Tareas urgentes contra la violencia de género

Foro por la Vida. Observatorio DDHH Mujeres

Vivimos un veloz deterioro de la convivencia ciudadana y una expansión incontrolada de la violencia social, dentro de la  que se inserta la violencia contra las mujeres. Requerimos un cambio de la política dominante de exclusión y centralización por otra de inclusión y  descentralización en la que se incorporen todas las instancias  interesadas y pertinentes:  gubernamentales, no gubernamentales y académicas  a la formulación, evaluación y seguimiento de leyes, planes y programas necesarios, de tal manera que los derechos humanos de las mujeres consagrados en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW- y en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1999 no sean letra muerta, sino realidad tangible y comprobable, más allá de las manipulaciones publicitarias y retóricas.

Una referencia especial merece la desaparición de la antigua Comisión Bicameral de la Mujer del extinto Congreso Nacional, lo cual produce un vacío en la Asamblea Nacional que afecta la  elaboración e implementación de las políticas públicas de igualdad y no discriminación contenidas en la Constitución Nacional.

 Entre las tareas urgentes planteadas a este nivel están: Reformas del Código Penal y Código Civil para adecuarlos a la Constitución; Reforma de la Ley de Seguridad  Social  para que incluya los beneficios de la Seguridad Social a  todas las Amas de Casa aunque lo contemple la LOTTT; incorporación de la Paridad a la Ley del Sufragio y Participación Política y Ley de Partidos Políticos y el Monitoreo y Seguimiento a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Las 45 Organizaciones No Gubernamentales que formamos el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres reiteramos nuestra  aspiración a que los organismos públicos venezolanos responsables de las políticas de igualdad y no  discriminación apliquen cabalmente la CEDAW, la Constitución, fortalezcan la eficiencia de su institucionalidad y se abran al diálogo democrático y plural a favor  de los derechos humanos de todas las niñas y mujeres venezolanas y  a los aspirantes  a ser electos/as  nuevas Autoridades Nacionales , Regionales y Municipales  se comprometan con las Mujeres de Venezuela a  garantizarles ciertamente  el  Derecho  a la Igualdad y No discriminación  y a una Vida Libre de Violencia .

Señalaremos las  Tareas Urgentes  que  de acuerdo a la Ley  corresponden a las Autoridades Ejecutivas Nacionales, Regionales y Municipales, para que las Venezolanas  accedan a  una Vida Libre de Violencia:

1.       Elaborar e implementar un Plan Nacional para la Igualdad y Equidad de Género que incluya la prevención y atención  a  la violencia contra las mujeres.

2.        Elaborar y aprobar el  Reglamento de la Ley  Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres  a una Vida libre de Violencia, a fin de unificar los procedimientos de atención y manejo de casos.

3.       Asignar presupuesto suficiente a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales, regionales y locales, que apoyan a las mujeres víctimas de violencia

4.       Garantizar el Acceso a la Justicia y el Derecho de las Mujeres a Vivir sin Violencia creando suficientes: Fiscalías especializadas en materia de Violencia, Tribunales de Violencia contra las Mujeres, Centros de Prevención y Atención a las  Mujeres Víctimas de Violencia  y Casas de Abrigo.

5.       Ejecutar planes de formación sistemáticos y formales, que incluyan seguimiento y evaluación, dirigidos a las y los funcionarios del  Sistema de Protección de la Violencia contra las Mujeres.

6.       Desarrollar un sistema de información confiable que registre la data sobre la situación de las mujeres en Venezuela, desagregada por sexo.

7.        Incorporar la rendición de cuentas de los organismos públicos venezolanos responsables  de las políticas de igualdad y no discriminación de las mujeres, de forma transparente y pública  y dotar de recursos institucionales a las organizaciones no gubernamentales que tienen  como misión prestar  servicios y  ejercer la contraloría social.

Read More

¿Son dignas las cárceles en Venezuela?

Foro por la Vida. Justicia y Paz Los Teques.

