PROVEA
En 1993, convocados por la
Organización de las Naciones Unidas, se realizó en la ciudad de Viena la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos con la participación de la mayoría de los Estados.
Uno de los grandes logros suscritos fue el compromiso de elaborar planes de
acción nacional para “mejorar la promoción y protección de los derechos
humanos”. Del debate desarrollado se
comprendió que no era suficiente garantizar los derechos en las normas
nacionales, sino que era imprescindible diseñar políticas, establecer metas,
designar presupuestos y monitorear su ejecución por parte de sus beneficiarios
y de la ciudadanía en general.
Si bien la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV) es ampliamente garantista en materia
de derechos sociales, estableciendo un marco para el ejercicio y disfrute
general de los derechos humanos, este articulado dista de ser un plan. Un plan
implica establecer políticas públicas de
corto, mediano y largo plazo para garantizar la vigencia de esos derechos
plasmados en la Carta Magna, involucrando para ello a todos los entes y órganos
del Estado en sus diversos niveles y expresiones. Obliga a calcular y acordar
presupuestos para la ejecución de las políticas. Conduce a diseñar indicadores
para la evaluación de los resultados y requiere estimular la participación diversa y plural, promover el diálogo y
facilitar el ejercicio de la contraloría social. Algo así no existe hoy en el
país.
El gobierno a ser electo en los
comicios del 14 de abril tiene la oportunidad de convocar a un gran diálogo
nacional para el diseño de un plan en derechos humanos, el cual no puede pretender
sustituirse por la propuesta, siempre parcial, de una organización partidista. Si
bien han sido tiempos difíciles de polarización política y es complejo promover
y realizar diálogos entre diversos sectores del país, así como entre la
sociedad y el Estado, la más amplia interlocución posible es una precondición
para construir un Plan Nacional de Derechos Humanos. Desde distintas visiones
de la realidad actual del país, desde puntos de vista adversos sobre cómo
afrontar el presente y el futuro de nuestra sociedad y desde intereses, incluso
contrapuestos, consideramos que es posible explorar y conseguir puntos de
encuentro que nos permitan mejorar realidades y elevar la calidad de vida de
todos y todas: Hay situaciones que nos afectan a cada uno de nosotros y
nosotras, en mayor o menor medida, independientemente de nuestra inclinación
política, condición social y ubicación geográfica. Un ejemplo han sido los
planes, implementados en otros países de la región, para revertir situaciones
graves de inseguridad ciudadana, los cuales han sido consensuados entre la
mayoría de los afectados y que han tenido resultados positivos.
Fomentar y consolidar el Estado
de Derecho y la Democracia se hace imperante. En octubre de 2012, a través del
documento “Tareas urgentes para garantizar los derechos humanos en Venezuela”,
Provea junto a la coalición Foro por la Vida
elaboramos unas propuestas bases para su realización: 1) Reforma y adecuación
de la legislación nacional a los principios y garantías constitucionales y a las
normas y estándares internacionales de derechos humanos; 2) Garantizar que los
Planes nacionales estén enmarcados en la Constitución y dispongan de las
políticas, regímenes y legislación para su cumplimiento contemplando la
formulación de un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos; Aplicar medidas para reestructurar la
organización y funcionamiento de órganos e instituciones de la Administración
Pública Nacional, estadales y municipales y las políticas públicas que así lo
requieran, para garantizar a todas las personas, la universalidad y la igualdad
de los derechos humanos, conforme a sus principios de progresividad y sin
discriminación alguna con participación universal, plural y democrática; 4)
Garantizar que el Poder Ejecutivo Nacional y los de Estados y Municipios, no
ejerzan conductas que menoscaben la independencia y autonomía del Poder
Judicial y de los órganos que componen el Poder Ciudadano y Moral, u
obstaculicen el ejercicio de sus funciones garantes del derecho de acceso a una
justica imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable,
equitativa y expedita.
El inicio de un nuevo periodo
presidencial es una oportunidad para concretar un Plan Nacional de Derechos
Humanos en Venezuela que convoque el concierto de todos y todas en pro de medidas
que permitan la creación efectiva transparente y articulada de políticas
públicas dirigidas a cumplir con el respeto, ejercicio, goce, disfrute y
garantía de cada uno de los Derechos Humanos.
Estado y ciudadanos y ciudadanas
trabajemos juntos en un Plan nacional de Derechos Humanos: más derechos, más
democracia, más calidad de vida, por mejores condiciones para todos y todas y
para dignificar a las víctimas.
@_provea
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