gremios y demás sectores vinculados a la salud, para trabajar en la solución de los problemas de infraestructura y dotación médica-quirúrgica, seguridad hospitalaria, déficit de recursos humanos, deudas, homologaciones del personal, salarios y contratación colectiva. Exhortamos al Presidente Nicolás Maduro a honrar el compromiso que asumió en febrero del presente año, de iniciar un proceso de transformación positiva del sector salud en el país, ante la crisis hospitalaria y las deficiencias institucionales del MPPS.

Desde Provea, hacemos votos por la superación de los graves problemas del sistema de salud en el país, mediante el esfuerzo colectivo de los involucrados, y por la construcción de un modelo realmente eficiente, que satisfaga las necesidades de todas y todos, y garantice el cumplimiento de lo establecido en el artículo 81 de nuestra Carta Magna. (Prensa Provea, 10.06.13)

Provea invita al Foro: “365 días de la LOTTT”

Lugar: Asociación de Profesores Universitarios de la UCV (APUCV), Ciudad Universitaria de Caracas

Día: Viernes 28 de junio de 2013, 09:00 am.

PONENTES: Márcela Máspero (UNETE); Manuel Cova  (CTV), Carlos López (CBSTTCCM); Márcela León (ASI); José Bodas (FADESS)

Entrada Libre

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Compromisos internacionales con los Derechos Humanos en el contexto de VIH

Acción Solidaria (AcSol)

Gracias a 25 años de persistente labor de las organizaciones de sociedad civil que trabajan en VIH y al apoyo de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, nacieron los esfuerzos solidarios mundiales para erradicar la discriminación del contexto de VIH y garantizar la igualdad efectiva de las personas con VIH al disfrute de derechos. Por impulso de Jonathan Mann –médico y defensor de derechos humanos- y la Organización Mundial de la Salud, 148 gobiernos suscribieran en 1988, la Declaración de Londres sobre la Prevención del SIDA, priorizando la educación, el libre intercambio de información y de experiencias, y la necesidad de proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas con VIH. La Asamblea Mundial de la Salud adoptó ese mismo año una resolución para solicitar a los Estados evitar toda medida discriminatoria contra personas con VIH.

En 1992, la ex Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas elaboró la Carta de las Obligaciones de Respetar los Derechos Humanos y los Principios Éticos y Humanitarios al Abordar las Dimensiones Sanitarias, Sociales y Económicas del VIH/Sida, en la que se establecieron normas precisas sobre el cumplimiento de obligaciones por parte de los Estados con las personas con VIH/SIDA. En 1996, la ONU creó el Programa Conjunto sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) a fin de lograr una respuesta ampliada en prevención y tratamiento y, en 1998, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ONUSIDA, elaboraron las Directrices Internacionales sobre VIH/SIDA que pasaron a formar parte de las obligaciones de los Estados en derechos humanos.

En el 2000, 189 gobiernos suscribieron la Declaración del Milenio en la que se fijó como sexto objetivo de ayuda al desarrollo lograr para el 2010, “el acceso a tratamiento de todas las personas con VIH y Sida que lo necesitaran” y, para el 2015, “haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH”. En el 2001, 189 Estados de la ONU firmaron la Declaración de Compromiso en la Lucha contra el VIH/Sida (UNGASS), en la que se calificó la epidemia como una “uno de los desafíos más graves para la vida y la dignidad del ser humano, así como para el disfrute efectivo de los derechos humanos, que afecta a todas las personas, ricas y pobres, sin distinción de edad, género o raza”.

En el 2002, bajo los auspicios del Secretario General de la ONU, Kofi Annan, se creó el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Ese año, la sociedad civil logró que en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se suscribiera la Declaración de Doha, donde se aprobó una previsión sobre el derecho de los países a proteger la salud pública y a producir medicamentos sin permiso de los titulares de patentes. En el 2006, los países ratificaron UNGASS mediante la Declaración Política de Acceso Universal a Prevención, Tratamiento, Atención y Apoyo en VIH.

