Foro por la Vida
Espacio Público
El 1 de noviembre de 2012, el
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDDHH
UCAB), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP); el Colegio
Nacional de Periodistas (CNP) y Espacio Público participaron ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en un Audiencia sobre la situación del
derecho humano a la libertad de expresión.
Los principales hechos
expuestos, que este artículo resume, documentaron algunos de los desafíos que
tiene ante sí la sociedad en la tarea de contener las violaciones y
restricciones recurrentes a la libertad de expresión que se registran en
Venezuela.
En el año 2012, desde el 01 de
Enero al 15 de octubre, ocurrieron 166 casos de violaciones a la libertad de
expresión e información, dentro de los cuales se cuentan 39 ataques
informáticos. En el total de casos se contabilizaron 282 violaciones al derecho
a la libertad de expresión e información. Los hechos registrados superan el
total registrado en el estudio del mismo período en el 2011 e incluso supera la
cifra total registrada en los doce 12 meses del año anterior en el que se registraron
139 casos y 224 violaciones.
Acceso a la información pública
En un estudio realizado en el años 2011, las
instituciones públicas de un total de 61 peticiones realizadas, el 85% no obtuvo
respuesta alguna por parte de las instituciones y sólo un 6,5% respondieron
adecuadamente la solicitud de información.
Ante la falta de respuesta se acudió a los
tribunales. De 8 acciones judiciales, en
siete (7) de los casos la sentencia ha sido de declararlos “inadmisibles”
y uno (1) esperando audiencia de juicio. Las garantías judiciales para derechos
consagrados en la Constitución tampoco resultaron efectivas
Agresiones y ataques a periodistas
En el país persiste un patrón
en el que aumentan las agresiones y ataques a medios/periodistas en contextos
electorales. En el periodo estudiado (01/01/2012 a 15/10/2012) ocurrieron 57 agresiones
a medios y periodistas. Las víctimas principales son los periodistas y
reporteros que constituyen más de la mitad de las víctimas (99). En la
cobertura informativa en las calles los cuerpos de seguridad tienden a
obstaculizar el trabajo de los reporteros, quienes son agredidos y despojados
de sus equipos de trabajo. Asimismo, al hacer cobertura de eventos de campaña
se exponen a agresiones por parte de los seguidores del oficialismo o de la
oposición según el medio de comunicación para el que trabajen.
Impunidad
Una característica recurrente
de los casos de agresiones y ataques a periodistas y medios es omisión de
Estado de investigar y sancionar a los responsables. Se mantiene una continuada
descalificación por parte de altos funcionarios y a través del Sistema nacional
de medios públicos (SNMP). Todo ello contribuye a alimentar una percepción
generalizada que desestima la denuncia contribuyendo al desaliento de las
víctimas y con ello a la impunidad.
Cadenas y transmisiones obligatorias de radio y
televisión
Las cadenas y transmisiones obligatorias
de radio y televisión, se mantienen como una política pública y constituyen un
modo de restricción ilegitima a la libre circulación de la información. Estas
transmisiones no cuentan con ninguna regulación, son arbitrarias y
discrecionales.
Durante el año 2012 del 01 de
enero al 01 de octubre, hubo un total de 104 cadenas con un total de 8460
minutos, lo que equivale a que aproximadamente a una cadena de radio y
televisión cada 3 días. Son utilizadas frecuentemente para el proselitismo
político partidario. En los contextos electorales, su reiteración constituye un
abuso gubernamental que otorga ventajas ilegítimas en la circulación de los
mensajes en un contexto electoral en el que, varios funcionarios incluido el
presidente de la república, optan a cargos de elección popular.
En sus conclusiones las
organizaciones solicitaron a la CIDH que mantuviera su atención sobre la
situación venezolana y que adelantaran estudios doctrinarios sobre la
compatibilidad del uso de cadenas obligatorias de radio y tv con el contenido y
alcance de las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales del
sistema interamericano de DDHH.
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