Centro de Derechos Humanos de la UCAB
Foro por la Vida
El pasado 14 de
febrero la ONU dio a conocer un nuevo comunicado exigiendo la libertad
inmediata de la Juez María Lourdes Afiuni. A los tres órganos independientes de
derechos humanos que habían hecho ya dos llamados anteriores – Detenciones
arbitrarias, Defensores de derechos humanos e Independencia de jueces y
abogados – se suman ahora otros dos que, por sus mandatos, generan una alarma
adicional, pues se trata del Relator sobre la Tortura y la Relatora sobre la
violencia contra la mujer.
“Es inadmisible que las autoridades
venezolanas no actúen con la debida diligencia para investigar los actos
perpetrados contra la Jueza Afiuni”, afirmó Rashida Manjoo, a cargo de la
Relatoría sobre la violencia contra la mujer. Y es que inadmisible es el calificativo mínimo que le corresponde a la
actitud concertada de negación y amenaza con que reaccionó el Estado venezolano
– por boca de 6 voceras, todas mujeres – ante las revelaciones hechas por la
Juez a finales de noviembre de 2012 sobre los abusos sufridos durante su
detención en el INOF.
La unánime
negativa de los hechos denunciados fue seguida de un citatorio a Afiuni para
que confirmara sus revelaciones, ante el mismo fiscal que el día anterior la
había acusado formalmente en el juicio en ausencia recién iniciado. Afiuni se negó
a prestarse al innecesario trámite, alegando que ya había presentado una
denuncia contra la entonces directora del INOF, en noviembre de 2010. Inmediatamente
después de abandonar el despacho fiscal, el Ministerio Público colocaba en su
web una nota de prensa afirmando maliciosamente que Afiuni había renunciado a
su derecho a realizar la denuncia, obviando que la misma debe ser procesada de
oficio, por haber sucedido en un recinto penitenciario y estando comprometidos
funcionarios.
Tres días
después de este citatorio, la Ministro de Servicios Penitenciarios exhortó a la
exdirectora del INOF a emprender acciones contra Afiuni en calidad de agraviada
y a mediados de diciembre Afiuni recibe en su vivienda una boleta de
notificación relacionada con la solicitud de sobreseimiento de la denuncia realizada
contra dicha funcionaria dos años antes. Es decir, se pretende sobreseer una
denuncia que nunca fue investigada y convertir a Afiuni en agraviante de sus
agresores. Inadmisible.
La juez Afiuni
cumplió el 10 de diciembre 3 años de detención, por lo que sus abogados
presentaron una moción oral en la audiencia de juicio correspondiente al día 19
de ese mes. El cálculo era simple: tres años privada de libertad; la pena
mínima del delito mayor es de tres años, por tanto, no puede seguir detenida.
Sin embargo, la titular del tribunal 17 de juicio, tras pedir un receso de una
hora para resolver, volvió a la sala para informar que decidiría en enero, sin fijar
fecha, dada la “complejidad” de la decisión. Cualquier abogado con un mínimo
conocimiento del COPP y de matemáticas, habría podido sacar la cuenta de
inmediato.
El 14 de enero
el tribunal negó la solicitud de cese de la privación de libertad, tomando como
referencia una decisión de la Corte de Apelaciones que toma como base de
cálculo un delito inexistente, con una pena mínima de cinco años, en vez de los
tres que realmente corresponden. Se trata de un error judicial inexcusable que
la titular del tribunal 17 despachó con un sencillo “pueden apelar”. De nuevo,
inadmisible.
A los ojos de la
comunidad internacional, Afiuni se ha convertido en un ícono de la lucha por la
independencia de la justicia. Condenada en cadena nacional de radio y TV en
franca violación del principio de presunción de inocencia, ultrajada por sus
carceleros, con una precaria salud, mantenida arbitrariamente en detención por
un error judicial inexcusable y sometida a un inconstitucional juicio en
ausencia donde, curiosamente, todos los testigos han dado fe de la legalidad de
la decisión que la mantiene prisionera.
Va a resultar
muy difícil para el Estado venezolano defender sus acciones y omisiones en el
caso Afiuni en una próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos del cual
ahora forma parte. Ya son cinco los expertos que exigen la libertad inmediata e
incondicional de Afiuni.
¿Hasta cuándo
Afiuni, Presidente?
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