Responsabilidad y tolerancia

COFAVIC

Si hay algo que quedó claro, luego del pasado proceso electoral es que el país está dividido en dos partes y que lamentablemente, la polarización se ha agudizado y que los dispuestos a servir de diques para evitar confrontaciones mayores no abundan.

Esa situación delicada impone, en primer lugar a la institucionalidad una gran responsabilidad y es dar estabilidad y tranquilidad al pueblo  y promover la convivencia pacífica. No convertirse en elementos para exacerbar emociones ni para profundizar las heridas y las diferencias. Si esta obligación no se entiende podríamos ir hacia una tragedia nacional.

Instituciones claves para los derechos humanos como el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República o la Defensoría del Pueblo tienen una enorme responsabilidad histórica en estos momentos. Tomar partido y  diluir las funciones Constitucionales que les corresponden no sólo desdibuja sus obligaciones, sino que impide que sean un muro de contención para la violencia y para la pervivencia del Estado democrático.

La gente necesita ser escuchada, oxigenar sus pretensiones  y que sus exigencias sean procesadas con respeto a las diferencias  en un ámbito de legalidad y por instituciones que garanticen un mínimo de autonomía. Si la institucionalidad toma partido se bloquean los canales de convivencia para dirimir las diferencias existentes de manera legal y pacífica, colocando a la sociedad al abismo.

Por otro lado, la polarización existente desde lo político si hay algo que impone es que los líderes de los dos sectores que hoy se visualizan en el país, asuman la responsabilidad histórica de defender sus posiciones sin salirse de los principios y las obligaciones que se derivan del respeto de los derechos humanos.

En ese sentido, en democracia un elemento insustituible es establecer canales de diálogo. Por más que existan diferencias y que estas sean  equidistantes siempre el diálogo y el respeto a las personas es imprescindible.  Deben existir para quienes deseen, desde sus posiciones, el bien del país  un mínimo de temas acordados y entre ellos de manera preponderante el respeto a la persona, a su dignidad y a la protección y garantía de sus derechos.

Otro aspecto importante para bajar la tensión y evitar la confrontación, es responsabilidad en el uso del lenguaje. No es aceptable que ante las diferencias políticas, el liderazgo y más gravemente la institucionalidad establezcan un esquema que basándose en posiciones supuestamente antagónicas pierdan el respeto a la persona. El insulto y la utilización ligera de términos tan graves como “fascismo”, “asesinos”o “traidores a la patria” pretenden deshumanizar a las personas y en ese terreno hacer que cualquier acción en su contra sea válida.

La lucha por la igualdad comienza por reconocer al otro y defender la posibilidad de su existencia a pesar de las diferencias. Todas las opciones políticas son legítimas siempre que estén en el marco del respeto de los derechos humanos.

Todas las personas, sin distinciones, tenemos derecho a pensar diferente y a expresarlo y eso nos humaniza y nos enriquece.

Los derechos humanos no corresponden a una forma de actuar determinada, ni a una clase social ni a una raza. El respeto y la garantía de los derechos humanos no es una dádiva de un gobernante ni una concesión  de un Estado, son simplemente obligaciones que deben ser cumplidas. Comprender eso es asumir y vivir la democracia.

Por nuestro lado, las ONGs debemos seguir transitado esa línea tenue que aún queda en el país y que pertenece a quienes no debemos tomar partido, debemos continuar con coherencia haciendo los señalamientos que devienen de nuestro mandato y que ya hemos hechos en el pasado. No somos ni gobierno ni oposición. Y tenemos derecho  a existir.

Defendemos  a todos, ese es nuestro único mandato y legado y a pesar de que las circunstancias se extremen debemos afirmarnos  en él.

@cofavic

www.cofavic.org

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Foro Por la Vida solicita Investigar hechos de violencia; rechaza suspensión, por la vía de los hechos, de garantías constitucionales; y exige garantizar derecho de contar todos los votos

(Caracas, 18.04.13) Durante la mañana del 18 de abril, los miembros del Foro por la Vida, la coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, realizaron una rueda de prensa para expresar su opinión sobre los hechos relacionados con las elecciones presidenciales del 14 de abril.

