La Oficina de Justicia y Paz de la Pastoral Social de la Diócesis de Los Teques, ubicada en el estado Miranda, tiene entre sus múltiples acciones una atención preferencial a los privados y privadas de libertad. En primer lugar porque forma parte de su compromiso en la atención de los más pobres y excluidos y en segundo porque en Miranda existen 10 recintos penitenciarios y en el ámbito de la Diócesis de Los Teques se ubican siete de los mismos.
Ante esta realidad la Iglesia Católica no puede quedarse inerte y desde su acción pastoral acompaña a los privados y privadas de libertad, defendiendo sus derechos exigiendo al Estado una justicia restaurativa y una cárcel digna, que sin exclusión pueda permitir la rehabilitación de quien comete un delito.
En Venezuela lo más llamativo es que el Estado se comporta ante la crisis carcelaria de manera reactiva; cada vez que se da una situación de violencia que se hace pública y notoria, comienzan las declaraciones, las comisiones especiales, las mesas técnicas, ministerios, cambio de funcionarios, reformas al COPP, se cifran esperanzas y expectativas de mejoramiento de la realidad carcelaria. Esto no se convierte en una política pública, que trascienda la coyuntura y que de una vez por todas de respuesta a la realidad carcelaria.
Asimismo cabe destacar el comportamiento de la sociedad que ante dichas circunstancias, quiere alimentar su morbo, demanda información sobre el funcionamiento del autogobierno existente en las cárceles y hasta escudriñando todas historias existentes sobre la situación carcelaria. Las pérdidas de vidas humanas en las cárceles venezolanas y las violaciones a los DDHH, evidenciada en hacinamiento, uso desproporcionado de la fuerza pública, retardo procesal, violencia, asesinatos y el no acatamiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es deplorable que la nula atención que las autoridades del Estado venezolano han prestado igualmente a las decisiones de los órganos del sistema internacional de protección se traduzca en la pérdida de vidas humanas y hoy día se justifica diciendo que el aumento de los casos de violaciones a los derechos son un atentado y una componenda contra el gobierno.
El Estado venezolano no ha dado una respuesta contundente sobre la situación que viven las cárceles, de manera especial la pérdida de vidas humanas a causa de muerte por armas de fuego y enfrentamiento entre internos. La existencia de armas, material explosivo, drogas, existe ante la mirada cómplice y la indiferencia de los responsables.
Situaciones que han aumentado de manera considerable en los últimos tiempos ubicándonos como el país con más altos índices de violencia intra-carcelaria del continente. Estos hechos, en los que internos en los penales se enfrenta entre ellos y con los cuerpos de seguridad del Estado utilizando armas de fuego, confirma de manera escandalosa y lamentable lo que la Iglesia ha denunciado ininterrumpidamente desde hace muchos años: las autoridades del Estado venezolano no solamente incumplen con el mandato constitucional recogido en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que ha abandonado completamente su responsabilidad de garantizar la vida y la integridad física de la población procesada y penada.
La realidad existente en las cárceles dista mucho de la Constitución y las leyes. Los actos de corrupción no se investigan y no se castiga a los responsables. Las autoridades estatales no pueden, de ningún modo, abdicar de su autoridad y de sus obligaciones respecto de los derechos y garantías de la población interna en sus cárceles, la cual es sufrida especialmente por familias de escasos recursos. Esta es una situación extremadamente grave de cuyas consecuencias las autoridades no pueden sustraerse.
Más información acerca de nuestro trabajo: caritaslosteques@gmail.com
El Foro por la Vida es la coalición de organizaciones de DDHH de Venezuela
0 comentarios:
Publicar un comentario