Candidaturas de la impunidad. Los Reyes del camuflaje

Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara COVICIL

Foro por la Vida

En el argot militar, camuflaje equivale a mimetismo. Propiedad que detentan algunos lagartos, reptiles, insectos y otras especies animales. Equivale a confundirse con el entorno; absorberlo, hacerlo parte de él.

Así, mimetizadas, se han presentado dos candidaturas a la contienda electoral, una es la del Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín a la gobernación de Guárico, y la otra la del Teniente Coronel Luis Reyes Reyes, quien aspira a dirigir -por tercera vez- el destino de los larenses.

En el caso de  Rodríguez Chacín el movimiento de DDHH le recuerda ingratamente por su participación en el Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), en ocasión del asesinato de 14 personas en “La masacre de El Amparo” (1988), y de por lo menos el asesinato de 42 personas en operaciones previas, conocidas como “Los Amparitos”.

Respecto a  la candidatura de Reyes, es un hecho suficientemente documentado que en su paso por la gobernación de Lara, las mafias policiales y parapoliciales proliferaron por mimesis de sus poderes ductores; siete masacres (Los Pocitos, Rio Claro, El Tostao, Urdaneta, Quíbor, Loma de León, Chabasquén) y cientos de ciudadanos ejecutados en “enfrentamiento” con la policía regional comandada por los generales Rodríguez Figuera (Agosto 2003 – Febrero 2007) y Octavio Chacón (Septiembre 2007 – Diciembre 2008) dan cuenta del  balance sangriento de su gestión.

Su candidatura representa una bofetada a las aspiraciones de justicia de los larenses, que aún esperan que el Teniente Coronel responda a los señalamientos plasmados en diversas investigaciones realizadas por el Consejo Legislativo Estadal, el MPPIJ y las denuncias ante el Ministerio Público de los familiares de las víctimas de ejecuciones, desapariciones forzadas, tortura, extorsión, entre otros delitos perpetrados por funcionarios de polilara, invariablemente favorecidos por el Circuito Judicial Penal de la entidad en manos de una Juez señalada públicamente por participar de las tropelías del Magistrado, ahora prófugo, Eladio Aponte Aponte.

Mientras, Reyes y sus aplaudidores, hacen mutis queriendo pasar por alto los desafueros  que desde el inicio de su gestión de gobierno vienen convirtiendo al estado Lara en uno de los más inseguros, con mayores índices de criminalidad, de casos no resueltos y donde el Poder Judicial sigue repartiéndose a gajos, vemos con estupor la campaña desplegada en las paredes de Barquisimeto donde se lee: “Por la seguridad de los larenses: Reyes y Figuera”, “Por la dignidad de la policía: Reyes y Figuera” . Estos llamamientos recuerdan los macabros panfletos del grupo exterminio en Zulia y Portuguesa que, ante la supuesta incapacidad de la policía para controlar la delincuencia, promocionaban su funesta acción justiciera parapolicial como una opción válida.

¿Lee algo el señor Reyes Reyes? ¿Por casualidad se habrá tropezado con un ejemplar del libro IMPUNIDAD Y PODER?

En esta publicación del Covicil se presentan además de los testimonios de las víctimas de violaciones a los DDHH, las estadísticas y hechos de impunidad durante la gestión de Reyes, refrendadas con cifras de la propia FGN y la Fiscalía Superior de Lara, así como con investigaciones realizadas desde diversas instancias oficiales e instituciones como el INE, mediante las cuales se pudo determinar que  la tasa de homicidios en la entidad pasó de 11,4% x 100.000/hab cuando asumió la gobernación, a 41,9 x 100.000/hab, en el 2008 cuando abandonó el cargo, lo que representó un vertiginoso aumento del 367,8 % en el período analizado.

Pero seguramente el candidato no ha leído el libro, ni le interesa. Y los suyos –carentes de coraje moral para responder- también piensan hacerse los pendejos, ante los señalamientos que allí se hacen, directamente a Ud. Señor, licenciado, teniente coronel retirado.

Recordamos que 26 de noviembre se cumplen tres años de impunidad del sicariato político contra Mijaíl Martínez, un joven video activista colaborador del Covicil, sin que hasta la fecha el Ministerio Publico haya orientado las investigaciones hacia los verdaderos responsables: los que planificaron y ordenaron su ejecución.

