Acción Solidaria (AcSol)
@accionsolidaria
“Actualmente las
organizaciones que trabajan en torno al VIH se extienden por todos los rincones
del mundo y han catalizado un profundo cambio en la forma en que abordamos la
salud, los derechos humanos y el desarrollo”. Son palabras deMichel Sidibé,
Director Ejecutivo del ONUSIDA, escritas en diciembre del año 2011, en el
prólogo a las Directrices que rigen el trabajo de esta organización de las
Naciones Unidas con las organizaciones de la sociedad civil en VIH, como
asociadas esenciales para alcanzar las metas mundiales de cero epidemia,
erradicar la discriminación y consolidar la universalidad de los derechos y
libertades fundamentales de todas las personas con VIH.
El movimiento de la sociedad civil en VIH ha sido uno de los
ejemplos de fuerza social e incidencia pública más trascendente y perseverante en
el mundo. Muchos de los más destacados avances en materia de VIH no hubieran
podido lograrse sin el liderazgo y la activa participación de organizaciones civiles
libremente constituidas por activistas, personas afectadas, parejas y otros
familiares, que de manera sistemática afrontaron los estigmas sociales, la
negación de la ciencia médica, las prácticas coercitivas de la salud pública y
la indiferencia, así como las políticas de criminalización utilizadas por los
Estados ante la epidemia. La movilización e incidencia de las organizaciones de VIH logró a nivel mundial:
a)
disminuir significativamente
las muertes por Sida, ejerciendo acciones públicas y vías legales para que los
Estados aceptasen obligaciones con el acceso a las pruebas diagnósticas, los avances
científicos y el suministro de medicamentos antirretrovirales;
b)
reducir las enfermedades
asociadas al VIH, impulsando iniciativas ante los Ministerios de Salud para incorporar
las pruebas de seguimiento y los servicios especializados en VIH a los sistemas
sanitarios;
c)
descender de manera sostenida
las nuevas transmisiones, haciendo notables esfuerzos de alianzas con
productores, medios de comunicación y organismos internacionales para ofrecer información
y facilitar el acceso a métodos seguros de prevención a la población entre 15 y
49 años de edad; y
d)
promover el reconocimiento de
libertades y derechos de las personas con VIH, asumiendo la defensa de sus
derechos ante los órganos competentes y creando ambientes protectores de la
discriminación.
En Venezuela, la historia es la misma. Para 1998, solo 2.5% de las
8.000 personas con VIH registradas oficialmente recibía tratamiento
antirretroviral, y fallecía el 52%. Sin
embargo, la tenacidad de las organizaciones hizo que llegaran los primeros medicamentos
al país: entre 1999 y 2001, gestionaron 20 amparos judiciales que ordenaron al
Estado venezolano garantizar tratamiento y atención a la salud de todas las
personas. Más tarde, se organizaron en redes para exigir su cumplimiento; a ello
se debe que hoy más de 40.000 personas con VIH tengan acceso a tratamiento.
De igual modo, hace 11 años había apenas 18 servicios de salud
especializados en VIH en todo el país. Gracias a la labor de las organizaciones
en la asistencia a las personas afectadas en los centros de salud, la apertura
de laboratorios y de servicios de asesoría y atención, en la actualidad hay 61
servicios de VIH abiertos y 90 organizaciones activas que complementan esta
atención a través de programasdirigidos hacia poblaciones vulnerables (niños,
jóvenes, mujeres y personas LGBTI).
La libertad de asociación es un derecho indispensable para la
defensa de los derechos humanos. Las adversidades extremas a las que están
sometidas las víctimas de violaciones de derechos, como es el caso de las
personas con VIH —afectadas permanentemente por prácticas discriminatorias y
denigrantes—, han tenido solución a través de las asociaciones. En ellas han
conseguido apoyo, solidaridad, protección, información y mecanismos para
enfrentar entornos hostiles y restrictivos. Desconocer la labor de las
asociaciones que trabajan en VIH y no dialogar con ellas, someterlas a la
difamación y a la sospecha por su carácter autónomo y crítico a las políticas
de Estado, excluirlas de la participación en las decisiones públicas relativas al
VIH, negarles el acceso a la información y a la asistencia legal de las
víctimas, son conductas violatorias de las obligaciones de los Estados con los
derechos humanos. Como
consecuencia, lejos de garantizar el
respeto de la dignidad de las personas con VIH y las poblaciones vulnerables, dichas
conductas las exponen al estigma y a la discriminación y las alejan de los programas
de prevención, apoyo y atención.
0 comentarios:
Publicar un comentario