Marino Alvarado, coordinador general de Provea, solicitó una investigación expedita y transparente de las muertes ocurridas desde el cierre de la campaña electoral y en el marco de la crisis originada desde el día 14 de abril en la madrugada. “Debe establecerse con claridad su número, las circunstancias en las que ocurrieron y las responsabilidades en los hechos”. Alvarado exigió que fueran determinados el número real de víctimas y que las mismas no fueran usadas por las partes como recursos propagandísticos. El coordinador general de Provea recordó que altos funcionarios, incluyendo al ministro de comunicación Ernesto Villegas habían denunciado el incendio de Centros de Diagnóstico Integral en varios puntos del país, hechos que luego no demostraron ser ciertos. “Incluso en situaciones de alta conflictividad no se debe cercenar el derecho a la protesta pacífica, ni tampoco se puede suspender, por la vía de los hechos, las garantías a su ejercicio. Recordamos que es una obligación del Estado garantizar que las manifestaciones pacificas puedan realizarse. Además, condenamos la estrategia de criminalización de la protesta, que incluye hostigamientos, represión directa, detención de manifestantes y su pase a tribunales”.

Por su parte Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) abordó el tema del debilitamiento de la institucionalidad democrática y el estado de derecho: “En los últimos días diversas autoridades han tomado iniciativas preocupantes, tales como la prohibición de una marcha por parte de Ejecutivo, el desconocimiento de la investidura parlamentaria para ejercer derechos de palabra en la Asamblea Nacional y la destitución de diputados de la jefatura de comisiones parlamentarias. Se trata de medidas de hecho que colocan al país en un escenario de suspensión de garantías de facto”. Acerca de las declaraciones de la presidente del Tribunal Supremo de Justicia acerca de la eliminación del “conteo manual” expresó: “la Carta Magna se refiere al derecho al sufragio como expresión de la soberanía popular y reconoce el sufragio como un derecho que se ejerce “mediante votaciones libres, universales, directas y secretas” estableciendo que “la ley garantizará el principio de la personalización del sufragio”. En ningún punto de la Constitución se hace referencia al tipo de sistema de votación a utilizarse. Por el contrario, la misma Ley Orgánica sobre procesos Electorales contempla la posibilidad del voto manual y las auditorías son una forma manual de revisión al momento de la elección, así como una opción de verificación posterior”. A juicio de la socióloga mediante sus declaraciones, la Presidente del TSJ incurre en adelanto de opinión sobre asuntos que eventualmente llegarían al máximo tribunal, olvidando la jurisprudencia del 14 de febrero de 2012, cuando se ordenó el resguardo del material electoral de las primarias de la MUD. “Si el material electoral era, a su juicio, necesario en un proceso interno de una parcialidad política, mucho más importante resulta en el caso de la elección del Jefe de Estado”.

Por su parte el Padre Raúl Herrera, coordinador de la Cátedra para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela solicitó el reconocimiento de los diversos actores y reiteró la necesidad del dialogo para superar la crisis política. “La situación planteada requiere una salida negociada que impone de los actores políticos y las instituciones dar señales claras de querer resolverlas por mecanismos democráticos. Cuestionamos las actitudes de violencia e intolerancia evidenciadas por algunos sectores de ambos bandos”. En opinión del párroco la activación de los mecanismos para aclarar las dudas razonables sobre el resultado electoral devolvería la tranquilidad a la sociedad venezolana. En nombre de la coalición solicitó al Consejo Nacional Electoral acoger la solicitud de que se cuenten todos los votos y se haga la verificación pertinente con las actas y cuadernos de votación dándole curso de conformidad con lo previsto en la normativa electoral,  y someta a consideración acompañamiento técnico ofrecido por la Organización de Estados Americanos. Solicitó se inicien las averiguaciones respectivas ante las distintas irregularidades arriba mencionadas, que empañan el proceso electoral y se apliquen a los responsables las sanciones que dicta el marco legal venezolano.

Las organizaciones de derechos humanos expresaron que se encuentran activadas y en emergencia, dispuestas a acompañar a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

Prensa Foro por la Vida

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Carta abierta a las organizaciones de Derechos Humanos de América Latina

A las organizaciones defensoras de derechos humanos,

A nuestros colegas del movimiento social y popular:

Ustedes nos conocen. Algunos de nosotros y nosotras tenemos más de 20 años como defensores y defensoras de derechos humanos. Nos hemos visto en muchos seminarios internacionales, hemos suscrito juntos innumerables comunicados y notas de prensa, hemos compartidos penas y alegrías, dudas y herramientas para fortalecer las organizaciones de las que somos parte. Con toda responsabilidad te hacemos llegar esta comunicación para que conozcas un resumen de nuestra versión sobre los acontecimientos recientes ocurridos en nuestro país, Venezuela.