El pasado 5 de junio, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó la Resolución 2802 sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Personas Vulnerables al VIH/SIDA, Viviendo con VIH/SIDA y afectadas por él, en la cual se resolvió alentar a los Estados para enfrentar el estigma y la discriminación relacionado con el VIH/SIDA, ejercidos por líderes comunitarios y religiosos, proveedores de servicios, agentes del Estado o familiares, y apoyar los esfuerzos para resolver –como sus consecuencias- la falta de acceso a seguro médico o servicios de salud adecuados, la pérdida o negación del empleo y del ingreso económico, la falta de acceso a créditos y la pérdida de vínculos familiares y sociales.

En este sentido, la historia del VIH constata que los mayores avances en VIH/SIDA ocurrieron cuando los gobiernos asumieron sus obligaciones con los derechos demandados por la sociedad civil, y cuando internacionalmente las oficinas de asesoramiento a los gobiernos elaboraron estrategias conjuntas con los órganos de derechos humanos. Como resultado, hoy existen cerca de 50 instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos en el contexto de VIH, los cuales el Estado venezolano tiene el deber de cumplir.

@accionsolidaria

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Y la vida? Ahora los muertos son militantes políticos.

Justicia y Paz Los Teques

Dentro de la polarización política que vive el país,  es lamentable observar como la garantía y  la vigencia efectiva de los derechos humanos y de manera especial el derecho a la vida y a la integridad personal son los más vulnerados; depende del grupo político y la militancia a la que se señale su pertenencia son ciudadanos sujeto de derecho u objeto de derecho,  además los que los responsables del gobierno exigen todo el peso de la ley cuando se trata de uno de su lado. Y los demás no tienen derecho a la justicia.

Los muertos siempre han sido en nuestra cultura venezolana una pena que une a todos y todas, se superan las diferencias, los rencores, las heridas para estar al lado de quien sufre; pero ahora resulta  que cada  lado de esta polarización llora a sus muertos y los otros parece no importarle.  

Antes esta realidad la preocupación el Estado debe ser garantizar el derecho a la vida de todos los ciudadanos, y no solo agrandar el nombre al Ministerios del Poder Popular la Para Las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Mientras la impunidad y el número de muertes aumentan de manera desproporcionada, unido a ello la solución ha sido enviar las Fuerzas Armadas a la calle. Aspecto, que causa especial preocupación a la CIDH en relación con la seguridad ciudadana en Venezuela es la participación de las Fuerzas Armadas en actividades que deben corresponder exclusivamente a los cuerpos policiales.

Las personas asesinadas, torturas, detenidas arbitrariamente durante los hechos del 15 al 16 de abril de 2013, claman justicia, una justicia que supera la limitación de la polarización y donde Themis  la diosa de la justicia sea verdaderamente ciega,  para no ver a quien le imparte justicia, como sinónimo de equidad, con la espada en la mano derecha para imponer el castigo a quien resulte culpable y la balanza en su mano izquierda significando el equilibrio y la justeza de la decisión que toma el juez o la jueza y las fieras que le acompañan denoten que la justicia debe estar acompañada de la fuerza

Lo cierto es que mientras la verdad no salga a la luz, no se conocerá nunca realmente lo acorrido y quiénes son los responsables.  Muchas de las sentencias que se dan son legales pero con una carga de injusticia tremenda,  ya que si la acusación es cierta, el acusado no estaría respondiendo por los hechos que ha cometido y si es falsa la acusación se estaría condenando al inocente.

Al mirar el contexto de violencia y el aumento de los índices de muertes, es necesario  reflexionar y diseñar propuestas que ayuden a disminuir la violencia cotidiana en nuestras comunidades o lo que es llamado hoy día, el grave problema de la inseguridad que viven todos los ciudadanos y comunidades humanas.  Es de suma importancia incidir social y políticamente en las instancias gubernamentales para la solución de este flagelo, y crear una cultura de Paz y justicia ante la situación de peligro cotidiano y de inseguridad que vivimos. Inseguridad  que favorece las condiciones de inequidad y violación de los derechos, especialmente el derecho a la vida para "Que la vida no se convierta en un campo de batalla y de inseguridad".

