Mercosur surgió como un bloque económico subregional, pero progresivamente ha incorporado en su agenda nuevos temas, con el propósito de conciliar las políticas económicas con otras políticas públicas, en el entendido de que la verdadera integración supera el ámbito de los mercados para inscribirse en el respeto de los valores propios de una sociedad democrática.
Es por ello que los derechos humanos han sido incorporados en la agenda de Mercosur, para lo cual el bloque cuenta con tres mecanismos: la Reunión de Altas Autoridades Competentes en Derechos Humanos, como máxima instancia interestatal en la materia con la participación de la sociedad civil; el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, a cargo de promover y coordinar políticas públicas regionales en derechos humanos; y el Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos, espacio que congrega a las organizaciones de la sociedad civil de los países miembros.
El ingreso de Venezuela como miembro pleno de Mercosur, supone entonces el cumplimiento de compromisos que van más allá de la integración económica y que implican la armonización de políticas públicas en materia de derechos humanos, según los lineamientos emanados del bloque. Mercosur ha formado diversos grupos de trabajo sobre asuntos relacionados con derechos humanos, entre los cuales se encuentran las siguientes comisiones: Niñ@Sur, Memoria, verdad y justicia, Discriminación, racismo y xenofobia, Educación y cultura en derechos humanos, Derechos económicos, sociales y culturales, Discapacidad, LGBT (diversidad sexual) y Adultos mayores.
Adicionalmente, en julio de 2011, los países que para entonces integraban el bloque, dirigieron una comunicación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que solicitaban la opinión de ésta sobre “las obligaciones de los Estados con relación a las medidas pasibles de ser adoptadas respecto de niños y niñas, asociada a su condición migratoria, o a la de sus padres”, a la luz de la interpretación de una serie de artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte abrió la consulta a diversas organizaciones, quedando pendiente la audiencia para debatir el asunto, tras lo cual se emitirá un dictamen (Opinión Consultiva) que es de obligatorio cumplimiento para los países de la región.
La consulta a la sociedad civil se produce bajo la figura de lo que se conoce como amicus curiae (amigos de la corte). Unas 40 organizaciones de la región presentaron comentarios, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, siendo la única entidad venezolana que participó.
Según cifras del Banco Mundial, Venezuela ocupa el tercer lugar como país receptor de migrantes en la región, al tiempo que datos del Servicio Jesuita para los Refugiados indican que cerca de 16.000 personas han solicitado refugio en Venezuela, de los cuales tan solo un 10% han obtenido estatus de refugiado. La mayoría de los hijos de estas personas, independientemente del estatus migratorio de sus padres, se encuentran sin documentos y, por tanto, fuera del sistema escolar.
Venezuela se enfrenta a una encrucijada en lo que respecta al diseño de políticas públicas de derechos humanos en el marco de la integración, ya que su reciente ingreso al Mercosur coincide con un nuevo anuncio de retiro del sistema interamericano de derechos humanos, al cual Mercosur ha acudido para plantear la consulta sobre el alcance de sus obligaciones ante los niños hijos de migrantes. El gobierno puede alegar que la consulta de la Corte no lo obliga, ya que desconoce su jurisdicción, pero no podrá afirmar lo mismo frente a sus pares de Mercosur, de quienes partió la iniciativa, y para quienes el tema es altamente sensible, tomando en cuenta el drama que supuso el exilio durante los años de militarismo en el Cono Sur.
Una eventual salida de Venezuela del sistema interamericano de protección de derechos humanos, no exonera al país de responsabilidades en la materia y aunque Mercosur no cuenta con un sistema de protección propiamente dicho, el Estado venezolano no podrá evadir el cumplimiento de ciertos compromisos sobre derechos humanos en el nuevo bloque, si quiere conservar un mínimo de formas democráticas, cada vez menos evidentes.
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