Ustedes saben que, en el año 1998, saludamos la elección de Hugo Chávez como presidente como una oportunidad que se abría para trabajar por un plan nacional de derechos humanos. Recordamos que incluso, llegamos a reunirnos con él donde asumió el compromiso de trabajar de manera conjunta para fortalecer los derechos humanos en el país. En 1999 participamos activamente dentro del proceso constituyente aportando nuestra experiencia acumulada que contribuyó, de manera decisiva, a la redacción final del Título III correspondiente a los derechos humanos y garantías que consagra los derechos civiles y políticos y de los artículos sobre derechos humanos incluidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Cuando pensamos que las condiciones estaban dadas para un trabajo articulado con el Estado para el diseño y monitoreo de políticas públicas con énfasis en derechos humanos, la polarización política indujo al poder Ejecutivo a la mala decisión de declarar que éramos sus enemigos y que no dialogaría más con nuestras organizaciones. En los últimos años hemos sistematizado y denunciado las dificultades de acceso a la información pública, así como las diferentes estrategias de criminalizar nuestro trabajo y, en general, el ejercicio del derecho a la protesta en el país, en particular por la reivindicación de derechos sociales. Asimismo, hemos denunciado los proyectos y leyes que intentan poner al margen de la ley tanto la recepción de cooperación internacional como nuestro trabajo de acompañamiento a las víctimas de violación a los derechos humanos.

Tras el fallecimiento del presidente Chávez se convocaron elecciones para el pasado 14 de abril. Las inequidades en el ejercicio del derecho a la participación, en el marco de citas electorales, han sido documentadas por organizaciones que han participado como observadoras en dichos eventos.. Desde hace varios años las organizaciones de derechos humanos hemos expresado preocupación sobre el desequilibrio en las campañas electorales, a partir del uso de los recursos del Estado a favor de una opción política.  A pesar del ventajismo oficial los diferentes actores políticos consensuaron la vía electoral para la resolución de diferencias, dejando definitivamente atrás caminos antidemocráticos de nuestro pasado reciente. El día de la votación, como pudimos corroborar a través del monitoreo propio de la situación, no se disimuló el uso de recursos públicos para favorecer la opción oficialista y se cometieron múltiples irregularidades electorales, las cuales ahora estamos documentando para nuestros informes. Los resultados fueron anunciados por el árbitro, el Consejo Nacional Electoral (CNE), a las 11 de la noche dando como ganador a Nicolás Maduro por 250.000 votos de diferencia, en un margen menor del 2%. En un resultado tan cerrado, aunado a las denuncias sobre ilícitos electorales, era previsible que se solicitara un reconteo de los sufragios para despejar cualquier duda razonable sobre el resultado. Después de la divulgación de los resultados el candidato Henrique Capriles impugnó los resultados, un mecanismo no sólo previsto en nuestras leyes electorales, sino que ha sido activado en diferentes elecciones locales y regionales, revirtiendo resultados que habían sido forjados y manipulados. Cuando el presidente encargado Nicolás Maduro anunció, esa misma noche, que aceptaba la auditoría  del 100% de los votos, pensamos que estábamos presenciando el fortalecimiento institucional de las herramientas democráticas de conciliación y resolución de conflictos. Sin embargo, nos equivocamos.

Al día siguiente diferentes voceros y voceras del alto gobierno, además de la propia rectora del CNE Tibisay Lucena, negaron la activación de este mecanismo, cosa que fue reiterada a continuación por el propio presidente y candidato Maduro, contrariando sus palabras de 24 horas antes. Esta negativa, el cierre de caminos políticos para la resolución del conflicto, generaba las condiciones para la violencia. Si bien no era un acto ilegal, era políticamente torpe que, en medio de una solicitud de impugnación, fuera proclamado Nicolás Maduro como presidente del país para el período 2013-2019, lo cual aumentó la crispación de un sector importante del país. El 15.04.13 fue convocado un cacerolazo para mostrar el rechazo a la negativa del reconteo de votos por el candidato Capriles, que fue acatado de manera masiva en las principales ciudades del país, así como en diversas poblaciones medianas y pequeñas y, dato significativo, en zonas populares identificadas tradicionalmente con el oficialismo. Esa noche, a falta de mecanismos de resolución pacífica y democrática del antagonismo, hubo excesos en ambos bandos, reportándose actos de agresión, intimidación, violencia, heridos y muertos en diferentes puntos del país.