La Oficina de Justicia y Paz de la Pastoral Social de la Diócesis de Los Teques, ubicada en el estado Miranda, tiene entre sus múltiples acciones una atención preferencial a los privados y privadas de libertad. En primer lugar porque forma parte de su compromiso en la atención de los más pobres y excluidos y en segundo porque en Miranda existen 10 recintos penitenciarios y en el ámbito de la Diócesis de Los Teques se ubican siete de los mismos.
Ante esta realidad la Iglesia Católica no puede quedarse inerte y desde su acción pastoral acompaña a los privados y privadas de libertad, defendiendo sus derechos exigiendo al Estado una justicia restaurativa y una cárcel digna, que sin exclusión pueda permitir la rehabilitación de quien comete un delito.
 En Venezuela lo más llamativo es que el Estado se comporta ante la crisis carcelaria de manera reactiva; cada vez que se da una situación de violencia que se hace pública y notoria, comienzan las declaraciones, las comisiones especiales, las mesas técnicas, ministerios, cambio de funcionarios, reformas al COPP, se cifran esperanzas y expectativas de mejoramiento de la realidad carcelaria. Esto no se convierte en una política pública, que trascienda la coyuntura y que de una vez por todas de respuesta a la realidad carcelaria.
Asimismo cabe destacar el comportamiento de la sociedad que ante dichas circunstancias, quiere alimentar su morbo, demanda información sobre el funcionamiento del autogobierno existente en las cárceles y hasta escudriñando todas historias existentes sobre la situación carcelaria. Las pérdidas de vidas humanas en las cárceles venezolanas y las violaciones a los DDHH, evidenciada en hacinamiento, uso desproporcionado de la fuerza pública, retardo procesal, violencia, asesinatos y el no acatamiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es deplorable que la nula atención que las autoridades del Estado venezolano han prestado igualmente a las decisiones de los órganos del sistema internacional de protección se traduzca en la pérdida de vidas humanas y hoy día se justifica diciendo que el aumento de los casos de violaciones a los derechos son un atentado y una componenda contra el gobierno.
El Estado venezolano no ha dado una respuesta contundente sobre la situación que viven las cárceles, de manera especial la pérdida de vidas humanas a causa de muerte por armas de fuego y enfrentamiento entre internos. La existencia de armas, material explosivo, drogas, existe ante la mirada cómplice y la indiferencia de los responsables.
Situaciones que han aumentado de manera considerable en los últimos tiempos ubicándonos como el país con más altos índices de violencia intra-carcelaria del continente. Estos hechos, en los que internos en los penales se enfrenta entre ellos y con los cuerpos de seguridad del Estado utilizando armas de fuego, confirma de manera escandalosa y lamentable lo que la Iglesia ha denunciado ininterrumpidamente desde hace muchos años: las autoridades del Estado venezolano no solamente incumplen con el mandato constitucional recogido en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que ha abandonado completamente su responsabilidad de garantizar la vida y la integridad física de la población procesada y penada.
La realidad existente en las cárceles dista mucho de la Constitución y las leyes. Los actos de corrupción no se investigan y no se castiga a los responsables. Las autoridades estatales no pueden, de ningún modo, abdicar de su autoridad y de sus obligaciones respecto de los derechos y garantías de la población interna en sus cárceles, la cual es sufrida especialmente por familias de escasos recursos. Esta es una situación extremadamente grave de cuyas consecuencias las autoridades no pueden sustraerse.
Más información acerca de nuestro trabajo: caritaslosteques@gmail.com
El Foro por la Vida es la coalición de organizaciones de DDHH de Venezuela

