Provea
El
artículo 332 de la Constitución establece que “los órganos de seguridad
ciudadana son de carácter civil”. Provea apoyará toda medida que se oriente a
garantizar seguridad ciudadana siempre y cuando esté en el marco de la
Constitución. “Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada”.
En la investigación especial “15 años sobre DDHH: Inclusión
en lo social, exclusión en lo político, incluida en el Informe Anual 2012 sobre
la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela de Provea, se refleja que
funcionarios de la Fuerza Armada Nacional fueron responsables, entre los años
1997 y 2011, de 301 víctimas de violación al derecho a la vida en el país. Sólo
en el año 2012 de las 164 víctimas de violación al derecho a la vida, la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana fue responsable de 13 víctimas (8 de la Guardia
Nacional Bolivariana y 5 del Ejército). Estas cifras pudieran aumentar
dramáticamente tras el anuncio e implementación de la militarización de la
seguridad ciudadana.
Históricamente Provea, y el resto de las organizaciones de
derechos humanos del país, han rechazado la participación de funcionarios
militares en operativos de seguridad ciudadana y de control del orden público.
Como bien recordó recientemente Alfredo Ruiz, miembro de la Red de Apoyo por la
Justicia y la Paz, entre los años 1994 y 1998 se instalaron en los estados
Zulia y Apure Teatros de Operaciones donde el Ejército realizó labores
policiales, con saldos muy negativos para los derechos humanos. La sentencia
contra Venezuela por el caso “El Caracazo”, emanada por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, instaba al país a utilizar a los funcionarios militares
solamente en situaciones extraordinarias, donde hayan sido sobrepasados los
cuerpos policiales. Los miembros de las Fuerzas Armadas no han sido capacitados
para realizar este tipo de labores. Al contrario, están entrenados física y
psicológicamente para la guerra y para el exterminio del otro al que perciben
como “enemigo”.
La decisión de militarizar la seguridad ciudadana es
absolutamente contrario a la filosofía de la Misión “A Toda Vida”, la cual
promovía la necesidad de un nuevo modelo policial cuyo eje fuera el uso
progresivo de la fuerza por parte de los uniformados. Es mala señal que la
gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro se haya iniciado avalando la
tesis de la necesidad de la “mano dura” contra la inseguridad.
Enfrentar el grave y complejo problema de inseguridad
necesita del mayor de los consensos para el diseño de una política
multidimensional y democrática para revertirlo. En primer lugar teniendo la
suficiente voluntad política para reformar el sistema de administración de
justicia y atacar los altos niveles de impunidad presentes en el país, los
cuales a juicio de Provea constituyen, junto a la situación de pobreza de
amplios sectores de la población, dos de los mas preocupantes violaciones a los
derechos humanos en el país. Las políticas sociales focalizadas deben
coordinarse con otras medidas dirigidas a los problemas estructurales de
exclusión entre nosotros, asegurando el acceso universal de toda la ciudadanía
a servicios básicos, de educación y salud de calidad. Todos los ejemplos exitosos
de políticas de seguridad implementados en la región han tenido como
precondición grandes y amplios consensos entre todos los actores sociales,
económicos y políticos del país. Si el Ejecutivo Nacional ha demostrado su
voluntad de reunirse y dialogar con el sector privado para abordar la situación
de desabastecimiento alimentario, esta misma iniciativa puede y debe realizarse
para el diseño de una política de seguridad ciudadana con metas a corto,
mediano y largo plazo.
Desde Provea esperamos que no sean los previsibles excesos
de los funcionarios militares en labores de seguridad ciudadana lo que lleve a
rectificar las últimas decisiones en la materia. Por otra parte el Ejecutivo
debe garantizar, para esta y todas las áreas de gobierno, el acceso a la información
pública que permita a la ciudadanía ejercer su derecho constitucional a la
contraloría social. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores
y Justicia forma parte del grupo de 18 ministerios que no publican ningún tipo
de informe de gestión o memoria y cuenta en su portal web institucional.
Provea invita a todos y todas las interesadas en descargar
de manera gratuita su Informe Anual 2012 sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Venezuela desde su sitio web: http://www.derechos.org.ve
@_provea
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