El candidato Capriles, en el ejercicio legítimo de su derecho a la participación y manifestación pacífica, había convocado una movilización en Caracas para el 17.04.13 con la finalidad de solicitar formalmente al CNE la activación de los mecanismos de reconteo de sufragios. En alocución televisada Maduro literalmente prohibió la realización de la marcha, suspendiendo por la vía de los hechos las garantías constitucionales del derecho a la manifestación.

Diferentes voceros del alto gobierno, amplificados por el sistema nacional de medios públicos a nivel nacional, y por la cadena Telesur a nivel internacional, sostenían que los sectores no oficialistas intentaban repetir “el guión del golpe de Estado” del año 2002, una versión que comenzó a ser repetida, incluso, por redes de las que formamos parte. De esta manera, se ocultó deliberadamente que la negativa a la activación de un mecanismo institucional y democrático es el detonante de la crisis, abriendo cauce a la violencia. Ayer 16 de abril, el presidente Maduró convocó a sus seguidores a enfrentar en la calle “el golpismo”, lo cual ampara la violación de derechos humanos de los ciudadanos que han participado en marchas opositoras. La línea gubernamental de actuación es promover la confrontación y no el diálogo con la mitad del país. Ante este panorama, las organizaciones nos hemos declarado en emergencia. Como consecuencia del anuncio de Maduro, el candidato Capriles suspendió la movilización prevista, en sus palabras, para evitar hechos de violencia que distrajeran el debate de su reivindicación del conteo del 100% de los votos. Esta decisión ayuda a bajar los niveles de la confrontación en el corto plazo, pero no sabemos por cuánto tiempo. Asimismo, el Presidente de la Asamblea Nacional, Teniente Diosdado Cabello, Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) negó el derecho de palabra de los Diputados opositores que deseaban intervenir en una plenaria del Parlamento y hoy por orden del Presidente de la Asamblea, fueron suspendidos de sus cargos los parlamentarios opositores que participaban como Presidentes en Comisiones Especiales de la Asamblea Nacional. Todo lo anterior significa un contundente desconocimiento de la voluntad popular que dio origen al mandato de los Diputados opositores electos durante los comicios de  septiembre de 2010 y cuyos mandatos no estaban sometidos a ninguna discusión jurídica y con plena vigencia.

En medio de la polarización que hemos vivido en el país como organizaciones hemos apostado a la solución pacífica y democrática de los conflictos, a la promoción de la tolerancia y creemos que ante la crisis política que vive el país es fundamental una solución que garantice la gobernabilidad, lo cual pasa por el reconocimiento del otro, fortalecimiento de las instituciones y el diálogo como aspecto fundamental.

En virtud del respeto hacia nuestro trabajo común, conocer un resumen ejecutivo de nuestra opinión sobre lo que pasa en Venezuela. Creemos que es justo, en virtud del ejercicio del derecho a la participación, que el gobierno acceda al conteo de los votos, demostrando que la voluntad popular lo ha favorecido como en ocasiones anteriores. Nuestras organizaciones respaldan esta demanda, paralelamente al acompañamiento de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y el rechazo de las expresiones de violencia e intolerancia, independientemente de donde vengan. Tenemos la seguridad que, como lo hemos hecho en el pasado, jamás avalaremos atajos antidemocráticos y que vulneren el estado de derecho en nuestro país. Sabemos que la situación de polarización hace difícil desde afuera tener la mejor información de lo que está pasando, por lo que te recomendamos contrastar permanentemente lo que leas sobre la situación en nuestro país, sin perder la perspectiva de protección a los derechos humanos. En la medida de nuestras limitaciones, intentaremos aumentar el flujo de informaciones generadas desde nuestras organizaciones.

En medio del clima de confrontación y de criminalización de la protesta pacífica, se está etiquetando a todos los que no hacemos un endoso acrítico e incondicional de los resultados electorales como factores “de la derecha”, con la misma ligereza con que en el pasado se nos calificó de “izquierdistas” o “defensores de guerrilleros y delincuentes”. Esperamos que estas líneas te ayuden a discernir sobre lo que siempre hemos sido y no dejaremos de ser: defensores de los principios fundamentales de una sociedad democrática, del Estado de derecho y de los derechos humanos.

Agradeciendo la voluntad de ampliar la perspectiva sobre la situación a lo interno de Venezuela, nos despedimos calurosamente.