Read More

CIDH y Monseñor Arnulfo Romero

Foro por la Vida.
Centro para la Paz y DDHH - UCV

Cuando se recuerda la triste guerra civil que azotó a El Salvador, se conjuga el recuerdo de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Nacido en Ciudad Barrios, un 15 de agosto de 1917, para 1977, tras una estadía en Roma, fue nombrado como Arzobispo de San Salvador. Ese año fue asesinado su amigo el padre Rutilio Grande, lo cual interpeló a Romero acerca de la necesidad de colocarse de lado de las víctimas denunciando a sus victimarios.
Entre 1978 y 1979 Monseñor Romero denunció en sus homilías los atropellos contra los derechos de campesinos, obreros y sacerdotes en general, en el contexto violento y represivo que vivía el país. Sus discursos fueron transmitidos por radio, señalando los asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte y la desaparición forzada de personas. En agosto de 1978 publicó una carta pastoral donde reiteraba el derecho del pueblo a la organización y al reclamo pacífico de sus derechos. El lunes 24 de marzo de 1980 fue asesinado.
Su muerte conmocionó a la región, convirtiendo a Romero en un símbolo de dignidad latinoamericana. Si bien en 1993 la conformación de una Comisión de la Verdad concluyó que el asesinato de Monseñor Romero había sido ejecutado por un escuadrón paramilitar amparado por el gobierno, la promulgación de una Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, como parte de los acuerdos que buscaban la reconciliación del país, otorgaba impunidad a los involucrados.
A pesar que los llamados delitos de lesa humanidad no prescriben, a mediados de los 90´s, dentro de El Salvador, era imposible hacer justicia. Sin embargo, este informe sirvió para que Tiberio Romero, hermano de Monseñor, y la abogada del Arzobispado de San Salvador llevaran el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual lo aceptó en mayo de 1995. Alegando “violación de la soberanía”, “ilegitimidad” y el supuesto inicio de una campaña en contra de El Salvador, el Estado se negó a suministrar información en los plazos fijados. En 1998, incluso, solicitó que se olvidaran del caso. El argumento oficial era que el mantenimiento de la paz era su estrategia para preservar los derechos humanos. A costa del olvido y la impunidad.
En el año 2000 la CIDH concluyó que el Estado salvadoreño era responsable por la violación del derecho a la vida, las garantías judiciales y la tutela judicial en el caso de Monseñor Romero, realizando tres recomendaciones:
1) Realizar una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones; 2) Reparar todas las consecuencias de las violaciones enunciadas, incluido el pago de una justa indemnización y 3) Adecuar su legislación interna a la Convención Americana, a fin de dejar sin efecto la Ley de Amnistía General. Tuvieron que pasar 9 años para que el Ejecutivo salvadoreño tuviera la voluntad política de acatar estas recomendaciones.
Es lamentable que posturas de los altos funcionarios venezolanos, como Luis Britto García, coincida con la actitud de quienes en El Salvador deseaban mantener la impunidad en el asesinato de Monseñor Romero: Deslegitimar a la CIDH. Britto García intenta convencer al pueblo venezolano que la institución que condenó las graves violaciones de derechos humanos realizadas por Pinochet, Videla y Fujimori, entre otros, y que además ha condenado las violaciones ocurridas en el marco del actual conflicto colombiano está “al servicio del imperialismo”.
Inspirados por la obra de Monseñor Romero, desde 1986 el Centro para la Paz y los DDHH “ Padre Luis María Olaso” de la UCV promueve la cultura de paz y los Derechos Humanos en una sociedad marcada por profundos desequilibrios, económicos, sociales y culturales, junto a una polarización extrema. Teniendo como espacio de articulación a la “Casa que Vence las sombras”, para ello necesitamos de todas las alianzas y escenarios, nacionales e internacionales, incluyendo la CIDH.
Más información en cdhucvpadreolaso.sj@gmail.com

Read More

Foro por la Vida y organizaciones sociales ante la amenaza del gobierno nacional de retirarse de la CIDH

(Caracas, 11 de mayo de 2012) Las organizaciones abajo firmantes, integrantes del Foro por la Vida, así como de otros sectores de sociedad civil, rechazamos contundentemente la propuesta formulada por el Presidente de la República en días pasados, de “retirarse” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado que la misma es contraria a los derechos del Pueblo de Venezuela y viola abiertamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

1) La CIDH, creada en 1959, es un órgano principal de la Carta de la OEA (arts. 51, e y 106) desde el Protocolo de Buenos Aires adoptado en 1967. Por ello, todos los Estados Miembros de la OEA están sujetos a su jurisdicción, incluidos aquellos que no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como Canadá, los Estados Unidos y Cuba. Mientras Venezuela siga siendo Estado miembro de la OEA, estará sometida a las competencias de la Comisión Interamericana para conocer de denuncias o peticiones por la violación de derechos humanos o para promover la vigencia efectiva de estos derechos.