Este campo de batalla de la inseguridad es dado por la violencia, producto de tantas injusticias que ha sufrido y sufre aún nuestro pueblo, especialmente los más pobres y el deterioro del sentido ético, personal e institucional, la corrupción, la impunidad, la pérdida de la sensibilidad ante lo humano y la carencia de solidaridad cuyo origen está en el egoísmo y en la manipulación. Todo esto implica que a medida que pasa el tiempo, se hace presente con mayor fuerza en nuestro país, una anticultura de la muerte, que hace perder la capacidad de admirarnos y, por tanto, son muy pocas las expresiones de reclamo a quienes tienen en sus manos la responsabilidad de promover un clima de seguridad y, por ende, de dar protección a la familia humana.

El recordado Papa Juan Pablo II expresaba "que la violencia es un mal, que la violencia es inaceptable como solución de los problemas, que la violencia es indigna del hombre. La violencia es una mentira, porque va contra la verdad de nuestra fe, la verdad de nuestra humanidad. La violencia destruye lo que pretende defender: la dignidad, la vida, la libertad del ser humano"

Ciertamente la violencia es una mentira cuando hay falsificación del hecho social por la que los valores compartidos pasan a ser intereses travestidos. Hoy día muchas de nuestras palabras axiológicas (patria, libertad, derecho, religión, ciudadanía, pueblo…) se les reviste de un contenido que cubre intereses no tan bellos y antifraternos.  La mentira de situaciones que hacen necesario el mal para subsistir, como la carrera armamentista para preservar la paz. La mentira de la prosperidad sin un trabajo digno y sin seguridad social y jurídica.

Ojala que aprobación de la ley para el control de armas, municiones y  desarme ayude realmente a reducir los causantes de la violencia en nuestro país y el Estado cumpla con la garantía de los derechos humanos de todos y todas, garantizando la seguridad y la vida.

Que el anhelo de paz que tiene el pueblo venezolano se explicite en un compromiso por el respeto a la dignidad humana, a la vida y a la convivencia pacífica.  Pues  “la ausencia de paz nos priva de las condiciones indispensables para vivir en una auténtica y verdadera sociedad,  ya que  se irrespeta la dignidad de la persona humana. La gran tarea que se nos impone en este momento crítico de nuestra historia es la responsabilidad que tenemos de construir una sociedad en paz, fundada en la cooperación, el entendimiento, la solidaridad, la tolerancia y el diálogo por el bienestar de nuestra nación. La convivencia entre los seres humanos es de orden moral. Se apoya sobre la verdad, debe realizarse según la justicia, exige ser vivificada y completada por la solidaridad y, finalmente, encuentra en la libertad un equilibrio socio-político cada día más razonable y más humano. Estos son los principios éticos fundamentales de toda paz". (Exhortación Pastoral,  "Bienaventurados los que trabajan por la paz" (Mt 5,9) Caracas, 11 de julio de 2003).

Desde la Oficina de Justicia y Paz de Cáritas Los Teques invitamos  a la comunidad venezolana con sus instituciones, un mayor compromiso en la construcción de la cultura de paz y reconciliación, promoviendo en todos  y todas una "conversión" en su conducta, particularmente en la manera cómo se ha instaurado el resolver los problemas que terminan siempre en conflictos y son generadores de violencia; pero también exigir el diseño de políticas públicas que favorezcan en el pueblo una vida segura y digna, evitando muertes, donde cada día se derrote la impunidad que nos agobia  en esta hora.

caritaslosteques@gmail.com

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Leyes, Impunidad y Violencia contra las Mujeres

Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres

En el ámbito internacional se han concretado avances en la lucha contra la violencia hacia las mujeres; se establecieron los derechos de la mujer como derechos humanos y la lucha contra la violencia de género se ubicó en la agenda internacional como un lineamiento de acción de carácter supranacional. No se discute que el derecho a la vida y a la integridad física resulta fundamental en la lista de los derechos reconocidos en tratados internacionales. Sin éste, de nada sirve extenderse en derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, que necesariamente requieren el substrato de la vida y la salud. 

