Centro para la Paz y DDHH - UCV
Cuando se recuerda la triste guerra civil que azotó a El Salvador, se conjuga el recuerdo de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Nacido en Ciudad Barrios, un 15 de agosto de 1917, para 1977, tras una estadía en Roma, fue nombrado como Arzobispo de San Salvador. Ese año fue asesinado su amigo el padre Rutilio Grande, lo cual interpeló a Romero acerca de la necesidad de colocarse de lado de las víctimas denunciando a sus victimarios.
Entre 1978 y 1979 Monseñor Romero denunció en sus homilías los atropellos contra los derechos de campesinos, obreros y sacerdotes en general, en el contexto violento y represivo que vivía el país. Sus discursos fueron transmitidos por radio, señalando los asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte y la desaparición forzada de personas. En agosto de 1978 publicó una carta pastoral donde reiteraba el derecho del pueblo a la organización y al reclamo pacífico de sus derechos. El lunes 24 de marzo de 1980 fue asesinado.
Su muerte conmocionó a la región, convirtiendo a Romero en un símbolo de dignidad latinoamericana. Si bien en 1993 la conformación de una Comisión de la Verdad concluyó que el asesinato de Monseñor Romero había sido ejecutado por un escuadrón paramilitar amparado por el gobierno, la promulgación de una Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, como parte de los acuerdos que buscaban la reconciliación del país, otorgaba impunidad a los involucrados.
A pesar que los llamados delitos de lesa humanidad no prescriben, a mediados de los 90´s, dentro de El Salvador, era imposible hacer justicia. Sin embargo, este informe sirvió para que Tiberio Romero, hermano de Monseñor, y la abogada del Arzobispado de San Salvador llevaran el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual lo aceptó en mayo de 1995. Alegando “violación de la soberanía”, “ilegitimidad” y el supuesto inicio de una campaña en contra de El Salvador, el Estado se negó a suministrar información en los plazos fijados. En 1998, incluso, solicitó que se olvidaran del caso. El argumento oficial era que el mantenimiento de la paz era su estrategia para preservar los derechos humanos. A costa del olvido y la impunidad.
En el año 2000 la CIDH concluyó que el Estado salvadoreño era responsable por la violación del derecho a la vida, las garantías judiciales y la tutela judicial en el caso de Monseñor Romero, realizando tres recomendaciones:
1) Realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones; 2) Reparar todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluido el pago de una justa indemnización y 3) Adecuar su legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General. Tuvieron que pasar 9 años para que el Ejecutivo salvadoreño tuviera la voluntad política de acatar estas recomendaciones.
Es lamentable que posturas de los altos funcionarios venezolanos, como Luis Britto García, coincida con la actitud de quienes en El Salvador deseaban mantener la impunidad en el asesinato de Monseñor Romero: Deslegitimar a la CIDH. Britto García intenta convencer al pueblo venezolano que la institución que condenó las graves violaciones de derechos humanos realizadas por Pinochet, Videla y Fujimori, entre otros, y que además ha condenado las violaciones ocurridas en el marco del actual conflicto colombiano está “al servicio del imperialismo”.
Inspirados por la obra de Monseñor Romero, desde 1986 el Centro para la Paz y los DDHH “ Padre Luis María Olaso” de la UCV promueve la cultura de paz y los Derechos Humanos en una sociedad marcada por profundos desequilibrios, económicos, sociales y culturales, junto a una polarización extrema. Teniendo como espacio de articulación a la “Casa que Vence las sombras”, para ello necesitamos de todas las alianzas y escenarios, nacionales e internacionales, incluyendo la CIDH.
Más información en cdhucvpadreolaso.sj@gmail.com
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