En los próximos días Venezuela pasará a ser Estado Parte del proceso de integración Mercosur. Desde el año 2005 nuestro país solicitó su ingreso y se mantenía como Estado Asociado debido a la oposición que realizó durante varios años el senado brasileño y la persistente resistencia del senado Paraguayo.
Los dos parlamentos afirmaban que el gobierno venezolano tenía una política sobre los derechos humanos contraria a los postulados del proceso de integración. Tras el Golpe de Estado en Paraguay y su expulsión transitoria de ese bloque regional, Argentina, Brasil y Uruguay dieron el visto bueno a nuestro país. Nos complace el ingreso como Estado Parte.
En el año 2009 en conversación directa con el Senado Paraguayo expusimos lo inconveniente que era se obstruyera el ingreso de nuestro país. Consideramos en esa oportunidad y lo afirmamos ahora que como Estado Parte habrá mayor posibilidad de controlar y exigir al gobierno del presidente Chávez un comportamiento democrático en materia de derechos humanos.
Son varios los desafíos que tendrá que afrontar el gobierno.
El primero de ellos sin duda está relacionado con la afirmación que denunciará la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y se retirará del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. ¿Empezará contrariando totalmente las obligaciones de las normas dictadas por Consejo del Mercado Común órgano superior cuyas decisiones son de carácter obligatorio?
La Decisión 17/05 denominada Protocolo de Asunción sobre Derechos Humanos del MERCOSUR obligatoria para los Estados Partes y de ingreso directo al ordenamiento jurídico de nuestro país reafirma los principios y normas contenidas en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos regionales de derechos humanos, así como en la Carta Democrática Interamericana. Es decir, el Protocolo da pleno reconocimiento a la Convención Americana.
El Protocolo establece una relación directa entre Derechos Humanos y Democracia. En tal sentido define que la vigencia del orden democrático constituye una garantía indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es nuevamente reafirmada en la Decisión 25/08 denominada “Acuerdo entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados sobre Cooperación Regional para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad”
En el año 2004 el presidente Chávez suscribe La Declaración Sobre Derechos Humanos en el Mercosur. En esa Declaración los presidentes de los Estados Parte y Asociados asumen el compromiso de continuar con el proceso de fortalecimiento y perfeccionamiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Venezuela ingresará al Mercosur en momentos en que la Fiscal General de la República ha puesto en duda continuar obligados con la Corte Penal Internacional. Pues bien en 2004 los presidentes de los Estados del Mercosur incluyendo al presidente Chávez suscribieron la Declaración Presidencial sobre Compromiso del Mercosur con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En esa declaración dan un gran valor a la Corte expresando que reafirman su compromiso a favor de los principios de derecho internacional, señalando que la entrada en vigor del Estatuto de Roma representa un avance de la comunidad internacional para poner fin a la impunidad de los autores de crímenes contra la humanidad tipificados en ese instrumento.
El primer gran desafío por lo tanto que tiene el gobierno venezolano es respetar todo lo ya decidido y acordado por los órganos del Mercosur en materia de Derechos Humanos y Democracia y lo ya normado es incompatible con una posible denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El segundo desafío es asumir que hay decisiones del Consejo del Mercado Común que entran directamente al ordenamiento jurídico del país ¿se cumplirán esas decisiones o se argumentará que violan la soberanía del país? Y son de orden económico, político y social.
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