2) Desde su creación, la CIDH ha acompañado a los ciudadanos de las Américas en su lucha por la liberación de la opresión, la exclusión y los abusos a sus derechos. En este sentido la CIDH ha realizado 92 visitas a los países miembros de la OEA, 62 informes de países, 42 informes sobre temas hemisféricos de derechos humanos, 8 Relatorías temáticas (Pueblos Indígenas, Mujeres, Migrantes, Libertad de Expresión, Niñez, Defensores de Derechos Humanos, Personas Privadas de Libertad y Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial) y ha celebrado audiencias en su sede al menos dos veces por año. Además de ello, la CIDH tiene la competencia para recibir y decidir las denuncias de violaciones de los derechos humanos, que no hayan obtenido justicia por los Estados; y elevarlos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana) en los casos de los países que hayan ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana) y aceptado su jurisdicción obligatoria. Así mismo, la CIDH ha otorgado cientos de medidas cautelares en casos de gravedad y urgencia, para evitar daños irreparables a las personas.

3) Con respecto a Venezuela, los casos decididos por la CIDH y elevados a la Corte Interamericana han incluido a grupos como campesinos (El Amparo), personas de los sectores más humildes (El Caracazo y las Desapariciones Forzadas de Vargas), personas privadas de libertad (Retén de Catia y medidas provisionales), víctimas de grupos parapoliciales de exterminio (familias Barrios y Uzcátegui), trabajadores (jubilados de Viasa), ciudadanos vascos deportados ilegalmente; periodistas, jueces y juezas removidos arbitrariamente y personas condenadas a prisión arbitrariamente, entre otros. Dichas decisiones están en su mayoría en situación de incumplimiento, en violación a la Convención Americana (art.68) y a la Constitución (art. 31).

4) El incremento en el número de los casos ante la CIDH configura una mayor democratización en el uso del sistema y un mayor empoderamiento por parte de las personas para luchar por sus derechos. Las condenas en los casos no pueden verse como una derrota de un gobierno ni como su desacreditación, sino como el triunfo de la justicia y la protección de los derechos, como compromiso del propio Estado. Además el incremento se debe a las deficiencias en nuestro sistema de administración de justicia para garantizar justicia y la no garantía de justicia expedita que obliga a las víctimas a acudir al Sistema Internacional de Protección.

5) La CIDH ha llevado a cabo dos visitas a Venezuela, la primera en 1996 en el marco de la situación carcelaria y la segunda en 2002. Durante esta última visita el Presidente Chávez recibió a la CIDH y le agradeció por su rol responsable jugado durante la crisis de abril de 2002 que terminó con el golpe de estado. Producto de su última visita, la CIDH publicó en el año 2003 un Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. La CIDH condenó dicha ruptura del orden constitucional y formuló una serie de recomendaciones en diversas áreas de los derechos humanos.

6) En la tramitación de los casos, la CIDH tiene que ajustarse a lo establecido en su Estatuto y su Reglamento, y en el caso de Venezuela, además, a la Convención Americana, en los términos interpretados por la Corte Interamericana. Si bien el agotamiento de los recursos internos es la regla, también es cierto que según el Derecho Internacional deben agotarse los recursos idóneos y que una de las excepciones establecidas  a este requisito es cuando existe un retardo injustificado. Buena parte de los casos Venezolanos que han llegado a la Corte Interamericana pasaron un promedio de cinco años en la etapa inicial de la investigación en las instancias venezolanas. La mayoría de estos casos nunca fueron presentados por el Ministerio Público ante un juez.

7) Es importante señalar que para retirarse de la CIDH, los Estados deben denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y abandonar la OEA. Los términos confusos del anuncio presidencial, hacen presumir que esto no estaría planteado el retiro de la CIDH, aunque sí una denuncia de la CADH.

