El Foro por la Vida condena las recurrentes violaciones a la
libertad de expresión ocurridas en el último mes así como la presión por parte
de agentes del Estado en contra de periodistas y medios de comunicación, las
cuales procuran naturalizar el miedo a informar, invisibilizar las violaciones
a los derechos humanos y fortalecer la autocensura. El Foro por la Vida
considera un hecho grave el proceso judicial iniciado contra el Diario Tal
Cual, que pretende penalizar las opiniones y además inculpar a los editores y
propietarios de lo que expresan otras personas.
Espacio Público documentó desde el día 12 de febrero hasta
el 12 de marzo de 2014, 87 casos que suman 162 violaciones a la libertad de
expresión, las cuales incluyen 35 denuncias de intimidación, 30 agresiones, y
27 amenazas. En estos casos hay 127 personas afectadas que incluyen
infociudadanos, locutores, periodistas, reporteros gráficos y fotógrafos que
fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión en ejercicio de su
labor. La denuncias procesadas suman 22 detenciones, 30 agresiones, 18 robos o
hurtos, un herido de bala y una persona fallecida.
Un hecho recurrente es la persecución a las personas que
registran con equipos telefónicos celulares, cámaras fotográficas y de video, la actuación de la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y otras
fuerzas del orden público. En este contexto se arrebatan sin justificación
alguna los equipos, se borran imágenes o videos y se hurtan los instrumentos de
trabajo sin garantía alguna para las víctimas. Estos hechos procuran la
impunidad de los funcionarios militares y policiales que no quieren que se
documenten sus actuaciones y atropellos.
Los periodistas y personas que documentan potenciales
violaciones de derechos humanos cumplen un papel imprescindible para fortalecer
el escrutinio y control social de la actuación de los funcionarios y su apego o
no a las obligaciones constitucionales de respeto y protección. El atropello y
la tolerancia ante estos hechos convierte al conjunto de la institucionalidad
pública en cómplices de las violaciones a los derechos humanos que ocurren, y
de las que aplican a quienes pretenden documentarlas.
Aunado al clima de hostigamiento y violencia contra los
periodistas que implicó un aumento de las dificultades para informar sobre los
hechos, continúan las declaraciones de altos funcionarios contra los medios,
periodistas y su trabajo. Ello contribuye al clima hostil para el ejercicio de
la libertad de expresión y alienta la violencia de militares y policías contra
los reporteros.
Se mantienen mecanismos de censura, sin garantía judicial
alguna, contra portales de noticias, plataformas de comunicación basadas en
Internet y canales de televisión que se distribuyen mediante servicios de
suscripción. Las restricciones alcanzan también a las inexplicables
suspensiones en el servicio de Internet en zonas de las ciudades donde se
realizan movilizaciones de calle o en localidades enteras.
Un caso grave de judicialización criminal de la libertad de
expresión es el proceso iniciado contra el articulista Carlos Genatios por la
publicación, el 17 de enero de 2014, del articulo “Patria, socialismo o
muerte”. Esta demanda la realiza el presidente de la Asamblea Nacional y
capitán del ejército bolivariano, Diosdado Cabello, por una frase que el
artículo le atribuye: “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”.
La acusación penal privada por una presunta difamación
agravada fue introducida el 24 de enero de 2014, contra Carlos Genatios y la
directiva de Tal Cual: Juan Golia, Teodoro Petkoff, Francisco Layrisse, y
Manuel Puyana. El 6 de marzo de 2014, el Juzgado Vigésimo Noveno de Primera
Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área
Metropolitana de Caracas admitió el caso e impuso medidas cautelares contra los
acusados, que consisten en la presentación periódica en el tribunal cada 8 días
y la prohibición de salir del país sin autorización.
La juez Bárbara Gabriela César Siero admitió la demanda y
accedió a todas las peticiones del demandante. Si el proceso judicial favorece
a Diosdado Cabello, podría incluir penas de prisión de 2 a cuatro años y
sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los 635.000 bolívares que
equivalen a US$ 100.793.
La opinión de un articulista sobre una persona que desempeña
una función pública goza de la mayor protección en el ámbito de la libertad de
expresión. Si el funcionario se considera afectado el mecanismo que aplica para
resarcir el supuesto daño es una réplica, que este caso el demandante desestimó
porque su objeto era criminalizar deliberadamente a un diario crítico e
independiente.
En este caso Carlos Genatios no cometió delito alguno y si
lo hubiera hecho no puede sancionarse a editores y directivos porque ello
favorece la autocensura contra periodistas y articulistas; es decir, procura
que los medios realicen actos claramente inconstitucionales al censurar los
contenidos de sus periodistas y colaboradores.
En este sentido, los estándares internacionales de libertad
de expresión han sostenido que las figuras públicas están obligadas a someterse
a una crítica más intensa que los ciudadanos privados . De igual manera se
promueve la réplica como un mecanismo que favorece la libre circulación de las
ideas y que permite que las personas puedan seguir el debate y formarse una
opinión propia de los temas.
Por los hechos anteriormente señalados, exhortamos al Estado
Venezolano a que:
1. Respete
el derecho a la libertad de expresión, y en este sentido se abstenga de causar
agresiones, amenazas, intimidación, hostigamiento, censura, ataques o
restricciones indebidas alguna contra periodistas, reporteros, infociudadanos o
medios de comunicación.
2. Investigue
y sancione de forma expedita y adecuada las violaciones a la libertad de
expresión ocurridas.
3. Revoque
las medidas cautelares impuestas contra Carlos Genatios y los integrantes de
Tal Cual, así como también Declare Sin Lugar la acusación penal privada
iniciada en contra de estos ciudadanos.
4. Promueva
el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información plenamente,
asegurando que no se tomen represalias ni sanciones contra las personas y los
medios de comunicación en razón de sus expresiones críticas.
En Caracas, a los 12 días del mes de marzo de 2014.
Organizaciones firmantes:
Acción Solidaria
ACCSI Acción Ciudadana contra el Sida
Cáritas (Los Teques)
Centro de Derechos Humanos de la UCAB
Centro para la Paz y Derechos Humanos de la UCV
CISFEM
COFAVIC
Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal
Venezolana
Espacio Público
Justicia y Paz Caritas Los Teques
Observatorio Venezolano de los DDHH de las Mujeres
Observatorio Venezolano de Prisiones
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos
(PROVEA)
Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas