Foro por la Vida
Justicia y Paz Los Teques
Las palabras de Jesús “….porque
estuve en la cárcel y me visitaste”
son, en el contexto del juicio de las naciones palabras que se dirige al
corazón del hombre y la mujer ¿ de qué nos juzgará Dios? No de nuestro mero
cumplimiento, sino del amor que hemos sido capaces de sembrar en el
corazón de las personas. En tal sentido La Pastoral Penitenciaria desde el amor y la
exigencia del mandato de Jesús ha estado presente en las cárceles con una
actitud de acompañamiento, búsqueda de la justicia, defensa
y exigibilidad de los derechos humanos de los privados y privadas de
libertad; sin negar el mal realizado por ellos y sus penosas consecuencias.
Sin embargo desde el 31 de diciembre de
2012 no hemos podido entran a los recintos penitenciarios y seguir prestando
nuestro servicio a los privados y privadas de libertad, por ordenes expresas de Ministra del Poder
Popular para Servicios Penitenciarios y
corroborado en una entrevista publicada
en el periódico Ciudad CCS El 23 de enero de 2012, la Ministra Iris Varela,
afirmó que las ONGs no podían tener acceso a información relevante acerca de
las condiciones del sistema carcelario ya que ella misma les impide entrar:
“Esas ONGs no manejan información fidedigna porque desde que yo llegué aquí les
prohibí la entrada”.
La
Oficina de Justicia y Paz de la Diócesis de Los Teques, desea manifestar su preocupación ante esta situación, por
cuanto no hemos podido cumplir con parte de nuestra misión y lo mas inquieta
tal como lo manifestamos en el comunicado del 24 de septiembre de este año, es
que los problemas en los recintos penitenciarios se han agravado y siguen
siendo un gran desafío de manera especial para el Ministerio de Servicios
Penitenciarios, por cuanto el Estado, al privar de libertad a una persona, se coloca
en una especial posición de garante, y por tanto tiene la obligación de
procurar, por todos los medios a su alcance, mantener a la persona detenida en
el goce de sus derechos fundamentales y, en especial, de los derechos a la vida
y la integridad personal. En nuestro criterio, la urgencia de la situación en
las cárceles venezolanas demanda de las autoridades venezolanas la aplicación
de normas que permitan la implementación de los derechos que se encuentran
garantizados a nivel constitucional y que son parte de las obligaciones del
Estado.
Somos conscientes de que, en materia
penitenciaria, además de un marco normativo adecuado resulta urgente la
implementación de acciones y políticas concretas que tengan un impacto
inmediato en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas
de libertad. La obligación del Estado frente a las personas privadas de
libertad no se limita únicamente a la promulgación de normas que los protejan
ni es suficiente que los agentes del Estado se abstengan de realizar actos que
puedan causar violaciones a la vida e integridad física de los detenidos, sino
que exige al Estado adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar la
vida e integridad personal de las personas privadas de la libertad.
Observamos
que uno de los principales problemas que afectan a las personas privadas
de libertad en Venezuela es el hacinamiento, la falta de alimentos adecuados,
la violencia descontrolada, los retardos procesales, las vejaciones que sufren
sus familiares y la infraestructura. Un claro ejemplo de ello es que la mayoría
de las huelgas de las personas privadas de libertad es porque mejoren estas
situaciones.
Ante
toda esta realidad consideramos que es necesario:
1.
Abordar seriamente una política penitenciaria que involucre a todos los
actores entre ellos al Poder Judicial, El Ministerio Público, la Defensoría del
Pueblo, los Cuerpos Policiales, las personas privadas de libertad y sus
familiares, las organizaciones no gubernamentales especialistas en el tema, a los
empresarios y también a nuestras institución.
2.
Investigar de manera seria y efectiva los hechos de violencia ocurridos
en los centros penitenciarios, con el objetivo de establecer responsabilidades e informar la verdad a la sociedad venezolana.
3.
Desarrollar una estrategia que permita la aplicación e implementación de
los derechos que se encuentran garantizados a nivel constitucional y que son
parte de las obligaciones del Estado.
4.
Implementar acciones y políticas concretas que tengan un impacto
inmediato en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas
de libertad.
5.
Crear una política que permitan que el control de la cárcel vuelva a
estar bajo la tutela del Estado.
6.
Denunciar la corrupción reinante abiertamente en los recintos
penitenciarios.
7.
Solicitar que haya un desarme real de la población reclusa.
8.
Exigir al Estado que se le permita a las Organizaciones intermedias que
realizan un trabajo de Ayuda Humanitaria a los privados y privadas de libertad
seguir realizando su servicio a través de las visitas y el acompañamiento
permanente.
POR ULTIMO MINISTRA VARELA LE SOLICITAMOS NOS AUTORICE LA ENTRADA A LOS
RECINTOS PENITENCIARIOS PARA SEGUIR ACOMPAÑANDO A NUESTROS HERMANAS Y
HERMANOS PRIVADOS DE LIBERTAD.
En Caracas 31 de octubre de 2012
Email: caritaslosteques@gmail.com
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