8) La protección internacional de las personas que brinda la CIDH no puede desconocerse ni el Estado Venezolano puede salirse de ella, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En primer lugar, porque el derecho de toda persona a dirigir peticiones o quejas ante la CIDH (establecido en la Carta de la OEA y luego por la Convención Americana) con el “ objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos” es un derecho constitucional expresamente consagrado en su artículo 31. La disminución o el desconocimiento de ese derecho constituiría una transgresión del Principio constitucional de Progresividad reconocido en el artículo 19.

9) Además, una eventual denuncia de la Convención Americana es inconstitucional ya que ésta tiene “jerarquía constitucional” por ser un tratado sobre derechos humanos (art. 23). En segundo lugar, porque la CADH forma parte expresamente de la Constitución en materia de los límites a los estados de emergencia (art. 339). En consecuencia, ni el Presidente de la República ni la Asamblea Nacional pueden modificar la Constitución.

10) En el supuesto negado de que se denuncie la CADH, la misma sólo entraría en vigencia un año después de su notificación a la Secretaría General de la OEA; pero en todo caso, el Estado venezolano seguirá vinculado por todas las violaciones a los derechos humanos causadas mientras estuvo en vigor (art. 78, CADH).  

11) En consecuencia, la salida de Venezuela de la CIDH como ha sido anunciada o incluso la sola denuncia de la Convención Americana configurarían de conformidad con el artículo 25 de la Constitución, una violación o un menoscabo a los derechos garantizados en ella, por lo cual sería un acto “nulo”, y “los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

12) Adicionalmente, la decisión de Venezuela de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el contexto actual y vistos los informes emitidos por la Comisión Interamericana en los últimos años,  podría ser interpretada como una vulneración de la Carta Democrática Interamericana, ya que uno de los elementos esenciales de la democracia según dicha Carta es el respeto y garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema interamericano.

13) Una denuncia de la CIDH o de la CADH sería un hecho de gravísimas repercusiones nacionales e internacionales, por afectar injustificadamente los derechos de las personas y su protección internacional. Las víctimas y los defensores y defensoras de derechos humanos seguiremos luchando por la justicia en sus causas, ya sea ante los órganos del sistema interamericano como ante los diversos órganos de protección de los derechos humanos de la Naciones Unidas.

Firmantes:

- Acción Ciudadana contra el Sida ACCSI

- Acción Solidaria ACSOL

- Caritas Los Teques

- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

- CISFEM

- Civilis

- Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos entre Febrero y Marzo de 1989 COFAVIC

- Comité Pro Derechos Humanos del Estado Falcón COPRODEH

- Conflicto.ve

- Convite

- El Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela

- Espacio Público

- Fundamujer

- Grupo de Monitores de Derechos Humanos de Táchira

- Justicia y Paz

- Laboratorio de Paz

- Observatorio Venezolano de Conflictividad Social OVCS

- Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres. OVDDHHM

- Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos. PROVEA
- Servicio Jesuíta para los Refugiados (SJR)

- SINERGIA. Red de la Sociedad Civil

- Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas

Read More

Foro por la Vida rechaza criminalización de ONG que monitorean el tema penitenciario

Caracas, 30 de abril de 2012. Organizaciones del Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, conjuntamente con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Una Ventana a la Libertad expresamos nuestra preocupación por la situación del Internado Judicial La Planta y rechazamos los ataques producidos, a través de redes sociales y medios de comunicación, contra organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos que monitorean la situación de los centros penitenciarios del país: Carlos Nieto Palma de la organización Una Ventana a la Libertad y Humberto Prado del Observatorio Venezolano de Prisiones.

El Foro por la Vida  ha expresado en reiteradas oportunidades su preocupación por el creciente proceso de debilitamiento de las garantías para el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en el país y con ello el incremento de los riesgos para los activistas, las continuas descalificaciones y hostigamientos a su trabajo.