En Venezuela desde 1998 se promulga  la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia y la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  está vigente desde el 2007. El sistema de cultura patriarcal y las desigualdades de género aun subsisten, y se hace evidente en la puesta en práctica de los sistemas jurídicos. 

La ley en su texto crea una serie de instancias del Sistema de Justicia para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias: Tribunales y fiscales especializados con competencia en violencia contra la mujer y sus equipos multidisciplinarios, unidades de atención a la víctima y establece medidas de protección y de seguridad transitorias a favor de las mujeres, que dictan los órganos receptores de denuncias; se amplía el concepto de flagrancia que se extiende hasta 24 horas después de acontecido el hecho, permitiendo la aprehensión del presunto agresor. 

Las sanciones son prisión, multas y trabajo comunitario, dependiendo de la gravedad del delito; se enfatiza en el aspecto preventivo, de orientación y  educación. Los mayores inconvenientes de la ley, residen en su aplicación, se han denunciado fallas reiteradas de violación del contenido y espíritu de la Ley, sobre las cuales el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres ha venido construyendo, a nivel nacional, un expediente de casos concretos para apoyar las apreciaciones que se señalan a continuación: 

No es una realidad la garantía establecida en la ley, en el sentido que los autores de actos de violencia contra la mujer sean enjuiciados y sancionados; el acceso a la asistencia jurídica gratuita garantizada en la Constitución es insuficiente para las mujeres de todo el país; las citas para apoyo y asesoría legal, son retardadas, tanto por parte de entes gubernamentales  como  de  las   ONG que se encuentran colmadas de casos; ausencia de reglamento de aplicación; obstáculos para el enjuiciamiento y penalización a los autores de los delitos de violencia, por inadecuada interpretación de la ley por parte de los jueces y de los fiscales especializados, lo que ocasiona diferimientos injustificados de audiencias, sobreseimiento de la causa y los archivos fiscales y  judiciales; se le solicita a las víctimas, la presentación de informes psicológicos y psiquiátricos para dar curso a la denuncia y en algunos casos, para dictar las medidas de protección y seguridad y, los organismos encargados de practicar estos informes demoran, por exceso de trabajo, en remitirlos al Fiscal, lo que conlleva a que un alto porcentaje de denuncias por violencia contra la mujer al Ministerio Público, culminen sin llegar a judicialización, pues pasados cuatro meses de la denuncia, solicitan el archivo judicial y el sobreseimiento de la causa al juez por falta de pruebas; se identifica un incremento del feminicidio en Venezuela, que constituye la máxima expresión de violencia contra las mujeres. 

En Venezuela no hay estadísticas oficiales sobre feminicidio, y según cifras divulgadas por el Gobierno en marzo pasado, en 2012 se registraron en el país 16.072 asesinatos, un 14 % más que el año anterior. Toda esta situación se refleja en una alarmante impunidad en casos de violencia, sólo un tercio de los casos tramitados judicialmente por violencia contra la mujer han tenido una sentencia. 

Esta información coincide con lo señalado por las ONG adscritas al Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, según las cuales sólo un pequeño porcentaje de los casos denunciados en el Ministerio Público llega a los Tribunales y de ellos una minoría consigue sanción legal. 

A pesar de los avances legislativos, el gran desafío sigue siendo su implementación, la creación de condiciones concretas para el ejercicio de los derechos, especialmente en lo que se refiere al acceso a la justicia de las mujeres y la sanción oportuna y adecuada de la violencia, de otra manera, seguirá imperando la impunidad.

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