(Caracas, 10.12.13) En el marco de la celebración del Día
Internacional de los Derechos Humanos, el Foro por la vida, coalición de
organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, desea expresar a la opinión
pública lo siguiente:
- A pesar de haber asumido diferentes compromisos en materia
de derechos humanos, Venezuela celebra en el 2013 esta fecha con una decisión
inconstitucional, como la es el haberse retirado de las competencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) afectando la protección
ante situaciones de atropellos a las garantías fundamentales de los sectores
más vulnerables. “Esta decisión del actual Ejecutivo nacional sienta un grave
precedente regional y demuestra que carece de la voluntad política en cumplir y
hacer valer las garantías establecidas en la Constitución” (Comunicado del Foro
por la Vida ante la salida de Venezuela de la CIDH).
- El estancamiento y retroceso de las diferentes políticas
públicas en materia de derechos humanos mantienen los problemas estructurales
que condenan a amplios sectores de la población a condiciones de pobreza y
exclusión. El Ejecutivo Nacional no garantiza los diferentes derechos
establecidos en la Constitución. Se refieren al respeto al derecho a la vida y
la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección
judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y del
derecho a la libertad de expresión, así como la situación de los defensores y las defensoras de derechos
humanos, los pueblos indígenas, las mujeres, las personas privadas de libertad,
entre otros
- La criminalización de las
víctimas y organizaciones de la sociedad civil que acuden a los
organismos internacionales de protección de Derechos Humanos en la búsqueda de
respuesta que haga prevalecer el respeto y garantía a sus derechos humanos, por
cuanto ha agotado los recursos internos y no han logrado justicia en la
jurisdicción nacional. Al acudir a las instancias internacionales son
criminalizados y, en algunos casos, reciben amenazas, represalias y acciones de
descrédito de que son objeto algunas de las personas, tanto por parte de
particulares como, en algunos casos, de autoridades del Estado.
- Asimismo la criminalización de la protesta social mediante
el uso excesivo de la fuerza, la utilización de leyes que obstaculizan el
ejercicio de la manifestación pacífica y coartan otros derechos, como la
denominada “Ley Antoterrorista”; los argumentos basados en la doctrina de la
“seguridad nacional” que afirma la necesidad de neutralizar a un “enemigo
interno” así como presuntas represalias y uso excesivo de la fuerza en
manifestaciones, así como la impunidad en los casos de asesinatos de líderes
sociales, indígenas, campesinos y sindicales. Esto incluye la utilización de la
Fuerza Armada Nacional con el objetivo de controlar los actos de violencia que
puedan ocurrir en el contexto de protestas sociales. En tal sentido recordamos
lo señalado por la Comisión
Interamericana de Derechos humanos “la protesta social pacífica forma parte del
derecho de reunión y es una herramienta fundamental para la labor de defensa de
los derechos humanos, por lo cual los Estados están obligados a asegurar que
ningún defensor o defensora sea impedido de reunirse, liderar o participar en
una manifestación. Adicionalmente, la Comisión reitera que el control de actos
de violencia que puedan ocurrir en el marco de manifestaciones de protesta
social debe corresponder a la policía, y no a fuerzas militares.” (Comunicado
08 -11-2013)
- Las irregularidades presentes en el Sistema de
Administración de Justicia, que incluyen la falta de independencia judicial así
como la gran impunidad existente, donde la mayoría de los jueces son suplentes,
el proceso de postulación y selección de jueces no es transparente ni apegado a
la normativa vigente, lo cual impide la independencia e imparcialidad en los
operadores de justicia.
- El no disfrute de los derechos establecidos en el Capítulo
VIII de la Carta Magna para las comunidades indígenas del país, las cuales
siguen sin ser respetados en su cultura y forma de gobierno, y en algunos casos se ha criminalizado de
autoridades indígenas por motivos vinculados a la defensa de sus territorios.
- El impacto que
tienen las políticas económicas, la crisis económica y los problemas de abastecimiento
de alimentos en la población.
- La grave situación de violencia contra la mujer que existe
en el país, evidenciado en el alto
porcentaje de feminicidios que se registran por los problemas de seguridad
ciudadana.
- El preocupante menoscabo que atraviesa la salud en
Venezuela evidenciado en el deterioro generalizado de los servicios sanitarios,
de la infraestructura hospitalaria y su insuficiencia para atender las
necesidades de la población; asimismo los servicios prestados en los centros de
salud públicos son deficitarios en cuanto a camas, personal médico y
abastecimiento de insumos y equipos. Todas las garantías del derecho a la salud
señaladas en la Constitución Nacional están siendo sistemáticamente incumplidas
por el Ejecutivo, profundizando las desigualdades sociales y la destrucción del
sistema público de salud en Venezuela.
- La situación que viven las personas privadas de libertad ,
donde persisten los graves problemas de insuficiencia de la infraestructura
carcelaria, corrupción, hacinamiento,
enfrentamientos con los cuerpos de seguridad, la existencia de
mafias que hacen de las sedes del sistema penitenciario auténticos negocios
de armas, drogas, secuestros y otros lucros delictivos, las pugnas de poder y el retardo procesal. Todos
ellos se convierten en detonantes de actos violentos que generan muertes en los
recintos penitenciarios.
- Las diferentes amenazas al derecho a la libertad de
expresión y el acceso a la información,
evidenciado entre otras situaciones en las dificultades y hostilidades que
enfrentan los periodistas para cubrir eventos electorales; y el aumento de
procedimientos judiciales contra medios de comunicación y periodistas que
difunden temas de interés público.
Ante todo lo anterior, las organizaciones de derechos
humanos reiteramos nuestro llamado al Ejecutivo Nacional para establecer
mecanismos de diálogo que permitan consensuar un Plan Nacional de Derechos
Humanos con metas y compromisos establecidos en el corto, mediano y largo
plazo. Creemos que los resultados de las recientes elecciones municipales son
una oportunidad para la inclusión de todos los sectores en el diseño de
políticas públicas que redunden en un aumento de la calidad de vida para todos
y todas las venezolanas, sin distinciones de ningún tipo. Las organizaciones
integrantes del Foro por la Vida, algunas de ellas con más de 20 años de
trabajo, estamos dispuestas a realizar nuestro aporte para el bienestar de toda
la población, especialmente de los sectores más vulnerables.
Por la vocería del Foro por la Vida
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV
Justicia y Paz Nacional
Programa Venezolano de Educación-Acción por los Derechos
Humanos.