La situación irregular en el Internado Judicial La Planta comenzó el viernes 27 de abril de 2012, cuando autoridades del Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios denunciaron un intento de fuga de privados de libertad, a través de un túnel que conectaba con el desagüe del centro, de acuerdo con la información pública disponible. Desde ese día, hasta le fecha se mantienen cuerpos de seguridad en las cercanías del Paraíso, en Caracas, donde se encuentra ubicado el centro penitenciario.

El 30 de abril de 2012, mediante un contacto telefónico con el canal del Estado Venezolana de Televisión, la Ministra para los Servicios Penitenciarios, Iris Varela declaró lo siguiente: “Nos hemos encontrado con algunos internos que tienen informaciones. Algunas ONG les manifiestan algunas cosas para ponerlos (a los privados de libertad) en zozobra y asustarlos, para que la situación no se desarrolle en sana paz, como es la misión del Ministerio para los Servicios Penitenciarios”.

Organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Una ventana a la Libertad han realizado denuncias sobre la situación penitenciaria del país y específicamente de este centro, el cual se encuentra sin director desde el 15 de marzo de 2012 y se encuentra por encima de su capacidad operativa, pues tiene espacio para albergar a 350 privados de libertad, pero se encuentran aproximadamente 2600 personas, de acuerdo con información publicada por estas organizaciones.

El Foro por la Vida recuerda que el Estado venezolano se encuentra en mora en el cumplimiento de la sentencia del caso Montero Aranguren y otros, conocido como el Retén de Catia, emitida en 2006, en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza una serie de recomendaciones para que el Estado venezolano adecúe las cárceles de acuerdo con estándares internacionales de derechos humanos, que de ser aplicado, la situación carcelaria mejoraría.

Igualmente, el Estado se encuentra en mora en el cumplimiento de las medidas provisionales de protección otorgadas por la Corte Interamericana a los centros penitenciarios: Rodeo I y Rodeo II, Yare I y Yare II, Internado Judicial de Monagas “La Pica”, el Centro Penitenciario Región Centro Occidental Uribana, Centro Penitenciario  de Aragua (Cárcel de Tocorón) y  el Internado Judicial de Ciudad Bolívar (Cárcel de Vista Hermosa).  Aún con estas medidas, la impunidad, el hacinamiento, las violaciones al debido proceso, el trato degradante a los internos y la violencia siguen siendo los principales problemas en las prisiones venezolanas.

Por todo esto, solicitamos a los órganos del Poder Público:

1.      Garantizar el pleno respeto del Derecho a la vida y debido proceso de las personas privadas de libertad que se encuentran en el centro penitenciario de La Planta, así como adecuar las medidas de control de orden público en este centro. Similares políticas deben implementarse en el resto de las cárceles del país.

2.      Tomar las medidas necesarias para poner fin a las amenazas a las organizaciones y a los defensores y defensoras de derechos humanos en el país, especialmente contra aquellas organizaciones que monitorean la situación del sistema penitenciario den Venezuela.

3.      Dar inmediato y efectivo cumplimiento a las recomendaciones de la sentencia emitida en 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del Retén de Catia,  así como a las medidas provisionales otorgadas por este organismo del Sistema Interamericano en favor de diversos centros penitenciarios, para disminuir los hechos de violencia y violaciones de derechos humanos que allí ocurren.

4.      Abrir canales de comunicación e interlocución con los familiares de los internos e internas, así como con las organizaciones de sociedad civil para la búsqueda conjunta de caminos que hagan realidad la plena vigencia de los derechos humanos en los centros penitenciarios en Venezuela.

Organizaciones firmantes:

Observatorio Venezolano de Prisiones

Una Ventana a la Libertad

- Por la vocería del Foro por la Vida:

Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos entre febrero y marzo de 1989 (COFAVIC).

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA).

Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. 