Firmas:

Ligia Bolívar O.

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

Marino Alvarado

Coordinador General Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea)

Liliana Ortega

Miembro fundadora del Comité de Familiares de Victimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic)

Alberto Nieves

Director Ejecutivo, ACCSI Acción Ciudadana Contra el Sida

Yolanda D´Elias

Acción Solidaria

Padre Raúl Herrera

Director Centro para la Paz y los Derechos Humanos Universidad Central de Venezuela

Feliciano Reyna

Presidente Civilis DDHH

José Gregorio Guarenas

Director Vicaria de DD.HH de Caracas

Hermana Maria José González

Caritas Los Teques Justicia y Paz

Isolda Salvatierra

Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las Mujeres

Carlos Correa
Espacio Público

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Pronunciamiento del Foro por la Vida ante hechos relacionados con las elecciones del 14 de abril

Caracas, Venezuela; 16 de Abril de 2013

La Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, Foro por la Vida, en el marco del derecho a la participación política reconocido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado, se pronuncia sobre los últimos acontecimientos relacionados con las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, donde el pueblo venezolano ejerció masivamente  su Derecho al voto, lo cual reafirma su vocación democrática.

Desde hace varios años las organizaciones de derechos humanos hemos expresado preocupación sobre el desequilibrio en las campañas electorales, a partir del uso de los recursos del Estado a favor de una opción política. En esta oportunidad dado el estrecho margen de diferencia entre los dos principales candidatos y el reporte de más de 3.000 incidencias por parte de los actores políticos, presentan una duda razonable sobre la consistencia de los resultados, que permiten  justificar la activación de los mecanismos previstos en la legislación nacional para una revisión detallada de los mismos, sin que ello deba ser interpretado como una amenaza a la democracia y la voluntad popular, sino como la forma legal y cívica de resolver la controversia, especialmente considerando que ambos candidatos aceptaron de manera voluntaria e inmediata la revisión la noche del 14 de abril.

Es necesario recordar que en Venezuela existen precedentes jurídicos que establecen que la proclamación de un candidato, no cierra los canales legales para la activación de los mecanismos de revisión de los resultados de un proceso electoral.

Saludamos el ofrecimiento del Secretario General de la OEA, quien puso a disposición de Venezuela el equipo de expertos electorales de la organización. La asistencia técnica es un mecanismo válido y oportuno en el ámbito de las relaciones internacionales que no puede desestimarse a priori bajo el debatible argumento de la injerencia extranjera, tomando en cuenta que la Carta Democrática Interamericana considera “que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención”.

Repudiamos las agresiones contra personas que participaban en las auditorías ciudadanas, cuya realización solo es posible “una vez existan las condiciones mínimas de seguridad para la realización del acto con absoluta normalidad” (Artículo 440 del Reglamento LOPE). La auditoría ciudadana constituye parte integral del proceso electoral y su obstaculización solo contribuye a sembrar dudas sobre la integridad de los resultados.

Expresamos nuestra preocupación por los ataques vandálicos sufridos por la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación contra su personal, equipos e instalaciones en las que laboraban el 14 de abril, mientras realizaban una actividad de verificación, debidamente avalada por el Consejo Nacional Electoral.

Por tanto:

1.- Hacemos un llamado a sociedad civil a canalizar sus aportes para la documentación y formalización de denuncias y seguir el proceso de verificación de resultados de manera cívica.

2.- Solicitamos al Consejo Nacional Electoral acoger la solicitud de que se cuente todos los votos y se haga la verificación pertinente con las actas y cuadernos de votación dándole curso de conformidad con lo previsto en la normativa electoral, incluyendo la aceptación del ofrecimiento de asistencia técnica de la Organización de Estados Americanos. Igualmente solicitamos al CNE se inicien las averiguaciones respectivas ante las distintas irregularidades arriba mencionadas, que empañan el proceso electoral y se apliquen a los responsables las sanciones que dicta el marco legal venezolano.

3.- Exhortamos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en particular a los responsables del Plan República, a preservar el material electoral, de acuerdo a las responsabilidades que le imponen los artículos 167 y 169 de la Ley Orgánica sobre Procesos Electorales.

4.- Invitamos a los partidos políticos y autoridades nacionales a que se establezca el diálogo en un marco de respeto mutuo, como único mecanismo democrático que permita una salida pacífica a las actuales circunstancias que vive Venezuela.