Más de uno debe responder, más de uno.

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Venezuela en el Consejo de DDHH-ONU: Una “victoria” anunciada

Centro de Derechos Humanos de la UCAB
Foro por la Vida

El pasado 12 de noviembre fue elegido un grupo de Estados para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre ellos Venezuela.
Durante la última década Venezuela ha fallado de manera sistemática en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en derechos humanos, lo cual se evidencia en la inobservancia de las resoluciones, sentencias, medidas provisionales y cautelares; un retraso de hasta ocho años en la presentación de informes ante órganos de protección; resistencia a la firma y/o ratificación de nuevos tratados en derechos humanos y una negativa o silencio ante solicitudes de visitas de representantes de órganos de protección durante los últimos 10 años. La misma Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU había recibido una invitación del gobierno para visitar el país, la cual se “enfrió” tras el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo a Venezuela en octubre de 2011.
Adicionalmente, el pasado 10 de septiembre el Estado venezolano denunció la Convención Americana de Derechos Humanos y, en el marco del EPU, el país rechazó la mayoría de las recomendaciones formuladas sobre temas tales como libertad de expresión, independencia judicial, visitas de órganos de protección y defensores de derechos humanos, pese a tratarse de algunos de los temas con el mayor número de recomendaciones.
Sumado a lo anterior, en un caso sin precedentes para la comunidad internacional de derechos humanos, la Juez María Lourdes Afiuni tiene ya casi 3 años de encarcelamiento arbitrario por órdenes directas del Presidente, precisamente por haber acatado una resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.
La pregunta entonces es ¿por qué resultó elegida Venezuela?
Hay que comenzar por aclarar que el Consejo de Derechos Humanos es un órgano político, en la medida en que sus miembros son representantes de los Estados, los cuales siguen órdenes de sus respectivas cancillerías; ello lo diferencia de los comités de seguimiento a los convenios y de las relatorías, cuyos integrantes son expertos independientes. En segundo lugar, en el caso del grupo de América Latina y el Caribe, en esta oportunidad solo había tres candidatos para llenar tres vacantes, por lo que difícilmente Venezuela quedaría por fuera de este organismo.
Inmediatamente después de la votación, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, calificó el ingreso de Venezuela como una “victoria sin precedentes”, haciendo mención al hecho de que Venezuela obtuvo más votos que EEUU. Sin embargo, lo que ciertamente no tiene precedentes es que el ingreso de Venezuela se produce con una votación inferior en 30 votos con respecto a Brasil, en un grupo regional donde no había competencia; el ingreso de EEUU fue el resultado de una contienda entre 5 estados para 3 puestos, quedando por fuera Grecia y Suecia. Mientras Venezuela se presentaba a un asiento “seguro”, muchos países de otros grupos regionales tuvieron que competir por un puesto y, en esas condiciones, Venezuela no logró un respaldo similar al obtenido por Brasil y Argentina.
Según lo establecido en la resolución A/RES/60/251 de la ONU, los estados “deberán tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos y las promesas y compromisos voluntarios”. Las promesas hechas por Venezuela se refieren principalmente a su compromiso con la estructura política, más no con los órganos independientes de supervisión técnica, que son aquellos a los cuales acuden las víctimas en busca de protección.
En tal sentido, el desafío del movimiento de derechos humanos es mantener viva la voz y exigencias de las víctimas ante los mecanismos independientes creados en el seno de las Naciones Unidas para proteger sus derechos. La baja votación de Venezuela, en comparación de sus pares regionales, da cuenta de un nivel de insatisfacción sobre el desempeño del país ante dichos mecanismos. Es allí, y no en los órganos políticos, donde se pone a prueba el talante democrático de las naciones.

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Audiencia ante la CIDH: Libertad de expresión en amenaza permanente

Foro por la Vida

Espacio Público

El 1 de noviembre de 2012, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDDHH UCAB), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP); el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y Espacio Público participaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un Audiencia sobre la situación del derecho humano a la libertad de expresión.