Read More

Lienzos de amor y esperanza devolvió los rostros a las estadísticas de la violencia

Cofavic

Cuarenta lienzos de amor y esperanza, cuarenta fotos, cuarenta nombres que invitan a mantener viva la memoria de víctimas de violaciones de derechos humanos, principalmente jóvenes venezolanos. Historias de vida  entretejidas con materiales artesanales y elaboradas por los familiares de estas víctimas. Un mensaje que impulsa la solidaridad y el rechazo de la violencia, desde una propuesta humanizadora y constructiva. Una apuesta por rescatar la memoria, desterrar el olvido, pues ellos (las víctimas) resisten entre nosotros.

Esta iniciativa fue impulsada por el Comité de Familiares de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), en el marco del proyecto “Fortalecimiento y desarrollo de la labor de las organizaciones de derechos humanos para afianzar el tejido social en Venezuela”, desarrollado gracias a la cooperación de la Unión Europea.

Desde septiembre de 2011, COFAVIC agrupó treinta y cuatro historias emblemáticas de violaciones al derecho a la vida e integridad personal y seis casos de mala praxis médica, con casos de violencia obstétrica,  los cuales conformaron la galería Lienzos de amor y esperanza: “la vida de los jóvenes lo merece todo”, muestra itinerante que durante los días 14, 15 y 16 de marzo de 2012 fue expuesta en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas y que continuará en diversos espacios del país.

En Venezuela existe una creciente feminización de la impunidad, dado que la gran mayoría de quienes denuncian casos de violaciones de derechos humanos y de violencia son mujeres: madres, esposas, hermanas, hijas que asumen con enorme coraje y perseverancia, la tarea de la defensa de los derechos humanos (72% de las denuncias son presentadas por mujeres, de acuerdo con el Informe sobre violaciones cometidas por grupos parapoliciales en Venezuela 2000-2009  de COFAVIC). Por atreverse a soñar con la justicia, la mayoría de estas mujeres son hostigadas y amenazadas.

Las protagonistas de esta iniciativa son quienes han denunciado casos desde 1989 hasta la actualidad en los estados Anzoátegui, Distrito Capital, Barinas, Miranda, Lara, Zulia, Yaracuy y Vargas.

Diversos espacios de encuentro, guiados por el área psicosocial de COFAVIC, permitieron que rindieran honor a sus seres queridos con lienzos de tela de 50 centímetros por 50 centímetros. En ese trozo de tela en blanco se encontraba reflejada la impunidad, el olvido y fue transformándose en vida, de la mano de estas mujeres, tornándose en rostros con historias, a través de trazos con pinceles, colores, cintas, fotos y recuerdos de la vida de estos jóvenes víctimas de violaciones de Derechos Humanos.

Un espacio que comenzó como una iniciativa artística artesanal, se convirtió en un espacio altamente reparador para familiares de víctimas, lo cual permitió que en un espacio abierto y a través de una estructura que culminaba en una especie de carpa (elaborada por Aureliano Alfonzo) de forma que  los visitantes pudieran penetrar en ese mundo interior cargado de amor, lucha y esperanza.

Esos jóvenes víctimas de violaciones de derechos humanos  se habían convertido con el pasar de los años y con la impunidad en números de expedientes, que solamente eran memorizados por sus dolientes. Con estos lienzos se les dio rostro, reafirmándose su dignidad y de ahora en adelante serán recordados por sus nombres y apellidos, por sus gustos, por sus lienzos.

Según la Encuesta sobre Victimización y Seguridad Ciudadana, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 2009, la mayoría de las víctimas de la violencia son jóvenes: 80,73 por ciento tenían entre 15 y 44 años. Además precisa que 81,13 por ciento de los asesinados fueron hombres. Por lo que estos lienzos también reflejan a los aproximadamente 19.133 asesinatos que registró el INE, durante el 2009.

COFAVIC continuará recopilando lienzos, fotos, rostros y nombres de víctimas de la violencia y violaciones de Derechos Humanos para mantener viva la llama de la memoria y con ella la lucha contra la impunidad y la apuesta por la esperanza.

Para sumarse a esta iniciativa contactar a COFAVIC a través de los teléfonos 02125729912, 02125729631, por el correo electrónico cofavic@cofavic.org y/o por twitter @COFAVIC

Read More