Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara
Foro por la Vida
La
muerte del primer mandatario ha promovido
numerosos foros de discusión en torno al “legado
de Chávez”, en los que opinadores de
diversas tendencias se proponen hacer un “balance histórico” de estos 14 años de gobierno.
Ante toda la retórica épica, religiosa y electoral que colma los
espacios de opinión, se hace necesario
volver sobre los hechos, particularmente aquellos que acusan el uso de la violencia y la impunidad como la
vía expedita e irreversible para negar de facto todos los derechos. Nos
referimos a la violación del derecho a la vida y a la indefensión jurídica de
las víctimas de la violencia, como indicadores
incontestables del balance
gubernamental.
El balance no puede ser más aterrador sobre todo para
los jóvenes, los trabajadores y los sectores más pobres de la población. Si
revisamos las estadísticas de venezolanos caídos bajo las balas de la
delincuencia y de los organismos policiales y militares, nos encontramos con la
alarmante cifra de 177.169 homicidios registrados en el período 1999-2012 y de
al menos 641.351 ciudadanos heridos en hechos violentos. [1]
Se estima que cada uno de estos asesinados
deja a 4,4 familiares afectados, o víctimas indirectas, lo que implica que alrededor de 779.543
personas, la mayoría de ellas mujeres, niños y niñas sufren las consecuencias
de vivir en una sociedad violenta, así el “legado” se extiende a 1.600.000 venezolanos.
La Red de Información
Tecnológica Latinoamericana (Brasil), estimó que el 64,2% de los asesinados y heridos en Venezuela son
jóvenes entre los 15 y 24 años. La cifra que se eleva a más del 85%, si se
incluye a los asesinados menores de 40 años. “La
probabilidad de que un joven latinoamericano sea víctima de un homicidio es 30
veces mayor que la de un joven europeo”.
Así
mismo, el informe sobre Desarrollo
Humano, (Pnud), realizado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ubicó a Venezuela como el
tercer país con mayor tasa de homicidios (T.H) en el mundo, después de Honduras
y El Salvador. Es importante destacar que un país cuya T.H supere los 12
Homic./100.000 Hab. es catalogado con “grave problema social”. En el caso de
Venezuela la T.H pasó de 20 en 1998 a
74,80 en el 2012, vale decir seis veces sobre el promedio mundial.
Si a los ello le sumamos los 22.000 presos
asesinados y heridos en las cárceles, vemos claramente cómo la violencia recae
sobre la juventud venezolana, lo cual sería una expresión de autentica política
maltusiana. Según UNICEF “Venezuela ocupa
el segundo lugar en Latinoamérica por homicidios de adolescentes,
principalmente en barrios por enfrentamiento de bandas o inseguridad en general. [2]
A
esta realidad no escapa el sector laboral donde también la violencia muestra un
incremento sostenido. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad
Social, “en 2012 se registraron 77
asesinatos de trabajadores o sindicalistas, principalmente en el sector de la
construcción”, casi triplicó la cifra de 28 asesinatos del año anterior. Los casos de
Argenis Vásquez (Toyota, Cumaná), Pedro Suárez y Javier Marcano (Mitsubishi
Motors, Anzoátegui) Richard Gallardo, Luís Hernández, y Carlos Requena,( UNT, Pepsicola, Alpina, en
Aragua), permanecen en la impunidad.
Por
otro lado, la persecución contra luchadores indígenas para despojarlos de sus
tierras y dejar el terreno libre a las compañías mineras-carboníferas o
ganaderos terratenientes, ha sido una fiel continuación de una política de genocidio
hoy aplicada por el Estado venezolano. El asesinato del cacique Yukpa Sabino Romero, sin
que hasta ahora ningún responsable haya sido detenido, es una dolorosa prueba de esta política
contra nuestras comunidades aborígenes, que se extiende a las etnias Pemón,
Yanomami, Wayu y Barí.
Sin
duda alguna realidades que no pueden quedar por fuera de un balance que, necesariamente,
debería explicar el atípico caso de un país en el que los supuestos avances en
reducción de la pobreza, educación, salud, vivienda e inclusión incrementan la
violencia social, la impunidad y la muerte.
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