Los principales hechos expuestos, que este artículo resume, documentaron algunos de los desafíos que tiene ante sí la sociedad en la tarea de contener las violaciones y restricciones recurrentes a la libertad de expresión que se registran en Venezuela.

En el año 2012, desde el 01 de Enero al 15 de octubre, ocurrieron 166 casos de violaciones a la libertad de expresión e información, dentro de los cuales se cuentan 39 ataques informáticos. En el total de casos se contabilizaron 282 violaciones al derecho a la libertad de expresión e información. Los hechos registrados superan el total registrado en el estudio del mismo período en el 2011 e incluso supera la cifra total registrada en los doce 12 meses del año anterior en el que se registraron 139 casos y 224 violaciones.

Acceso a la información pública

En un estudio realizado en el años 2011, las instituciones públicas de un total de 61  peticiones realizadas, el 85% no obtuvo respuesta alguna por parte de las instituciones y sólo un 6,5% respondieron adecuadamente la solicitud de información.

Ante la falta de respuesta se acudió a los tribunales.  De 8  acciones judiciales,  en  siete (7) de los casos la sentencia ha sido de declararlos “inadmisibles” y uno (1) esperando audiencia de juicio. Las garantías judiciales para derechos consagrados en la Constitución tampoco resultaron efectivas

Agresiones y ataques a periodistas

En el país persiste un patrón en el que aumentan las agresiones y ataques a medios/periodistas en contextos electorales. En el periodo estudiado (01/01/2012 a 15/10/2012) ocurrieron 57 agresiones a medios y periodistas. Las víctimas principales son los periodistas y reporteros que constituyen más de la mitad de las víctimas (99). En la cobertura informativa en las calles los cuerpos de seguridad tienden a obstaculizar el trabajo de los reporteros, quienes son agredidos y despojados de sus equipos de trabajo. Asimismo, al hacer cobertura de eventos de campaña se exponen a agresiones por parte de los seguidores del oficialismo o de la oposición según el medio de comunicación para el que trabajen.

Impunidad

Una característica recurrente de los casos de agresiones y ataques a periodistas y medios es omisión de Estado de investigar y sancionar a los responsables. Se mantiene una continuada descalificación por parte de altos funcionarios y a través del Sistema nacional de medios públicos (SNMP). Todo ello contribuye a alimentar una percepción generalizada que desestima la denuncia contribuyendo al desaliento de las víctimas y con ello a la impunidad.

Cadenas y transmisiones obligatorias de radio y televisión

Las cadenas y transmisiones obligatorias de radio y televisión, se mantienen como una política pública y constituyen un modo de restricción ilegitima a la libre circulación de la información. Estas transmisiones no cuentan con ninguna regulación, son arbitrarias y discrecionales.

Durante el año 2012 del 01 de enero al 01 de octubre, hubo un total de 104 cadenas con un total de 8460 minutos, lo que equivale a que aproximadamente a una cadena de radio y televisión cada 3 días. Son utilizadas frecuentemente para el proselitismo político partidario. En los contextos electorales, su reiteración constituye un abuso gubernamental que otorga ventajas ilegítimas en la circulación de los mensajes en un contexto electoral en el que, varios funcionarios incluido el presidente de la república, optan a cargos de elección popular.

En sus conclusiones las organizaciones solicitaron a la CIDH que mantuviera su atención sobre la situación venezolana y que adelantaran estudios doctrinarios sobre la compatibilidad del uso de cadenas obligatorias de radio y tv con el contenido y alcance de las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales del sistema interamericano de DDHH. 

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DÉJAME ENTRAR………

Foro por la Vida

Justicia y Paz Los Teques

Las palabras de Jesús  “….porque  estuve en la cárcel y me visitaste”  son, en el contexto del juicio de las naciones palabras que se dirige al corazón del hombre y la mujer ¿ de qué nos juzgará Dios? No de nuestro mero cumplimiento, sino del amor que hemos sido capaces de sembrar en el corazón  de las personas.  En tal sentido  La Pastoral Penitenciaria desde el amor y la exigencia del mandato de Jesús ha estado presente en las cárceles con una actitud de acompañamiento, búsqueda de la justicia,  defensa  y exigibilidad de los derechos humanos de los privados y privadas de libertad; sin negar el mal realizado por ellos y sus penosas consecuencias.

Sin embargo desde el 31 de diciembre de 2012 no hemos podido entran a los recintos penitenciarios y seguir prestando nuestro servicio a los privados y privadas de libertad,  por ordenes expresas de Ministra del Poder Popular para Servicios Penitenciarios  y corroborado  en una entrevista publicada en el periódico Ciudad CCS El 23 de enero de 2012, la Ministra Iris Varela, afirmó que las ONGs no podían tener acceso a información relevante acerca de las condiciones del sistema carcelario ya que ella misma les impide entrar: “Esas ONGs no manejan información fidedigna porque desde que yo llegué aquí les prohibí la entrada”.

 La Oficina de Justicia y Paz de la Diócesis de Los Teques, desea manifestar  su preocupación ante esta situación, por cuanto no hemos podido cumplir con parte de nuestra misión y lo mas inquieta tal como lo manifestamos en el comunicado del 24 de septiembre de este año, es que los problemas en los recintos penitenciarios se han agravado y siguen siendo un gran desafío de manera especial para el Ministerio de Servicios Penitenciarios, por cuanto el Estado, al privar de libertad a una persona, se coloca en una especial posición de garante, y por tanto tiene la obligación de procurar, por todos los medios a su alcance, mantener a la persona detenida en el goce de sus derechos fundamentales y, en especial, de los derechos a la vida y la integridad personal. En nuestro criterio, la urgencia de la situación en las cárceles venezolanas demanda de las autoridades venezolanas la aplicación de normas que permitan la implementación de los derechos que se encuentran garantizados a nivel constitucional y que son parte de las obligaciones del Estado.

Somos conscientes de que, en materia penitenciaria, además de un marco normativo adecuado resulta urgente la implementación de acciones y políticas concretas que tengan un impacto inmediato en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad. La obligación del Estado frente a las personas privadas de libertad no se limita únicamente a la promulgación de normas que los protejan ni es suficiente que los agentes del Estado se abstengan de realizar actos que puedan causar violaciones a la vida e integridad física de los detenidos, sino que exige al Estado adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar la vida e integridad personal de las personas privadas de la libertad.

Observamos  que uno de los principales problemas que afectan a las personas privadas de libertad en Venezuela es el hacinamiento, la falta de alimentos adecuados, la violencia descontrolada, los retardos procesales, las vejaciones que sufren sus familiares y la infraestructura. Un claro ejemplo de ello es que la mayoría de las huelgas de las personas privadas de libertad es porque mejoren estas situaciones.

 Ante toda esta realidad consideramos que es necesario:

1.      Abordar seriamente una política penitenciaria que involucre a todos los actores entre ellos al Poder Judicial, El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los Cuerpos Policiales, las personas privadas de libertad y sus familiares, las organizaciones no gubernamentales especialistas en el tema, a los empresarios y también a nuestras institución.

2.      Investigar de manera seria y efectiva los hechos de violencia ocurridos en los centros penitenciarios, con el objetivo de  establecer responsabilidades e informar  la verdad a la sociedad venezolana.

3.      Desarrollar una estrategia que permita la aplicación e implementación de los derechos que se encuentran garantizados a nivel constitucional y que son parte de las obligaciones del Estado.

4.      Implementar acciones y políticas concretas que tengan un impacto inmediato en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de libertad.

5.      Crear una política que permitan que el control de la cárcel vuelva a estar bajo la tutela del Estado.

6.      Denunciar la corrupción reinante abiertamente en los recintos penitenciarios.

7.      Solicitar que haya un desarme real de la población reclusa.

8.      Exigir al Estado que se le permita a las Organizaciones intermedias que realizan un trabajo de Ayuda Humanitaria a los privados y privadas de libertad seguir realizando su servicio a través de las visitas y el acompañamiento permanente.

POR ULTIMO MINISTRA VARELA  LE SOLICITAMOS NOS AUTORICE LA ENTRADA A LOS RECINTOS PENITENCIARIOS PARA SEGUIR ACOMPAÑANDO A NUESTROS HERMANAS Y HERMANOS  PRIVADOS DE LIBERTAD.

En Caracas 31 de octubre de 2012

Email: caritaslosteques@gmail.com

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