5.- Recordamos que la protesta pacífica es un derecho humano consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. En tal sentido, exhortamos al Estado venezolano a garantizar el libre ejercicio de este derecho y proteger a todas las personas que lo ejerzan.

6.- Solicitamos al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo  prevenir e investigar de manera oportuna e independiente cualquier tipo de violación a los derechos humanos, y a los cuerpos de seguridad del Estado abstenerse de la utilización abusiva y desproporcionada de la fuerza tal como lo contempla la legislación nacional. Ello comprende la no intervención de cuerpos militares, el uso de armas de fuego, el empleo de la violencia, y el uso de gases lacrimógenos o de sustancias tóxicas prohibidas para el control del orden público en la Carta Magna.

Las organizaciones que conforman la coalición del Foro por la Vida, hacemos un llamado al Estado venezolano al respeto de los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar y contribuir a un clima de paz, dialogo, entendimiento y reconocimiento entre los sectores del país.

Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi)

Acción Solidaria (Acsol)

Caritas de Venezuela. Comisión de Justicia y Paz

Caritas Los Teques. Justicia y Paz

Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV

Centro de Derechos Humanos de la UCAB

Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer (CISFEM)

Comité de familiares víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)
COPRODEH

Espacio Público

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Vicaria de los Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas

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Por un Plan Nacional de Derechos Humanos

PROVEA

En 1993, convocados por la Organización de las Naciones Unidas, se realizó en la ciudad de Viena la Conferencia Mundial de Derechos Humanos con la participación de la mayoría de los Estados. Uno de los grandes logros suscritos fue el compromiso de elaborar planes de acción nacional para “mejorar la promoción y protección de los derechos humanos”.  Del debate desarrollado se comprendió que no era suficiente garantizar los derechos en las normas nacionales, sino que era imprescindible diseñar políticas, establecer metas, designar presupuestos y monitorear su ejecución por parte de sus beneficiarios y de la ciudadanía en general.

Si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) es ampliamente garantista en materia de derechos sociales, estableciendo un marco para el ejercicio y disfrute general de los derechos humanos, este articulado dista de ser un plan. Un plan implica establecer  políticas públicas de corto, mediano y largo plazo para garantizar la vigencia de esos derechos plasmados en la Carta Magna, involucrando para ello a todos los entes y órganos del Estado en sus diversos niveles y expresiones. Obliga a calcular y acordar presupuestos para la ejecución de las políticas. Conduce a diseñar indicadores para la evaluación de los resultados y requiere estimular la participación  diversa y plural, promover el diálogo y facilitar el ejercicio de la contraloría social. Algo así no existe hoy en el país.

El gobierno a ser electo en los comicios del 14 de abril tiene la oportunidad de convocar a un gran diálogo nacional para el diseño de un plan en derechos humanos, el cual no puede pretender sustituirse por la propuesta, siempre parcial, de una organización partidista. Si bien han sido tiempos difíciles de polarización política y es complejo promover y realizar diálogos entre diversos sectores del país, así como entre la sociedad y el Estado, la más amplia interlocución posible es una precondición para construir un Plan Nacional de Derechos Humanos. Desde distintas visiones de la realidad actual del país, desde puntos de vista adversos sobre cómo afrontar el presente y el futuro de nuestra sociedad y desde intereses, incluso contrapuestos, consideramos que es posible explorar y conseguir puntos de encuentro que nos permitan mejorar realidades y elevar la calidad de vida de todos y todas: Hay situaciones que nos afectan a cada uno de nosotros y nosotras, en mayor o menor medida, independientemente de nuestra inclinación política, condición social y ubicación geográfica. Un ejemplo han sido los planes, implementados en otros países de la región, para revertir situaciones graves de inseguridad ciudadana, los cuales han sido consensuados entre la mayoría de los afectados y que han tenido resultados positivos.

