Lara: Reino de la impunidad

Foro Por la Vida. Covicil
 En el año 2011 los homicidios en Lara aumentaron a 853 casos, siendo este el más violento en la historia reciente del estado. La tasa de homicidio se incrementó de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1998 a un 45 por 100.000 en el 2011, un aumento del 562%.
Pero Lara no sólo registra el anterior record. En los últimos doce años ha sido la región con mayor cantidad de investigaciones a los organismos policiales y al propio poder judicial por parte de diversos organismos del país. En dos ocasiones fue intervenido el poder judicial en Lara ante los hechos de corrupción y “narco complacencia” que se dieron por parte de jueces y fiscales e, igualmente, la policía del estado y el CICPC regional fueron objeto de investigaciones.
 En las declaraciones del Juez Eladio Aponte Aponte el único caso donde este juez se declara culpable de favorecer al narcotráfico, tiene que ver precisamente con un caso ocurrido en la región en noviembre del 2005: La captura de 2.250 kilos de cocaína, por parte de la GNB en la alcabala de La Pastora, en los límites de estados Lara y Trujillo, a los integrantes de un grupo de militares encabezados por el entonces Tte. Cnel. Pedro Maggino y el mayor Héctor López Velásquez. Ante las presiones y órdenes recibidas desde las alturas del poder, todos los implicados en el caso no sólo fueron puestos en libertad, sino ascendidos hasta general como sucedió con el Tte. Cnel. Maggino. Los jueces y fiscales que facilitaron la decisión fueron elevados a cargos directivos. En el estado Lara el dominio de la impunidad policial y militar, con la abierta complicidad del poder judicial sometido al control del Poder Ejecutivo Nacional, lo mantiene como el reino de la impunidad, tal como venimos denunciando desde el Comité de Víctimas contra la Impunidad (Covicil).
El 28 de marzo del 2012 fueron condenados a 25 años de prisión cuatro policías del estado Lara responsables del homicidio de tres campesinos del municipio Urdaneta de esa jurisdicción, quienes murieron después de recibir varios disparos en la vía a Duaca, el 8 de diciembre de 2007. Las víctimas son Alberto Tovar Calderón, Frank Antonio Villegas Escobar y Wilmer Flores Tovar. En un largo juicio, el fiscal 21° Rubén Ramones, promovió 12 expertos y 16 testigos para demostrar que el distinguido Fabián Rodríguez Saucedo incurrió en los delitos de homicidio intencional calificado en grado de autor, uso indebido de arma de fuego, simulación de hecho punible y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales. Mientras que el cabo segundo Ender Querales Riera, y los distinguidos Sixto Torres Alvarado y Mayra Josefina Salazar Gil, fueron condenados como cómplices.
Esta era la cuarta masacre en la que el funcionario participaba, además de esta, participó en la de Barrio Primero de Mayo de Quibor, en la del barrio Loma de León de Barquisimeto y en la de Chabasquén en Portuguesa. Veintidós victimas dejo el accionar de este funcionario. Igualmente Mayra Salazar tuvo una participación activa en la Masacre de Loma de León. El Tribunal 6° de Juicio de Lara, condenó a los cuatro funcionarios, a cumplir la pena en el Internado Judicial de Tocuyito en Carabobo. Con estos se eleva a casi treinta el número de funcionarios de PoliLara sentenciados por los mismos delitos en los tribunales de Lara y Carabobo, sin que hasta hoy exista poder alguno en Venezuela para que los mencionados funcionarios homicidas cumplan las sentencias en las cárceles designadas.
Desde Lara, una vez más, llamamos a todos y todas a llevar adelante una campaña permanente de denuncia para lograr que las sentencias ficticias estos policías homicidas del estado Lara, así como contra otros funcionarios policiales y militares del país se cumplan como exactamente mandan las leyes del país. Se trata de estar al lado de los millares de víctimas que en Venezuela viven una situación similar. Solo hasta el 2009 pasaban de 8.000 los funcionarios policiales y militares que estaban siendo juzgados por violaciones a los DDHH, gozando la mayoría de ellos de la más total y absoluta impunidad.
El Foro por la Vida es la coalición de ONGs de DDHH de Venezuela