Fomentar y consolidar el Estado de Derecho y la Democracia se hace imperante. En octubre de 2012, a través del documento “Tareas urgentes para garantizar los derechos humanos en Venezuela”, Provea  junto a la coalición Foro por la Vida elaboramos unas propuestas bases para su realización: 1) Reforma y adecuación de la legislación nacional a los principios y garantías constitucionales y a las normas y estándares internacionales de derechos humanos; 2) Garantizar que los Planes nacionales estén enmarcados en la Constitución y dispongan de las políticas, regímenes y legislación para su cumplimiento contemplando la formulación de un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos;  Aplicar medidas para reestructurar la organización y funcionamiento de órganos e instituciones de la Administración Pública Nacional, estadales y municipales y las políticas públicas que así lo requieran, para garantizar a todas las personas, la universalidad y la igualdad de los derechos humanos, conforme a sus principios de progresividad y sin discriminación alguna con participación universal, plural y democrática; 4) Garantizar que el Poder Ejecutivo Nacional y los de Estados y Municipios, no ejerzan conductas que menoscaben la independencia y autonomía del Poder Judicial y de los órganos que componen el Poder Ciudadano y Moral, u obstaculicen el ejercicio de sus funciones garantes del derecho de acceso a una justica imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita.

El inicio de un nuevo periodo presidencial es una oportunidad para concretar un Plan Nacional de Derechos Humanos en Venezuela que convoque el concierto de todos y todas en pro de medidas que permitan la creación efectiva transparente y articulada de políticas públicas dirigidas a cumplir con el respeto, ejercicio, goce, disfrute y garantía de cada uno de los Derechos Humanos.

Estado y ciudadanos y ciudadanas trabajemos juntos en un Plan nacional de Derechos Humanos: más derechos, más democracia, más calidad de vida, por mejores condiciones para todos y todas y para dignificar a las víctimas.

http://www.derechos.org.ve/

@_provea

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Internet: un espacio para la libertad de todos

Espacio Público

Foro por la Vida

Internet es un  nuevo territorio para el debate, la deliberación, el ejercicio de las subjetividades y por tanto tiene una estrecha relación con el conjunto de los desarrollos acumulado en el ámbito de los derechos humanos. La esfera digital es también un lugar privilegiado para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y por tanto deriva en un conjunto de obligaciones de los Estados para promover su uso, garantizar la protección y la evitar la intromisión que obstaculice el libre flujo de las ideas e informaciones.

En junio del año 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), aprobó el informe preparado por el Relator Especial para la Libertad de Expresión, el guatemalteco Frank La Rue. En este informe se declara que el acceso a Internet es un derecho humano, de ello deriva la obligación de los Estados de garantizar el acceso universal, mediante políticas que permitan que las personas puedan tener conectividad y alta calidad en las mismas.

Junto esta obligación progresiva del acceso universal a internet, que incluye la conectividad y la alfabetización digital para todas las personas, la propuesta aprobada por la ONU desarrolla las obligaciones asociadas a los casos relativos al filtrado de páginas o sitios web, la usurpación de identidades, el derecho a la privacidad, la criminalización de las opiniones legitimas, el derecho a la propiedad intelectual y los ciberataques.

Venezuela está urgida de una política coherente e integral que permita en un lapso breve alcanzar mayores cuotas que nos aproximen al acceso universal y conjuntamente abarate los costos de la conectividad. Las velocidades de conexión son bajas y además costosas, en un escenario en el que Estado controla el operador con mayor cuota de mercado. Por otra parte son reiteradas las denuncias de usurpación de cuentas en redes sociales vulneración de la privacidad y las respuestas, en líneas generales, son insuficientes y suman a la impunidad.

Entre las “10 iniciativas para Venezuela”, que impulsamos en conjunto a las organizaciones de Monitor Legislativo, proponemos que la Asamblea Nacional asuma el liderazgo para impulsar un debate sobre Internet en Venezuela que debe incluir al menos los siguientes aspectos:

1.- Desarrollar y fortalecer una política pública que posibilite la universalidad del acceso y conectividad a internet. Acceso universal con la mayor velocidad de la región y al menor precio

2.- Establecer un plan concertado con los diversos sectores de la sociedad, incluyendo a las universidades nacionales, organizaciones no gubernamentales, empresas públicas y privadas, para que de modo concreto y mensurable se impulsen medidas para mejorar la calidad y velocidad de la conexión a internet en el país. 

Este plan puede demandar medidas de exoneración impositiva, acuerdos de responsabilidad y otros tipos de iniciativas que posibiliten la mejora, la oferta de conexiones wifi en lugares públicos, planes de inversión para sectores educativos, científicos y comunitarios.

3.- Impulsar una investigación parlamentaria sobre los recurrentes craqueos a cuentas de correo, redes sociales y otros medios digitales.

4.- Investigar y establecer responsabilidades en los casos de filtrados arbitrarios de sitios web que constituyen una restricción ilegitima a la libertad de expresión al no permitirse un mecanismo publico judicial sobre su aplicación.

5.- Desarrollar una propuesta legislativa que ofrezca garantías a la privacidad frente a las empresas públicas y privadas.

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Un sangriento legado.

Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara

Foro por la Vida

                La muerte del primer mandatario ha  promovido numerosos foros de discusión en torno al “legado de Chávez”,  en los que opinadores de diversas tendencias se proponen hacer un “balance histórico” de estos 14 años de  gobierno.  Ante toda la retórica épica, religiosa y electoral que colma los espacios de opinión,  se hace necesario volver sobre los hechos, particularmente aquellos que acusan  el uso de la violencia y la impunidad como la vía expedita e irreversible para negar de facto todos los derechos. Nos referimos a la violación del derecho a la vida y a la indefensión jurídica de las víctimas de la violencia, como indicadores  incontestables del  balance gubernamental.

El  balance no puede ser más aterrador sobre todo para los jóvenes, los trabajadores y los sectores más pobres de la población. Si revisamos las estadísticas de venezolanos caídos bajo las balas de la delincuencia y de los organismos policiales y militares, nos encontramos con la alarmante cifra de 177.169 homicidios registrados en el período 1999-2012 y de al menos 641.351 ciudadanos heridos en hechos violentos. [1]

Se estima que cada uno de estos asesinados deja a 4,4 familiares afectados, o víctimas indirectas,  lo que implica que alrededor de 779.543 personas, la mayoría de ellas mujeres, niños y niñas sufren las consecuencias de vivir en una sociedad violenta, así el “legado” se extiende a 1.600.000 venezolanos.   

                La Red de Información Tecnológica Latinoamericana (Brasil), estimó que el 64,2%  de los asesinados y heridos en Venezuela son jóvenes entre los 15 y 24 años. La cifra que se eleva a más del 85%, si se incluye a los asesinados menores de 40 años. “La probabilidad de que un joven latinoamericano sea víctima de un homicidio es 30 veces mayor que la de un joven europeo”.

Así mismo, el informe sobre Desarrollo Humano, (Pnud),  realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ubicó a Venezuela como el tercer país con mayor tasa de homicidios (T.H) en el mundo, después de Honduras y El Salvador. Es importante destacar que un país cuya T.H supere los 12 Homic./100.000 Hab. es catalogado con “grave problema social”. En el caso de Venezuela la  T.H pasó de 20 en 1998 a 74,80 en el 2012, vale decir seis veces sobre el promedio mundial.

                 Si a los ello le sumamos los 22.000 presos asesinados y heridos en las cárceles, vemos claramente cómo la violencia recae sobre la juventud venezolana, lo cual sería una expresión de autentica política maltusiana. Según UNICEF “Venezuela ocupa el segundo lugar en Latinoamérica por homicidios de adolescentes, principalmente en barrios por enfrentamiento de bandas o inseguridad en general. [2]

                A esta realidad no escapa el sector laboral donde también la violencia muestra un incremento sostenido. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, “en 2012 se registraron 77 asesinatos de trabajadores o sindicalistas, principalmente en el sector de la construcción”, casi triplicó la cifra de 28 asesinatos del año anterior. Los casos de Argenis Vásquez (Toyota, Cumaná), Pedro Suárez y Javier Marcano (Mitsubishi Motors, Anzoátegui) Richard Gallardo, Luís Hernández,  y Carlos Requena,( UNT, Pepsicola, Alpina, en Aragua), permanecen en la impunidad.

                Por otro lado, la persecución contra luchadores indígenas para despojarlos de sus tierras y dejar el terreno libre a las compañías mineras-carboníferas o ganaderos terratenientes, ha sido una fiel continuación de una política de genocidio hoy aplicada por el Estado venezolano. El  asesinato del cacique Yukpa Sabino Romero, sin que hasta ahora ningún responsable haya sido detenido,  es una dolorosa prueba de esta política contra nuestras comunidades aborígenes, que se extiende a las etnias Pemón, Yanomami, Wayu y Barí.

                Sin duda alguna realidades que no pueden quedar por fuera de un balance que, necesariamente, debería explicar el atípico caso de un país en el que los supuestos avances en reducción de la pobreza, educación, salud, vivienda e inclusión incrementan la violencia social, la impunidad y la muerte.

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[1] Según las fuentes oficiales se producen 3,62 heridos por cada homicidio.

[2] http://www.conflictove.org.ve/derecho-a-la-vida/segun-unicef.

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